El Gobierno autonómico solicita el reconocimiento de las particularidades de la flota canaria ante el cierre de la pesquería de patudo

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —
4 de agosto de 2020 17:57 h

0

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias solicita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España “una rápida actuación” para que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) reconozca “el uso de los métodos ancestrales de pesca sostenible de la flota canaria con el objetivo de ampliar las posibilidades de pesca de patudo (tuna en Canarias) ante el cierre de la pesquería el pasado lunes (3 de agosto)”, indica en una nota de prensa.

La consejera Alicia Vanoostende entiende que, en el actual contexto normativo, la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España “se ha visto obligada al cierre de la pesquería de patudo (tuna en Canarias), una decisión motivada por las exigencias de la ICCAT, así como por las obligaciones contraídas por la Unión Europea y en ejecución de la Orden Ministerial APA/372/2020, de 24 de abril, por la que se regula la pesquería de patudo (Thunnus obesus) en el Océano Atlántico”.

Sin embargo, Vanoostende señala que “el actual sistema de gestión pesquera basado en asignación de cuotas perjudica claramente a las flotas artesanales de toda Europa, consolidando los derechos de pesca de las flotas industriales y perjudicando gravemente a los pescadores tradicionales que, en ningún momento, han sido los responsables de la sobrepesca de estas especies”.

La responsable del área explica que en Canarias, “la pesquería de túnidos es fundamental para la viabilidad del sector pesquero y el mantenimiento de los recursos demersales y de las cinco especies de túnidos más abundantes, de las cuales tres ya están sujetas a cuotas o a un Total Admisible de Capturas por debajo de las necesidades pesqueras de la flota canaria”. “En este contexto se restringe la derivación de esfuerzo propio de las flotas artesanales y limita las estrategias pesqueras sostenibles, ya que obliga a sobrepescar especies demersales o a que los atuneros cañeros más especializados tengan que amarrar sus embarcaciones por más de seis meses”, matiza Vanoostende.