Una testigo declara ante el tribunal del caso Stratvs que hubo presiones dentro del Gobierno para cambiar un informe desfavorable a la bodega

“El Gobierno de Canarias presionó a la técnica que elaboró un informe, solicitado por la Justicia, desfavorable a la bodega Stratvs para que lo corrigiera”. La exjefa del Servicio de Instrucción de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), Sonia Gómez, declaró este jueves como testigo del caso que investiga la edificación de un macrocomplejo turístico en el Espacio Natural Protegido de La Geria, Lanzarote. La alta funcionaria, licenciada en Derecho, aseguró que uno de los acusados, el entonces jefe del Servicio de Ordenación Urbanística Armando Villavicencio, llamó por teléfono a la técnica Elisa Perdomo para preguntarle por qué elaboraba un documento que comprometía a tres funcionarios de la Consejería de Política Territorial, actualmente acusados por un presunto delito de prevaricación urbanística: Faustino García Márquez, César Muñoz y el propio Villavicencio.

El informe elaborado por la técnica, Elisa Perdomo, fue trasladado a la Justicia en 2013. Sin embargo, cuatro meses después se convocó en la APMUN una comisión jurídica para revisar el documento porque “presentaba errores de contenido”. En una de las reuniones, según Sonia Gómez, se pidió a la técnica que lo “corrigiera”. “Nunca antes se había elevado a una comisión jurídica un informe pericial judicial”, insistió la testigo.

El resultado final de esta revisión fue un nuevo informe favorable a Stratvs, que fue entregado, sin que se solicitara, al juzgado correspondiente. El motivo de este “contrainforme” fue que a la jefa de la comisión jurídica de la APMUN, Carlota Pérez, “le quitaba el sueño que se comprometiera a tres funcionarios de la consejería”, afirmó la testigo interrogada por la letrada de la acusación popular, Irma Ferrer. Además, según la prueba testifical, se ordenó que tanto Sonia Gómez como Elisa Perdomo no hicieran más informes exigidos por la Justicia.

Según Gómez, el Gobierno también ordenó que se archivara una denuncia del Seprona que alertaba de que se estaban destruyendo zocos de La Geria para construir un Belén navideño en la bodega Stratvs. Una obra que exigía movimientos de tierra “prohibidos expresamente” en el suelo donde está levantado el complejo.

El entonces director de la APMUN, Emiliano Coello, que intervino por videoconferencia en la sesión, reconoce que las trabajadoras le hicieron saber que estaban recibiendo presiones. “Sonia me dijo que no tenía que intervenir, porque lo tenía controlado”, aseguró el economista.

Carlota Pérez, citada también como testigo, mantuvo que se ordenó a revisar el informe elaborado por Elisa Perdomo porque contenía “juicios de valor” al asegurar que la bodega contravenía la legalidad. Pérez defendió que el procedimiento administrativo que se siguió desde el Gobierno para autorizar la obra fue correcto, aunque “desconoce si para la edificación fueron necesarios movimientos de tierra o si provoca alguna afectación al paisaje”.

Una obra “rotundamente irregular”

El denunciante y miembro de la asociación Transparencia Urbanística Javier Díaz-Reixa también ha declarado como testigo ante el tribunal. El jurista ha defendido que Stratvs es una obra “rotundamente irregular” e insistió en la “influencia” que ejerce el empresario y promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, sobre las administraciones públicas canarias.

Pese a que la solicitud de la licencia para rehabilitar la vivienda de La Geria fue presentada por Piedad del Río Sendino, pareja del arquitecto de Stratvs y acusado Miguel Ángel Armas Matallana, Rosa recibió la primera resolución desfavorable emitida por el Gobierno de Canarias y pudo presentar alegaciones. Además, el empresario solicitó la petición que formuló Díaz-Reixa para acceder a la misma documentación. Un documento que no apareció. Por ello, el Gobierno insistió al miembro de Transparencia Urbanística que este papel debía aparecer“ porque Rosa ”tenía derecho“ a acceder a él.

La acusación popular centró parte de su interrogatorio dirigido a Díaz-Reixa en demostrar la rigurosidad de la denuncia interpuesta por Transparencia Urbanística, cuestionada por las defensas de los acusados. “El objeto de nuestra asociación es luchar contra la corrupción y proteger los bienes públicos esenciales como el agua o la energía. Estudiamos minuciosamente la ejecución de Stratvs para presentar una denuncia lo más rigurosa posible. No ha sido ningún arrebato”, concluyó el testigo.