El pleno del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha clausurado y sancionado este miércoles a un local del municipio que servía como centro de yoga pero que también se dedicaba a alojamiento turístico al carecer de las preceptivas autorizaciones administrativas.
Según ha detallado el Ayuntamiento de la capital lanzaroteña en un comunicado, la Policía Local de Arrecife constató que el establecimiento no contaba con las autorizaciones administrativas obligatorias para ejercer ambas actividades, por lo que se ha cursado el cierre del local y una sanción de 15.001 euros.
En el expediente se reseña que la empresa hizo ver que disponía de un “permiso como actividad inocua” cuando se ejercían actividades muy distintas, según la investigación de la Policía Local capitalina, motivo por el cual el departamento municipal de Actividades Clasificadas ha resuelto imponer una sanción por infracción tipificada como “muy grave”.
El concejal que dirige dicho departamento, Óscar López, ha precisado durante el pleno que la resolución plenaria se acuerda con la potestad sancionadora de los ayuntamientos en materia de actividades, al tiempo que ha señalado que la Consejería regional de Turismo y Empleo acordará la probable sanción turística al tener las competencias plenas en materia de ordenación en este tipo de actividades.
Según ha explicado el consistorio lanzaroteño, el acta de la Policía Local acredita que este establecimiento, ubicado en los bajos de la calle Canalejas número 25, se anunciaba como establecimiento alojativo en la plataforma Booking, donde se insertan imágenes de las literas, zonas de baños, servicios, y valoración de los huéspedes alojados.
Sin embargo, el exterior del local se anuncia como centro de yoga, y no se aportan las placas identificativas como establecimiento dedicado al alojamiento turístico, como es preceptivo en la legislación canaria.
Por último, esta inspección policial permitió constatar a los agentes que la persona identificada como trabajador y encargado carecía de contrato laboral, y tampoco estaba dado de alta en la Seguridad Social.
La Policía Local requirió, tras la inspección al local, que se hiciera llegar esta documentación a la Administración, pero transcurrido un amplio plazo no fue aportada.