El Gobierno conservador francés se dispone a endurecer aún más la legislación para controlar los flujos migratorios con una ley que refuerza las obligaciones de integración y de control de la lengua francesa para los demandantes de la reagrupación familiar, como prometió el presidente, Nicolas Sarkozy.
Este proyecto de ley, de 14 artículos, va a ser enviado hoy al Consejo de Estado por el ministro de Inmigración, Integración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux, según informó este martes el diario Le Figaro, que dice tener una copia del texto.
La nueva ley, que será una de las primeras que se debatirán este verano en la Asamblea Nacional (cámara de diputados) salida de las elecciones legislativas del próximo domingo, endurece los requisitos para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes legales.
El texto prevé que para autorizar el reagrupamiento el demandante deberá justificar unos ingresos más elevados que los exigidos hasta ahora, y serán equivalentes o superiores al salario mínimo (unos 1.200 euros brutos mensuales) en función del tamaño de la familia.
Los extranjeros que soliciten entrar a Francia por reagrupamiento familiar deberán superar, por su parte, una prueba en su país de origen sobre su nivel de conocimiento del idioma y de los valores republicanos franceses.
Ese proyecto de ley crea además un “contrato de acogida y de integración para la familia” del demandante que obliga a los padres a favorecer “la buena integración de sus hijos recién llegados a Francia” y, si no se respeta, un juez para menores podría dictaminar la confiscación de ayudas públicas de las que pudieran beneficiarse.
Hortefeux confirmó el pasado jueves su voluntad de disminuir la inmigración por reagrupación familiar para favorecer, por contra, la de carácter económico, que actualmente representa sólo el 7% de los flujos migratorios hacia Francia.
La exigencia de tener un cierto conocimiento de la lengua francesa se extenderá además a los demandantes de un permiso de residencia en Francia de tipo “vida privada y familiar”, los cuales son generalmente inmigrantes ilegales en trámites de regularización.
La futura ley transfiere al nuevo ministerio de Hortefeux las competencias sobre la Oficina Francesa de Refugiados y Apátridas (OFPRA), que depende ahora del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se trata de dar coherencia y unidad a la política de inmigración y reagrupar las competencias en esta materia en un único ministerio, ya que actualmente está repartida en Exteriores, Interior, Empleo y Justicia.
La creación del ministerio que dirige Hortefeux fue uno de los compromisos estrella de Sarkozy en la campaña de la Presidenciales.
Encargado de poner en marcha el concepto de “inmigración escogida”, el ministerio de Hortefeux debe definir las cuotas anuales de inmigrantes por categorías laborales, endurecer las condiciones del reagrupamiento familiar, entre otras tareas.
Esta nueva ley supondrá un nuevo giro de tuerca en la legislación francesa para el control de la inmigración legal, tras las leyes aprobadas en noviembre de 2003 y julio de 2006 cuando Sarkozy era ministro de Interior, así como la impulsada en 2003 por el ex primer ministro Dominique de Villepin sobre el asilo