Los técnicos del Ministerio sostienen que la bodega Stratvs sí requería de informe de impacto ambiental: “Está en un Espacio Natural Protegido”

La bodega Stratvs se encuentra en el “Espacio Natural Protegido” de La Geria, en una Zona Especial de Protección para las Aves y que además pertenece a la Red Natura 2000. Se trata de una cuestión que para los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente evidencia que sí que era necesario realizar un informe de impacto ambiental que evaluara las posibles afecciones que podrían suponer las obras efectuadas para su entorno. Así lo han sostenido dos expertos por videoconferencia en la sesión celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde se trata de dilucidar si se cometieron una serie de delitos en la edificación de este espacio. 

Los funcionarios que elaboraron uno de los informes que se adjuntan a la causa Stratvs, apelaron este miércoles a la existencia del “principio de precaución”, es decir, “ante la duda hay que actuar de manera precautoria” ya que “no siempre existe un conocimiento exhaustivo o se cuenta con toda la información” y “un informe medioambiental puede ayudar a conocer el espacio”. Los funcionarios calcularon en el documento presentado a la causa que en la zona trabajaron continuamente entre 2.020 y 3.703 camiones de forma continua y que las obras afectaron a la calidad y fragilidad del paisaje, que era elevada. En este sentido, apunta por ejemplo la construcción de la carretera LZ30 que hacía que la bodega fuera visible y con ello un “impacto” para el paisaje. 

Según el informe de los técnicos del Ministerio, se eliminaron de la zona diez zocos y se alteró el barranco del Obispo. Además, los escombros o residuos de la obra debieron ser trasladados al vertedero municipal o haber contado con “autorización medioambiental”, puesto que “toda obra que trata residuos, estos tienen que ser reutilizados”. A la hora de hablar de esta edificación, los funcionarios utilizan el término “complejo Stratvs” ya que “la bodega, el restaurante, la tienda…” forman “parte de un todo”. De hecho, apuntaron que “en un paisaje protegido toda obra debe tener autorización de qué se va a extraer”. 

A juicio de estos expertos, el sistema utilizado por la bodega para el tratamiento de aguas, es decir, el de la fosa séptica, no era el adecuado y afirmaron que hay información de la existencia de una masa de agua en el sur de la isla y en la zona de Famara. En este complejo, añaden que “sí había riesgo de contaminación” ya que esa masa de agua puede explotar y la contaminación acabaría llegando a La Geria por filtraciones laterales, puesto que el terreno es permeable (al tratarse de picón) y el agua es susceptible de filtrarse. 

En su declaración, los funcionarios también insistieron en que con los datos que han analizado “se puede extraer que no se trata de una rehabilitación de la bodega, sino de algo mucho mayor”. “De ahí, a lo que se ha hecho hay una diferencia muy grande”, remarcaron ante las preguntas de los abogados. Las defensas insistieron en cuestionar si estos técnicos habían realizado trabajo de campo y en qué número de BOE había sido publicada la declaración de Zona Especial de Protección para las Aves. 

Otra de las declaraciones relevantes de la vista ha sido la de la aparejadora y trabajadora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural Elisa Perdomo, que explicó el sistema de medición y mostró una serie de fotografías de las obras que se realizaron en la bodega Stratvs. Entre los datos que explicó, destaca la altura de la bodega (9 metros), de las rampas (1.700 metros cuadrados pavimentados) o las numerosas dependencias que detalló: sala de máquinas en tres niveles, cámara de frío, almacenes, sala de barrica, zona de descanso del personal, lavandería… 

La experta también detalló la zona exterior con una zona para los contenedores de basura, otra pavimentada frente a la carretera, aparcamiento de unos 1.500 metros cuadrados o la zona donde habían sido eliminados los hoyos típicos del cultivo de La Geria y donde se había incorporado una zona de sendero, alterando el paisaje al incorporar “arena roja” que “no procede de la zona”. Se trata de un espacio de 970 metros cuadrados. 

Otro de los datos que remarcó es la categoría del suelo de la bodega, “suelo rústico de protección de valor paisajística”, matizó, o lo que es denominado suelo “C-21”, que también se encuentra en otras zonas de Lanzarote. Perdomo no pudo precisar cuánto duró la obra de la bodega pero sí afirmó que en las forografías de Grafcam se puede comprobar algunos de los cambios que experimentó, por ejemplo, en 2012 se aprecia la estructura metálica y en 2013 una marquesina. En cualquier caso, también precisó que “no tiene nada que ver” lo que se autorizó “a lo que está construido”. 

La sesión continuó con otras declaraciones, entre las que destaca la de la ingeniera de Obras Públicas y exdiputada de Podemos en el Congreso Carmen Valido, que también realizó otro de los informes incorporados a la causa para el que utilizó cartografía y fotografías aéreas y en el que concluyó que aproximadamente se ha tenido que llevar a cabo una excavación de 44.430 metros cúbicos para el complejo Stratvs, de lo que se ha ratificado en la vista. 

Lepolodo Díaz Bethencourt (actual viceconsejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias), que fue director de la Oficina Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOF) de Lanzarote y cesado por el expresidente del Cabildo de la isla, Pedro San Ginés (CC), una destitución que fue anulada por la Justicia. Durante la vista, explicó que en un suelo de protección paisajística se prohíbe “la construcción de edificios, de infraestructuras aéreas y de movimientos de tierras”. Así mismo, subrayó que el PIOF protege, tal y como dice la categoría del suelo, “la calidad visual del paisaje” y aunque “los cultivos forman parte” de él, “prepondera el valor paisajístico”, pues, de lo contrario, sería un suelo de “protección agraria”. Por ejemplo, el barranco del Obispo es un “elemento propio del paisaje”, resaltó. 

El juicio continuará este jueves, cuando se espera que comiencen a detallarse las conclusiones finales. En principio, la Fiscalía había solicitado para el principal acusado, Juan Francisco Rosa, 15 años de prisión por falsedad en documento público, delito continuado de estafa en grado de tentativa, delito contra el Medio Ambiente por emisión de vertidos contaminantes y por la excavación y extracción con afectación al Espacio Natural Protegido, delito de hurto de bienes de valor histórico, delito de usurpación y contra la ordenación del territorio, y contra el Patrimonio Histórico.