Eutanasia, un debate social

Se ha colado en la campaña un tema que viene de viejo y que no hemos sabido ni podido resolver hasta ahora. Ha habido iniciativas de distintos partidos, pero por la propia vorágine política en que vivimos nunca se ha hecho un planteamiento adecuado y que pueda ser aceptado por la mayoría. He aquí un tema sensible que requiere pactos, en el que se contemplan muy diversas mentalidades: desde el absoluto respeto a la vida a la necesaria resolución de un conflicto que cada vez se presenta con mayor relevancia en la sociedad. Básicamente consiste en que un equipo médico administra fármacos a la persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y sin remedio. Es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. En España con la legislación actual se considera cooperación necesaria para un homicidio, pero hay ya una tolerancia social que determina no enviar a prisión a las personas que intervienen, así sucedió cuando la muerte del gallego Sampedro, cuya amiga cooperante fue a juicio pero terminó siendo absuelta. En Suiza está permitido lo que se denomina suicidio asistido, y se trata de que un profesional médico aconseja al paciente qué fármaco debe tomar para terminar con su vida en ciertas circunstancias. Un científico australiano de 104 viajó a Suiza el año pasado para acabar con su vida.

Los cuidados paliativos son preferidos por profesionales de la medicina para evitar un excesivo sufrimiento al enfermo terminal. Varias comunidades aceptan la muerte digna, así en Galicia una ley permiten que el enfermo o los familiares renuncien al tratamiento si no hay expectativas de mejora o se produce un sufrimiento desmesurado. Los padres de una niña de 12 años con enfermedad perniciosa no recibieron castigo penal cuando pidieron retirar la alimentación artificial que mantenía viva a la pequeña. Mientras llegan los argumentos políticos al Congreso, el debate permanece candente en la calle, entre los expertos y con los testimonios vitales de muchas personas o profesionales sanitarios que conviven en su día a día con la penosa situación de personas dependientes y enfermos terminales en un largo e irremediable sufrimiento. Cuestiones éticas y morales, convicciones y sentimientos religiosos y argumentos jurídicos se entremezclan en un debate inacabado en nuestro país y que ahora se ha colado en la campaña electoral, con el rechazo de los partidos de derechas y la comprensión del otro bloque.

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Se ha colado en la campaña un tema que viene de viejo y que no hemos sabido ni podido resolver hasta ahora. Ha habido iniciativas de distintos partidos, pero por la propia vorágine política en que vivimos nunca se ha hecho un planteamiento adecuado y que pueda ser aceptado por la mayoría. He aquí un tema sensible que requiere pactos, en el que se contemplan muy diversas mentalidades: desde el absoluto respeto a la vida a la necesaria resolución de un conflicto que cada vez se presenta con mayor relevancia en la sociedad. Básicamente consiste en que un equipo médico administra fármacos a la persona que desea morir porque está sufriendo una enfermedad grave y sin remedio. Es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. En España con la legislación actual se considera cooperación necesaria para un homicidio, pero hay ya una tolerancia social que determina no enviar a prisión a las personas que intervienen, así sucedió cuando la muerte del gallego Sampedro, cuya amiga cooperante fue a juicio pero terminó siendo absuelta. En Suiza está permitido lo que se denomina suicidio asistido, y se trata de que un profesional médico aconseja al paciente qué fármaco debe tomar para terminar con su vida en ciertas circunstancias. Un científico australiano de 104 viajó a Suiza el año pasado para acabar con su vida.

Los cuidados paliativos son preferidos por profesionales de la medicina para evitar un excesivo sufrimiento al enfermo terminal. Varias comunidades aceptan la muerte digna, así en Galicia una ley permiten que el enfermo o los familiares renuncien al tratamiento si no hay expectativas de mejora o se produce un sufrimiento desmesurado. Los padres de una niña de 12 años con enfermedad perniciosa no recibieron castigo penal cuando pidieron retirar la alimentación artificial que mantenía viva a la pequeña. Mientras llegan los argumentos políticos al Congreso, el debate permanece candente en la calle, entre los expertos y con los testimonios vitales de muchas personas o profesionales sanitarios que conviven en su día a día con la penosa situación de personas dependientes y enfermos terminales en un largo e irremediable sufrimiento. Cuestiones éticas y morales, convicciones y sentimientos religiosos y argumentos jurídicos se entremezclan en un debate inacabado en nuestro país y que ahora se ha colado en la campaña electoral, con el rechazo de los partidos de derechas y la comprensión del otro bloque.