Los técnicos del Gobierno de Canarias no repararon en las supuestas irregularidades de la bodega Stratvs “por volumen de trabajo”

“La Consejería de Política Territorial tenía en 1998 más de 1.200 expedientes sin resolver y el gran objetivo de aprobar una Ley de Ordenación”. El exjefe de Ordenación Urbanística del área de Política Territorial del Gobierno de Canarias y acusado en el caso Stratvs, Faustino García Márquez, ha justificado de esta forma que se firmaran informes favorables a la edificación de la bodega a pesar de que el proyecto contuviera supuestas irregularidades, de acuerdo con el Ministerio Fiscal representado en este juicio por Elena Herrera, al no incluir entre otras cuestiones la titularidad de las fincas en cuestión.

Este argumento ha sido suscrito tanto por Armando Villavicencio, que también dirigió el Servicio de Ordenación Urbanística de la Consejería, como por Juan César Muñoz, exdirector general de Urbanismo. Los tres, representados por la letrada de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional.

En este contexto, el Ministerio Fiscal quiso saber por qué, con tanto volumen de trabajo, en cuestión de días se resolvió la petición relacionada con el proyecto. “No lo sé, fue un expediente que pasó desapercibido para mí totalmente”, apuntó. Para el exdirector general de Urbanismo, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional porque “no existen elementos suficientes para sostener la acusación contra él”.

Los tres acusados contradijeron una de las líneas principales en las que su defensa centró el discurso en la sesión inaugural del juicio,y afirmaron que en el momento en el que comenzó a planificarse la construcción de la bodega, La Geria estaba ya calificada como Espacio Natural Protegido. Por su parte, García Márquez aseguró que uno de los motivos por los que se autorizó la obra fue porque no provocaba afección al paisaje, al tratarse de un proyecto bajo rasante. “Recibimos proyectos de otras bodegas que eran visibles y las rechazamos”, aseveró.

El Ministerio Fiscal también preguntó a los técnicos acerca de lo que recoge el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) sobre la compatibilidad de la conservación de los espacios protegidos con el desarrollo de una industria vitivinícola. A esto, los acusados respondieron que el proyecto incluía únicamente la rehabilitación de una casa para crear una bodega.

En cuanto a la notificación de la resolución del informe, García Márquez mantuvo que no era habitual que se informara desde la Consejería a la promotora del proyecto, en este caso Piedad del Río, la pareja del arquitecto de la bodega Stratvs y acusado Miguel Ángel Armas Matallana. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que, a pesar de que no fuera notificada, la promotora presentó alegaciones. Además, Elena Herrera planteó que se trasladó desde la Consejería por mensajería privada al empresario y dueño de Stratvs Juan Francisco Rosa la resolución del expediente.

“¿Por qué se envió a Rosa y no a Del Río, si ella era la promotora?”, interrogó. Sin embargo, ninguno de los tres supo responder al no haber titularizado el envío. El escrito de acusación plantea que la solicitud de una licencia para edificar la bodega fue presentada por Piedad del Río Sendino que “desconocía que estaba siendo utilizada para figurar como promotora en lugar de Juan Francisco Rosa Marrero”, el principal acusado.

El exalcalde de Yaiza no sabe de qué se le acusa

En la segunda sesión del juicio celebrada este miércoles 15 de enero también ha participado el exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes custodiado policialmente al estar cumpliendo pena de prisión por un delito de prevaricación urbanística. Al ser llamado a declarar por el tribunal, Reyes ha señalado que no sabe de qué se le acusa y se ha acogido a su derecho a no declarar. Por su parte, la Sala le informó de que se le acusa de conceder una licencia municipal para el proyecto Stratvs a pesar del informe desfavorable del secretario municipal y de saber que el proyecto era “frontalmente contrario a la normativa urbanística”.

También ha declarado Pablo Ramón Carrasco, entonces arquitecto técnico del Ayuntamiento de Yaiza y condenado por delito de prevaricación urbanística a una pena de inhabilitación para ostentar cargo público durante cinco años en 2013. Carrasco sostuvo que confió en la corrección del proyecto porque ya venía autorizado por el Gobierno de Canarias.

La sesión se reanudará este jueves a las 9.15 horas en el palacio de Justicia de Arrecife y, entre los acusados que declararán estará el empresario y dueño de Stratvs Juan Francisco Rosa.