El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Domingo Martín Ortega, con respecto a la aprobación este miércoles en el Pleno del Senado de la Ley de la Cadena Alimentaria, previo rechazo a la enmienda de “excepcionalidad” prevista en el Proyecto de Ley para proteger la producción de plátanos en Canarias, señala que “es inaudito lo acontecido hoy. No conocemos el motivo en el cambio de parecer de los grupos que apoyaron al sector la pasada semana y que hoy han apoyado la causa contraria. Nuestra propuesta en nada afectaba negativamente a ningún otro sector”.
“Entendemos que si el grupo Socialista no ha admitido esta enmienda”, señala, “debe ser porque tiene contemplado un plan B para el sector del plátano de Canarias y evitar, así, la destrucción de millones de kilogramos de fruta y con ello la ruina progresiva de los más de 8.000 productores. Estimamos que la aplicación de la ley nos obligaría a destruir innecesariamente entre el 25% y el 30% de la producción anual. Esta circunstancia supondría un retroceso inaudito para el sector: la pérdida de nuestra competitividad y un campo abierto a la importación de banana de terceros países. Así que tras la votación de hoy en el Senado, es imprescindible y necesario que, con la mayor urgencia, se nos traslade por parte del Ministerio cuál es su plan para garantizar que el sector no reciba el daño que esta ley actualmente implica”.
Subraya que “queremos dejar claro que, como hemos hecho en los últimos 30 años, Asporcan protege una renta digna para todos los productores de plátano -no sólo un precio mínimo- y precisamente por eso hemos pedido la excepcionalidad. Porque la aplicación de esta Ley nos podría llevar a una situación de vernos obligados a retirar una cantidad tan grande de fruta que acabaría destruyendo a los mismos productores a los que esta Ley pretende proteger”.
El máximo responsable de Asprocan apunta que, “una vez más, se proponen leyes que suponen la autoimposición de normas que nos condicionan y limitan nuestra competencia a la vez que favorecen a las producciones de terceros países. Es inexplicable que centremos nuestra actividad en generar normas que, en la practica real, no benefician a los productores, mientras vemos en la puerta de nuestros Mercas bananas de terceros países que incumplen normativas, aplican políticas de precios para destruir el producto nacional y que además son favorecidas sin límite por las condiciones de comercio comunitario. Esta situación de desprotección es incomprensible y esperamos no sólo una explicación sino sobre todo actuación”.