La especulación inmobiliaria entorpece el realojo de los palmeros que han perdido su única casa

El hombre con camisa de botones y una carpeta de documentos se sienta encima del pequeño muro que rodea la Casa Massieu, la oficina donde se está centralizando la ayuda a los afectados por el volcán de La Palma. Le suena el teléfono y son las 14:20. Tenía cita a las 13:30, pero el volumen de gente que entra y sale del edificio es tal que aún sigue esperando. “En un rato tengo que volver al trabajo”, dice. Él perdió su casa de dos plantas, una finca, un estanque y una huerta. Ahora se está quedando en un piso de alquiler en Los Llanos de Aridane por el que desembolsa 500 euros al mes.

-       Pedí una ayuda, a ver si me dan algo, pero no saben si me la va a dar Cruz Roja, Cáritas… Ya tuve que pagar el primer mes de mi bolsillo. Es que no se consigue nada y encima está todo muy caro. Conozco a gente que alquilaba por 400 euros y ahora está haciéndolo por 800.

-       Qué cara tienen, ¿no?

-       Cara no, esos son usureros.

El hombre está esperando a ser atendido. Dentro hay un enjambre de abogados, notarios, administradores de fincas, trabajadoras sociales y encargados de la compra de viviendas para el realojo de los palmeros a los que la lava ha sepultado su único hogar, cerca de 900, según las últimas cifras. Miguel Ángel Pulido, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias, es el hombre indicado para hablar de esto último, señala un tipo que camina citando a “los fondos buitres esos”, los que en su opinión están detrás de que al Archipiélago le esté costando adquirir domicilios tras la erupción.

Pulido está al teléfono en una de las habitaciones del centro y da la impresión de que podría estar así todo el día por la carga de trabajo que tiene. El Ejecutivo autonómico compró 18 viviendas a principios del mes de octubre, pero aún no las ha habilitado para las primeras familias. Se esperaba que sería esta semana, pero todo apunta a que eso no ocurrirá. “Se está ultimando la colocación de algunos espacios, como la cocina… Yo espero que la próxima semana estén a punto”, dice.

Pulido explica que el proceso de compra pasa primero por contactar con un promotor local, que este se haga con los pisos de un fondo de inversión, los remodele, y luego los venda a la empresa pública de viviendas de Canarias, Visocan. Ya han comprado 18, pero se espera que para este mes sean en torno a 60. En ningún momento, agrega, han tenido problemas con los fondos. Con quien sí ha habido contratiempos, en cambio, es con algún promotor local. “Uno de ellos tenía un pequeño grupo de siete apartamentos, estaba dispuesto a negociar y ahora nos ha dicho que el precio va a ser superior. Nosotros no vamos a permitir que se especule con dinero público. Que las ponga en el mercado libre y las venda”, asevera.

Visocan no está pagando más de lo que cuesta una vivienda de protección oficial, en la que el máximo por metro cuadrado está en 1.400 euros. Así se llegó al acuerdo con el promotor de Tazacorte, indica Pulido, donde se encuentran 13 de las primeras 18 casas, para las que se ha destinado un total de 1,1 millones de euros. “No pagamos precios especulativos”, reitera este alto cargo público, quien recuerda la poca oferta que hay en el mercado, especialmente en Los Llanos de Aridane, donde el 86% de la superficie del municipio es de suelo rústico común, sobre el que no se puede edificar. “Sí, hay especulación”, reconoció el concejal de Urbanismo, Manuel Perera Carreras, a este periódico. La razón: no hay donde construir.

Este jueves, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, ha incidido en la necesidad de recalificar suelo para la instalación de viviendas y que eso “no solo depende de la voluntad del Ejecutivo, depende de que ese suelo sea óptimo”. Canarias acaba de adquirir 30 domicilios modulares de madera de 74 metros cuadrados para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Pero el Ayuntamiento de El Paso, que es el que ha cedido el terreno para su instauración, aún no confirmado que cumpla las condiciones para su montaje.

Con todo, Franquis aclaró cuáles son las fases del plan de actuación que existe en la isla para el realojo de los vecinos afectados por el volcán. En primer lugar, la compra de bienes inmuebles para los damnificados. Después, la fase de transición, en la que los palmeros comienzan a alojarse de manera provisional en estos hogares; y por último, el plan de reconstrucción, aunque pare eso aún falta mucho. “Sabemos que eso no va a ser antes de cuatro años. Lo hemos explicado, lo hemos dicho públicamente, especialmente a los afectados”, sentenció.

Quiénes serán las primeras familias realojadas

Alrededor de 900 palmeros han visto cómo la lava trituraba la única vivienda con la que contaban. Todos ellos necesitan una alternativa habitacional digna, pero antes es necesaria una guía que jerarquice quiénes deben recibirla primero (no por merecimiento, sino porque sus condiciones materiales son más desfavorables y deben atenderse rápidamente). De esto se encargan las trabajadoras sociales de la Casa Massieu, un total de 15 profesionales a las que se les van a sumar otras 12 en los próximos días.

“Trabajan mañana y tarde, todos los días”, indica el gerente de la Oficina de Atención Ciudadana, Sergio Matos. Recorren el edificio prácticamente corriendo, de un lado para otro, sin tiempo que perder. Fuera del centro la gente se impacienta. “Dicen que la cita dura unos diez minutos, pero no es verdad. Te puedes pegar ahí media hora mínimo”, asegura una de las afectadas.

Las trabajadoras sociales deben realizar una especie de “ficha social” de cada persona en la que esté detallado cuántos miembros de la unidad familiar sufrieron los estragos del volcán, si la vivienda afectada era su domicilio habitual, si cuenta con alguna alternativa a esta… También preguntan cómo están sobreviviendo ahora, si se encuentran en hogares hacinados o pagando un alquiler que no podrán soportar durante mucho más tiempo, cuáles son sus ingresos después de la erupción, si tienen hijos pequeños o sufren alguna enfermedad. Son tres campos generales: alojamiento, economía y aspectos sociales. La suma de todos ellos da un baremo que una comisión técnica está validando en estos momentos para la entrega de las viviendas.

“Hemos hecho alrededor de 600 fichas ya”, destaca Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. “Cada caso lo estamos viendo con los ayuntamientos, que son los que van refrenando los datos que recogemos.  Las primeras 18 familias se han escogido por orden de puntos”.

El cuestionario no tiene en cuenta si el afectado no puede demostrar la titularidad de la vivienda, basta con estar empadronado en ella, remarca Delgado. Si la casa no estaba legalizada, esa no es una cuestión que les compete. “Esto son ayudas directas. El haber declarado la zona catastrófica en la isla ha permitido que estos trámites se puedan disminuir por la gravedad del problema”.

En total, son unos 200 puntos máximos en cada apartado. “Por ejemplo, si has perdido tu vivienda, 80 puntos; si tienes alternativa habitacional, 50; que tienes tres menores: 30. Todo eso suma y da un número, que es como clasificamos las 600 entrevistas que hemos hecho ya”. Estos hogares serán gratuitos durante el primer año y los dos cursos siguientes las familias afectadas tendrán que pagar un 10% del alquiler, explica Delgado.

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz aclara que se trata de un alojamiento provisional, no definitivo. “Son espacios seguros. Ante una situación de hacinamiento con familiares, o en un pajero sin agua corriente, entiendo que esta es la mejor opción. Otra cosa es su futuro. Me imagino que se hará un plan de reconstrucción que deberá contar con la participación de todos, no con cuatro sentados en una oficina”, concluye.