Todo (o casi todo) Rajoy

Los independentistas catalanes han presentado al Parlament una propuesta de resolución para poner en marcha la “’desconexión democrática’”. Están, por supuesto, en su derecho a proponer lo que quieran, pero creo que se pasan al considerarse legitimados por la voluntad del pueblo de la que se consideran ejecutores; con olvido de que si bien es cierto que la suma de Junts pel Sí y la CUP les dio mayoría de escaños, también lo es que no obtuvieron el apoyo de la mayoría de los votantes. Ya la semana anterior, tras ser elegida presidenta del nuevo Parlament, Carme Forcadell acabó su primer discurso institucional con un viva a la “República Catalana” nada respetuoso con la imparcialidad que le exige el cargo. 

Hace cinco años viví en Barcelona las primeras elecciones catalanas tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, origen de esta nueva edición del conflicto catalán. Esto es lo que viene a decir la propuesta de resolución: después de reiterar su condición de depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, “’este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum’”. Escribí entonces en este mismo periódico que los catalanes parecían haber alcanzado respecto a España el punto de no retorno y resumí su estado de ánimo con lo que alguien llamó “cansancio de España”, que había hecho presa incluso en muchos que no querían la ruptura. La sentencia fue un duro palo para quienes en Cataluña seguían trabajando por impulsar la democracia española en dirección a la mayor integración territorial de las distintas nacionalidades. Un legado de quienes lucharon contra la dictadura y ayudaron a tirar del carro de la Transición. Ellos, los catalanes, habían alentado las reformas estatutarias como paso necesario para esa integración. Téngase en cuenta que el Estado de las Autonomías se concibió como el punto de partida de un futuro Estado federal, una de las razones por las que el PP, entonces Alianza Popular, se negó a apoyar y votar la Constitución y hasta hizo campaña en contra. No deja de tener su coña que ahora sean los peperos quienes tienen todo el santo día la Constitución en la boca; como un mantra, los muy pesados.

Quienes veían la solución del problema de la integración territorial mediante el desarrollo autonómico en dirección federal quedaron literalmente con las nalgas al aire ante la entonces minoría independentista y con la fuerte sensación de haber hecho el canelo. Sabían que el enemigo de su proyecto era el PP y de ahí que pusieran especial cuidado en seguir a rajatabla el procedimiento legal a que debían atenerse las reformas estatutarias. Así, el primer borrador fue debatido y “descargado” primero en el Parlament y tras su aprobación con las correspondientes correcciones, fue remitido a las Cortes españolas que lo sometieron a otro buen afeitado con el que fue devuelto a Cataluña donde se le sometió a referéndum. Poco quedaba del contenido de máximos pero eso importaba poco al PP que siguió adelante con su recurso ante el Tribunal Constitucional, donde se había procurado una mayoría conservadora de jueces afines que dictó la referida sentencia de junio de 2010 reduciendo aún más el Estatut tan laboriosamente elaborado. Aunque lo peor de la sentencia fuera una especie de introducción o de exposición de motivos que los catalanes consideraron vejatoria y que era una manifestación de apoyo del Constitucional a la política del PP, lejos de la imparcialidad con que deben operar los jueces.

La sentencia tuvo tal impacto en la opinión pública catalana que el separatismo comenzó a remontar desde las esquinas de calles recoletas hasta llegar al punto en que lo vemos hoy en el antiguo arsenal de la Ciudadela, sede del Parlament y en el palacio de la Generalitat, en la plaza de San Jorge. En ese ascenso se llegó al punto de solicitar la celebración de un referéndum con el correspondiente “no” del Gobierno, la esperpéntica votación organizada por Artur Mas en su sustitución y a las últimas elecciones autonómicas a las que los independentistas quisieron darle carácter de referéndum. Se trataba de sumar los votos de soberanistas e independentistas frente a los que obtuvieran los unionistas, lo que tuvo la virtud de poner aún más de manifiesto que mientras los secesionistas tenían un proyecto y una estrategia en la que habían previsto los pasos a dar, el Gobierno central se limitaba a adornar los “no” sistemáticos con retóricas invocaciones al imperio de la ley, a no sé qué democracia y amenazas sin concretar; aunque el ministro de Defensa, Pedro Morenés, al asegurar que las fuerzas armadas no intervendrían si todo el mundo cumplía la ley, dio pie a sospechar que la idea de recurrir cuando menos a la Guardia Civil flota en el ambiente de La Moncloa. Esta intervención se produciría, imagino, de aplicarse por último el artículo 155 de la Constitución, extremo al que no quiere llegar Rajoy, según ha dicho...

Ni qué decir tiene que el Gobierno, sus voceros y bocazas arremetieron contra el intento de convertir en referéndum unas simples elecciones autonómicas. Desde luego no les faltaba razón por más que la empañara la negativa a que se celebrara un referéndum de verdad. Estaba claro que de los resultados de la votación no podían deducirse consecuencias legales, si bien no por eso dejarían de indicar, oficiosamente pudiera decirse, cómo andaba el patio. En definitiva, las mayores tracas contra el pretendido referéndum fueron del PP y recorrieron todos los registros, desde la burla al insulto, pasando por sesudos artículos de los que algunos ponían el dedo en la llaga pero se perdían en la escandalera de la derechona, la de indio bueno, indio muerto. Por eso sorprendió que fueran precisamente ellos, los populares, quienes primero se lanzaron, resultados en ristre, a proclamar que la mitad de la población catalana quería seguir siendo española, lo que consideraban un fracaso de los independentistas; con tal ausencia de autocrítica que no advirtieron, sensu contrario, que podría considerarse también un fracaso españolista que la otra mitad de los votantes estuviera por la secesión. Toda una alegoría del fracaso de España como país que comienza a prefigurarse porque como no se le encuentre salida al problema, ya enquistado, perderán las dos partes.

Sin duda, las cosas no son tan simples para reducirlas a la existencia de dos mitades, aunque existan claras diferencias de opinión que, seguramente, en cualquier otro lugar hubiera provocado serios enfrentamientos. En Cataluña, sin embargo, se han sucedido en momentos de tensión grandes concentraciones de masas sin incidentes y en un clima festivo. Una característica del comportamiento catalán que debería llamar más la atención y que algunos consideran una manifestación más del famoso seny, nunca definido del todo. En este caso quizá tenga que ver seny con la prudencia y la sensatez al actuar, el no dar un paso antes del otro y prever en todo momento los efectos y consecuencias de cada avance hacia el objetivo. La forma en que se ha desarrollado el presente capítulo del conflicto secular parece indicar algo de eso pues cada posicionamiento de Rajoy (o sea cada “no”) tuvo su respuesta. Da la sensación de que mientras los independentistas operan de acuerdo con un plan, el Gobierno va ciego y a rebufo. De ahí que se señale irónicamente a Rajoy como el mejor jefe de campaña de Mas, que es no menos objeto de burla: comienza a circular la especie de que Artur Mas no es, ni mucho menos, el inspirador de la estrategia secesionista y de ahí que lo consideren prescindible. Prefirió el PP, por su parte, llenarse de balón, que dicen los futboleros del que desperdicia una oportunidad por apresurarse, y colgarle a Mas el fracaso de la secesión como si fuera cosa poca que solamente esté por la independencia la mitad de la población.

Entre las conclusiones a que puede llegarse figura que Rajoy no midió bien la revoltura catalana. Todo parece indicar que no creyó necesario fijar una estrategia y vio contraproducente abrir vías de diálogo con los líderes rivales para impedirles salir en la foto de su éxito a costa de los catalanes. Hasta el extremo de que ni siquiera reaccionó desde el primer momento ante el desafío secesionista que supone anunciar la puesta en marcha del proceso que instaure la República catalana independiente. Fue Pedro Sánchez quien tuvo que telefonearle y plantearle una acción conjunta de todos los partidos para afrontar la situación. Bueno, de todos los partidos, menos de Podemos porque, comprenderán, tampoco es cosa de arrimar los intereses electorales y ahí está Pablo Iglesias jurando hasta en hebreo que en ningún caso apoyará al PSOE. Aunque Rajoy decidió recibir a Iglesias en La Moncloa, pues, al fin y al cabo, que Podemos saque pecho no afecta a su electorado sino al de Sánchez. La obsesión electoral es para esta gente como el sexo para los adolescentes faltos. A los que le vaya la marcha, claro.

Comparaciones odiosas, electoralismo

Rajoy se ha equivocado al abordar, es un decir, el problema catalán. Ha ido acumulando errores que, en realidad, no son de nueva planta sino repetición de los que “enriquecen” la historia secular de las relaciones de Cataluña con la España centralizada que viene a ser la punta de lanza del problema sin resolver de la integración territorial del país; justo el único que pervive de los cuatro con que se inició el pasado siglo XX. No se trata, pues, del problema catalán sino del de España que no consigue zafarse totalmente del centralismo que le impide reconocerse como el Estado plurinacional en que debería constituirse por razones de su estructura histórica. Tan poderoso es el influjo del centralismo que existen serias dificultades para concebir la unidad de España de manera distinta; como un Estado federal, por ejemplo, al que se presenta como sinónimo de desorden y desunión, de caos en definitiva, a despecho de que no son pocos, precisamente, los Estados del mundo a los que el federalismo ha aportado el mecanismo de su unidad.

Antes indiqué que el Estado de las Autonomías español fue concebido como el embrión de un futuro Estado federal en el que, con el tiempo, se ha visto que no creía ni siquiera el PSOE a pesar de presumir de su organización federal. Da la impresión de que las urgencias constituyentes de la segunda mitad de la década de los 70 llevaron a darle al invento unas manitas que contentaran a los vascos y a los catalanes que desde los días de la clandestinidad antifranquista habían adquirido peso en todo el país. Ha tenido que venir la actual crisis, que ha derivado en política e institucional, para que comience a hablarse de reforma de la Constitución, incluso de la elaboración de una nueva que para mucha gente debería tener una orientación federal, es decir, rematar el Estado de las Autonomías con una organización estatal integradora. Algo que seguramente se habrá olvidado pasadas las fiestas de Navidad.

Es evidente que Rajoy y el PP no están por la labor, lo que no deja de ser una nueva muestra de hasta qué punto no han entendido que cuando los jóvenes políticos recuerdan que ellos no votaron la Constitución en 1978, no lo hacen en sentido cronológico sino en nombre de un país que ya no es aquel, dicho sea con permiso de Raphael. Y si eso es así respecto a la España del 78, ya me contarán si nos remontamos siglos y comprobamos que el anticatalanismo españolista ya empleaba las expresiones y discursos y adoptaba las actitudes que, mutatis mutandi, advertimos hoy en el PP y la derechona en general. A veces incluso literalmente. No parecen haber entendido que, sin ser catalanistas, inmigrantes hay identificados con reivindicaciones que les afectan por cuanto viven y trabajan en Cataluña. Esto implica a la larga, pienso, la aparición de nuevos líderes que obligarán al catalanismo a dejar de ser un movimiento exclusivo de la burguesía y a adoptar otras formas en el seno de una sociedad ya de por sí extremadamente compleja y reacia a someterse al simplismo de los prejuicios anticatalanes que datan por lo menos desde el siglo XVII.

Dado que parece fuera de toda duda que en su visión de Cataluña primaba en Rajoy el electoralismo, nada sorprende que no tuviera en cuenta las mutaciones apenas esbozadas en los párrafos anteriores y pensara que ponerse duro con los catalanes haría que los charnegos oprimidos vieran en el PP la libertad y se lanzaran a votarle de mala manera. Vinieron así los primeros leñazos electorales sin que se produjeran cambios en el enfoque de Rajoy que contaba, también, que con semejante enfoque lo que retrocediera lo compensaría con creces en otras comunidades. Sería interminable la relación de indicios que debió advertir Rajoy ates de llegar a la propuesta última de “desconexión democrática”.

Lo que no quiere decir que no estemos ante una de las tantas barbaridades a que llega con frecuencia un nacionalismo despendolado que pone el sentimiento por delante de la razón y no parece consciente de estar jugando con fuego. Quizá sea oportuno recordar que el déficit democrático que se le imputa a la UE tiene que ver con el intento de sustraerla a los nacionalismos que estuvieron en el origen de dos guerras europeas; mundiales, nada menos. Los padres de Europa crearon primero la Confederación Europea del Carbón y el Acero (CECA), sector que se prestaba poco a los flatos nacionaleros y el mismo criterio siguieron con el primitivo Mercado Común, puesto en manos de técnicos para evitar en todo lo posible injerencias políticas nacionalistas. El resultado es una Europa dominada por la deshumanización tecnocrática que encuentra un buen caldo de cultivo en el neoliberalismo. No sorprende, por tanto, que sea en esta franja de pensamiento político, el nacionalismo, donde han anidado con mayor claridad las corrientes antieuropeístas.

En ocasiones se ha comparado Cataluña con Quebec y Escocia. Sin tener en cuenta que la comparación no puede ir más allá del distinto talante de los gobiernos canadiense y británico respecto a esas reivindicaciones, sometidas, sin mayores problemas, a los correspondientes referéndums, el que en España se impidió. Las historias de Quebec y Escocia no se parecen a la catalana; y es para nota que se añada a Kosovo, que traía sobre sus espaldas todo un conflicto bélico. Tampoco cabe la comparación con una colonia tradicional. Ni es Cataluña una especie de Egipto redivivo que mantiene esclavizados a los inmigrantes como si fueran hijos de Israel; de los del Antiguo Testamento.

Al impedir el referéndum se perdió la oportunidad de zanjar la cuestión, al menos en opinión de quienes daban por seguro que el resultado hubiera sido a favor de la permanencia. Pero además del sentido de autoridad franquista, que sigue estando en el ADN pepero, interesaba a Rajoy lucir a efectos electoreros una apariencia de firmeza en la defensa del imperio de la ley, de la España Una y Grande y de una Constitución que poco ha respetado. No quería zanjar la cuestión pensando, seguramente, que todo acabaría con alguna concesión económica sin necesidad de recurrir a los otros partidos para que le echaran una mano. Idea que parece haber abandonado al anunciarse que habrá colaboración para afrontar la cuestión, como ya dije. Esperemos a ver.

Inaugura, que algo queda

Cambiando de tercio auque no de personaje diréles que el pasado 26, Mariano Rajoy convocó oficialmente las elecciones generales para el 20-D. El presidente, ya saben, estiró cuanto pudo el tiempo para tratar de mejorar la imagen del PP, lo que le ha llevado a alguna que otra columpiada. Así, el pasado viernes 23 acudió a inaugurar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), del Ministerio de Justicia. El nuevo organismo se ocupará de investigar el patrimonio de los corruptos y de recuperar el fruto de sus actividades delictivas. Como muy electoralmente dijo Rajoy, se trata de “que ningún delincuente disfrute de lo que ha robado”. Salvo que se trate de un amigo, como sospecha más de uno.

Hasta aquí todo bien. Recibió al presidente el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y tocó explicarle el funcionamiento de la Oficina a Isabel Tarazona, llamada a ser su directora, si bien en el momento de la visita aún no se había publicado en el BOE la creación del organismo ni el nombramiento de Tarazona; ni siquiera tiene el ORGA funcionarios adscritos de modo que tuvo que calmar Rajoy el mono inaugural con unas dependencias en las que solo había tres mesas y sus sillas. A lo que se ve, carecen los populares de gente imaginativa capaz de echar mano de esas agencias que contratan público para los programas televisivos.

La anécdota tiene que ver con el hecho de que justamente el día de autos, el viernes 23 p.p. (próximo pasado, aclaro), fue el último antes de las elecciones en que pueden hacerse legalmente inauguraciones. Y como una de las bazas de la campaña electoral pepera es su encarnizada lucha y dos piedras contra la corrupción, era obligado materializarla en la tal oficina.

Y ya metido en bola voy con la rueda informativa en que comunicó Rajoy oficialmente la fecha electoral del 20-D y anunció, solemnemente, que no intentará formar Gobierno si no gana las elecciones; lo que no sé si es un aviso al electorado de que lo dejará huérfano de su querida presencia si no se retrata votándole; o si fue una advertencia a los dirigentes del partido para que se dejen de discusiones y boberías y peguen a batallar por la causa. El temor a perder lo que se daba ha desatado nervios e incertidumbres y provocado tensiones con los líderes regionales que rajan lo suyo de más de un ministro, entre los que destaca, por acumulación de maldiciones aunque sin superar todavía la plusmarca de Wert, hoy felizmente apartado. Es el síndrome de los avisos señalados por el cenizo de Aznar. Entre los tales avisos figuran las elecciones autonómicas, las catalanas, las andaluzas en la que sigue el PP maldito y se da por descontado que en las generales de diciembre sacarán 40 ó 50 escaños menos. Quienes temen quedar fuera no se han estado quietos por lo que la imagen de solidez del partido se tambalea y por eso, para evitar que salga a la luz la lucha interna, se han aplazado los congresos regionales y aparece el PP sin líderes potentes al menos en diez autonomías. No obstante, las encuestas lo señalan como el partido más votado.

¿España va bien?: la tomadura de pelo

Entre las cuestiones que se debaten ahora mismo figura si España ha superado ya la crisis, si está en camino de superarla o qué. En cualquiera de los casos habría que precisar primero de qué España se habla porque, la verdad, nada tiene que ver la esperanzada, triunfadora y ya cuasi boyante de que hablan Rajoy y el PP con la otra, la del común de los ciudadanos. A esta le dijo el presidente el otro día que su política económica había creado un millón de puestos de trabajo y aconsejó a los que no hayan podido hacerse con uno a no desesperar ni perder la confianza de que le toque en el próximo sorteo. Con pocas resultas si nos fijamos en la escasa trascendencia del happening conservador en que Merkel saludó a Rajoy precisamente como el hombre del millón de empleos nuevos. Entre quienes vinieron a España a cantar las excelencias rajoyanas figuraban Silvio Berlusconi, el húngaro Viktor Orban, Sarkozy y algún otro que no recuerdo o contribuyó precisamente a darle realce al despliegue de los conservadores europeos en apoyo de Rajoy. Realmente no produjo el impacto que seguramente esperaban los peperos.

Entre las opiniones encontradas acerca de cómo va España parece haber acuerdo en que las cosas han mejorado algo. Las divergencias empiezan cuando el PP exagera la mejoría y se vanagloria del acierto de su política económica ante quienes invierten los términos y hablan de la gloria vana de adornarse con plumas ajenas pues consideran que la mejoría, además de ser muy limitada, se debe al abaratamiento del petróleo y a la fuerte inyección de dinero por parte del Banco Central Europeo. Algunos organismos internacionales indican que España ha salido de la UVI pero le queda un largo periodo de tiempo para poder asegurar que la crisis ha pasado. Hay avisos para todos los gustos y el último fue el de la Comisión Europea al no aceptar los presupuestos 2016 por considerarlos demasiado optimistas. Y sobre todos ellos se alza Merkel, ya digo.

Ante tantas opiniones encontradas, mejor es valorar la situación a partir de los datos con incidencia directa e inmediata en la vida de la gente, o sea, en el paro como principal preocupación pues de tener o no tener trabajo, un trabajo digno se entiende, depende todo lo demás.

La Encuesta de Población Activa (EPA) es buena guía y resultaría divertida si no indignara tanto la forma en que la manipula el Gobierno. Sería el caso de la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2015. Están privadísimos los peperos porque la tasa de desempleo la han reducido hasta el 21,08% y no sé, la verdad, si han recibido órdenes de sobreactuar o es que se lo creen todo porque resulta que la tasa de desempleo que recibieron de Zapatero fue del 21,28%. No pretendo, Dios me libre romper lanza alguna por el ex presidente socialista sino poner de manifiesto que han necesitado los peperos cuatro años machacando a los españoles medios para volver al mismo sitio del que partieron; por mucho que se empeñen en hacer de esa reducción tremenda proeza. A lo mejor no les echaríamos en cara el engaño sino fuera por los casi cuatro años que llevan rajando de Zapatero, al que culpan de la crisis mundial y ese largo etcétera que ya saben. Todo para seguir en el mismo sitio. Como en una bicicleta estática.

La tasa de desempleo es casi la misma, como digo, pero no la única manipulación: la EPA del tercer trimestre de 2011, el último de Zapatero, recuerden, registró 4.978.300 desempleados y en el mismo periodo de este año de 2015 aparecen 4.850.800, o sea, 127.500 parados menos en cuatro años. A unos les parecerá una cifra aceptable y a otros no. Por eso, conviene tener en cuenta que en septiembre de 2011, último mes de su tercer trimestre, había 18.156.300 personas activas por 18.048.7000 en septiembre de 2015, es decir, 107.600 personas menos trabajando; un claro descenso de la población activa. Estas cifras explican que, a pesar de la obsesión pepera por atribuir todos los males a la administración socialista y convencer a los electores menos avisados de que Rajoy o el caos, Luis de Guindos, ministro de Economía, evita cuidadosamente las comparaciones con la etapa de Zapatero y solo relaciona los nuevos datos con los de Rajoy. Una forma de preservar su prestigio profesional sin engañar pero colaborando al engaño.

Si quieren más elementos de comparación, no tienen sino que echarle un vistazo a las condiciones de las ofertas de trabajo, la forma en que crece la desigualdad en España, el hecho de que no por tener trabajo se sale de la pobreza, a la precariedad de los empleos que impiden hacer planes de vida y ese largo etcétera en el que figura la brutal devaluación de los salarios que se observa, por ejemplo, en la Tesorería de la Seguridad Social. Me pregunto dónde estarán dentro de diez o quince años los millones de jóvenes españoles hoy atrapados en un sistema que profundiza las desigualdades. Poco se dice de ese futuro.

Los independentistas catalanes han presentado al Parlament una propuesta de resolución para poner en marcha la “’desconexión democrática’”. Están, por supuesto, en su derecho a proponer lo que quieran, pero creo que se pasan al considerarse legitimados por la voluntad del pueblo de la que se consideran ejecutores; con olvido de que si bien es cierto que la suma de Junts pel Sí y la CUP les dio mayoría de escaños, también lo es que no obtuvieron el apoyo de la mayoría de los votantes. Ya la semana anterior, tras ser elegida presidenta del nuevo Parlament, Carme Forcadell acabó su primer discurso institucional con un viva a la “República Catalana” nada respetuoso con la imparcialidad que le exige el cargo. 

Hace cinco años viví en Barcelona las primeras elecciones catalanas tras la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, origen de esta nueva edición del conflicto catalán. Esto es lo que viene a decir la propuesta de resolución: después de reiterar su condición de depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, “’este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia a raíz de la sentencia de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum’”. Escribí entonces en este mismo periódico que los catalanes parecían haber alcanzado respecto a España el punto de no retorno y resumí su estado de ánimo con lo que alguien llamó “cansancio de España”, que había hecho presa incluso en muchos que no querían la ruptura. La sentencia fue un duro palo para quienes en Cataluña seguían trabajando por impulsar la democracia española en dirección a la mayor integración territorial de las distintas nacionalidades. Un legado de quienes lucharon contra la dictadura y ayudaron a tirar del carro de la Transición. Ellos, los catalanes, habían alentado las reformas estatutarias como paso necesario para esa integración. Téngase en cuenta que el Estado de las Autonomías se concibió como el punto de partida de un futuro Estado federal, una de las razones por las que el PP, entonces Alianza Popular, se negó a apoyar y votar la Constitución y hasta hizo campaña en contra. No deja de tener su coña que ahora sean los peperos quienes tienen todo el santo día la Constitución en la boca; como un mantra, los muy pesados.