Los sabotajes a las líneas de tren de alta velocidad enrarecieron este miércoles el ambiente del octavo día de huelga en los transportes públicos, precisamente cuando empezaban las negociaciones que brindan la esperanza de acabar con una protesta que exaspera a los usuarios y pesa en la economía francesa.
Los “actos de sabotaje coordinados”, según el calificativo de la compañía ferroviaria SNCF, ocurrieron “simultáneamente” de madrugada en todas las líneas de alta velocidad que salen de París: la del Este, la del Atlántico, la del Norte y la del Sureste.
La quema de cables de la señalización y la inutilización de conmutadores obligaron a circular al ralentí a algunos convoyes y a desviar por las vías convencionales a otros, con lo que los TGV (trenes de alta velocidad, programados 400 de los 700 que circulan diariamente) tenían esta tarde entre 45 minutos y cuatro horas de retraso.
El Gobierno tuvo palabras muy duras para estos hechos, que son objeto de investigación, pero las más subidas de tono se las reservó el primer ministro, François Fillon, que ante la Asamblea Nacional no dudó en hablar de “actos criminales” y anunciar “sanciones muy severas” para los responsables.
Fillon denunció que si los autores de estos sabotajes “han creído poder interrumpir así la negociación en la SNCF”, esta “estrategia irresponsable hace más necesaria” aún esta concertación.
Los sindicatos que siguen manteniendo la convocatoria de huelga también condenaron los incidentes, conscientes de la impopularidad de su protesta contra los regímenes especiales de pensiones: una encuesta publicada este miércoles por Le Figaro elevaba al 68% la proporción de franceses que la considera injustificada y un 69% quiere que el Gobierno se mantenga firme.
La Confederación General de Trabajadores (CGT), gran protagonista del paro y clave para su eventual resolución, se apresuró a declarar “inadmisibles” los sabotajes, que atribuyó a “cobardes” y “destinados a desacreditar” a los trabajadores de la SNCF.
La CGT lanzó públicamente la cuestión de a quién benefician estos sabotajes -estos últimos días ya se habían registrado incidentes de ese tipo pero de carácter aislado-, cuando se abrían las negociaciones en la SNCF y en la empresa de transportes metropolitanos de París, RATP, a tres bandas, entre empresas y sindicatos, en presencia del Gobierno.
El Ejecutivo había cedido y aceptado que esas conversaciones se iniciaran sin que se cumpliera su condición inicial de que previamente tendrían que haber cesado los paros, con la esperanza de que poner a todos los actores en torno a una mesa cerrara el ciclo de los paros, que cada día afectan directamente a millones de personas en sus desplazamientos.
El presidente de la RATP, Pierre Mongin, dijo estar “satisfecho del carácter constructivo” del primer encuentro, que se prolongó durante cuatro horas, porque ha permitido fijar un método de trabajo, y sentenció que “ya no hay ninguna razón en estas condiciones para prolongar la huelga actual”.
Su homóloga en la SNCF, Anne-Marie Idrac, había tratado de crear un clima favorable asegurando que no sería “tacaña” a la hora de hacer propuestas.
Pese a eso y a una nueva reducción del porcentaje de huelguistas, según las empresas (22,8% en la SNCF tras el 27% del martes, y el 16,4% en la RATP tras el 18,4%), mañana se anunciaba una novena jornada consecutiva de paro.
Es cierto que aumentará el número de trenes y de servicios en el transporte metropolitano en París, pero la situación seguirá estando lejos de lo normal con 583 de los 700 trenes de alta velocidad, entre la cuarta parte y un tercio de los metros en París y un tráfico casi nulo en los ferrocarriles de cercanías.
El Gobierno es el que ha fijado el marco negociador, del que había excluido los tres puntos básicos de su reforma de los regímenes especiales de pensiones, empezando por la prolongación del periodo de cotización que da derecho a una pensión completa desde los 37,5 años actualmente hasta 40 años.
El proceso tiene un límite de un mes y las direcciones de las dos empresas han avanzado los temas en los que puede haber concesiones, como las modalidades para alargar las carreras, compensaciones financieras o sistemas complementarios de pensiones.
En las empresas energéticas EDF y GDF, donde sus trabajadores también cotizan para los regímenes especiales, las direcciones han hecho gestos para intentar cerrar acuerdos al aceptar para el año próximo un aumento del 15% de la partida dedicada a los salarios con respecto a 2007, esencialmente con mejores retribuciones para los jóvenes y para equilibrar los sueldos de hombres y mujeres.