Tres de los cuatro acusados en la pieza del caso Montecarlo que investigó el robo de 300.000 euros a la capital de Lanzarote, Arrecife, a través de contratos fraudulentos han sido condenados a prisión por la Audiencia Provincial de Las Palmas. El exinterventor del Ayuntamiento capitalino Carlos Sáenz y los empresarios Javier Betancort y José Vicente Montesinos reconocieron en el juicio que entre 2008 y 2012 se sustrajeron fondos públicos del municipio para abonar facturas por servicios inexistentes a las empresas Gestecal S.L., Recingest S.L. y Progestril S.L, todas ellas con Montesinos como administrador único. Este modo de actuar se repitió en los municipios de San Bartolomé, en Lanzarote, y La Oliva, Fuerteventura.
El abogado Federico Toledo ha sido absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y deslealtad profesional por los que había sido acusado al “no defender de manera deliberada los intereses públicos” priorizando los intereses empresariales de las sociedades que participaron en el fraude.
El exinterventor Carlos Sáenz deberá cumplir una pena de tres años y ocho días de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, cohecho y blanqueo de capitales. Además de una inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo por el mismo tiempo y para el ejercicio de cargo de interventor y el pago de una multa de 150.000 euros con responsabilidad personal en caso de impago.
El empresario José Vicente Montesinos es culpable de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales. Se enfrenta a una condena de tres años, cuatro meses y 14 días de cárcel, al pago de una multa de 150.000 euros e inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo. En cuanto al empresario Javier Betancort, la sentencia lo declara culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Por ello, deberá cumplir un año y seis meses de prisión.
Los tres cuentan con la atenuante muy cualificada de colaboración con la justicia y tendrán que pagar una cuarta parte de las costas e indemnizarán al Ayuntamiento de Arrecife con cantidades máximas de entre 287.175 euros en el caso de Betancort y de 310.544,92 en el de Sáenz y Montesinos.
Asimismo, se acuerda el comiso de las cantidades ingresadas en efectivo en tres cuentas corrientes de Carlos Sáenz entre 2002 y 2012, los saldos existentes el 25 de mayo de 2012 en las cuentas corrientes de Recingest S.L., Gestecal S.L. y Progestril S.L., un vehículo marca Volvo XC90 y un Audi Q5, además de un bien inmueble en Puerto del Rosario propiedad de Progestril S.L.
Entre 2008 y 2012, el entonces interventor se valió de las funciones públicas que ostentaba para detraer de manera ilícita fondos municipales del Ayuntamiento de Arrecife en colaboración con los empresarios José Vicente Montesinos Ramírez y Javier Betancort Tubau. Sáenz omitía sus funciones fiscalizadoras y abonaba facturas a las tres sociedades mercantiles administradas por Montesinos bajo la apariencia de legalidad y de una “ficticia prestación de asesoramiento y colaboración con los servicios económicos municipales” por parte de ellas. Todos los contratos se fijaban por un precio inferior al máximo legal de 18.000 euros para los contratos menores.
Las facturas presentadas tenían también el objetivo de “pagar al interventor por permitir, y para que siguiera permitiendo, el cobro indebido de toda la facturación con el consiguiente enriquecimiento ilícito para ambos”. Una vez que la corporación municipal ejecutaba la transferencia de dichos importes se sacaba de las cuentas y se hacía entrega en efectivo a Carlos Sáenz. Entre 2007 y 2010, estos pagos superaron los 80.000 euros. Después, las cantidades obtenidas de manera delictiva se volvieron a introducir en el tráfico jurídico-mercantil para “dotar de legalidad su obtención”.
La sentencia, a la que ha accedido Canarias Ahora, establece que no ha quedado probado que el acusado Federico Toledo participara en el robo de fondos públicos de Arrecife ni que como letrado del Ayuntamiento no defendiera de forma intencionada los intereses patrimoniales públicos encomendados.
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