La diputada del PP por La Palma en el Parlamento de Canarias Lorena Hernández Labrador presentó en nombre de su grupo una Proposición No de Ley (PNL) que fue debatida y aprobada por unanimidad en el pasado pleno de la Cámara regional en la que solicitaba al Gobierno autonómico que “estudiara la posibilidad de consignar fondos equivalentes a los recursos obtenidos a través de las sanciones impuestas por infracciones graves de los operadores eléctricos que actúan en el Archipiélago, a reforzar los incentivos económicos que se destinan a impulsar las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética”, señala el PP en un comunicado.
Además, se añade en la nota, Hernández Labrador planteaba en la iniciativa que “estas medidas adoptadas estén enfocadas a facilitar la sustitución de tecnologías obsoletas e ineficientes por nuevas tecnologías que permitan obtener una energía más eficaz y rentable”.
Los populares explican en su PNL que “el sistema eléctrico canario se compone de seis sistemas aislados, de pequeño tamaño y con una red de infraestructuras eléctricas débilmente montada. Estas condiciones hacen que estos sistemas sean menos estables y seguros que los grandes sistemas interconectados en los que es posible garantizar el suministro ante picos de demanda o ante determinadas situaciones de falta de generación, como puede ser la escasez de viento en algunos momentos para la producción de energía eólica o por fallos e indisponibilidades de elementos de la red”. Añade que “para reducir la vulnerabilidad de estos sistemas eléctricamente aislados es clave introducir sistemas de almacenamiento de energía, como las centrales hidroeléctricas reversibles, cuya finalidad principal es la garantía del suministro, la seguridad del sistema y la integración de energías renovables no gestionables”. Asimismo, se indica en la nota, “es fundamental desarrollar nuevas interconexiones entre islas que permitan el apoyo mutuo entre sistemas y mejorar el entramado de la red para disponer de vías alternativas de suministro en caso de incidentes”.
Apunta que “en los últimos años Canarias ha sufrido importantes apagones parciales y totales que han afectado gravemente a la ciudadanía canaria”. Recuerda la diputada del PP “la multa a Red Eléctrica y a Endesa por 12.000.000 euros por los apagones ocurridos en diciembre de 2012 en Gran Canaria y en septiembre de 2013 en La Palma, afectando a decenas de miles de clientes. Una sanción de 6.000.000 a Red Eléctrica de España por la infracción muy grave los días 3 y 5 de diciembre de 2012 en Gran Canaria y que afectó a 335.000 canarios y 6.000.000 a Endesa por el apagón que dejó sin luz a todos los habitantes de la isla de La Palma el día 3 de septiembre de 2.013”. También “la multa a Endesa por el apagón que se registró en Tenerife en 2010 por un importe de 600.000 euros”.
“No obstante”, se señala en la nota, “el importe de estas sanciones tiene naturaleza de crédito de derecho público y se hacen efectivas mediante las correspondientes liquidaciones ante la Consejería competente en materia de Hacienda, pasando a formar parte de los recursos de la hacienda pública canaria, sin que tales recursos tengan que ser empleados con un fin específico, si bien es cierto, el carácter sancionador”.
“Nos encontramos con 12,6 millones de euros por sanciones que irían a la caja única del Gobierno de Canarias y lo que planteamos es que sean empleados de manera directa en mejorar el sistema eléctrico de Canarias para que estos apagones no se vuelvan a producir”, ha afirmado la diputada.
Además, Hernández Labrador manifestó en su exposición que “el sistema eléctrico canario evoluciona hacia un nuevo modelo energético más eficiente y sostenible, basado en las energías renovables. El objetivo es que estas energías alcancen una mayor presencia en la cobertura de la demanda de electricidad en sustitución de otras energías basadas en combustibles fósiles, más caros y más perjudiciales. Para contribuir a este progresivo cambio de modelo energético, hay que llevar a cabo un importante plan de inversiones con el fin de garantizar un suministro eléctrico más seguro, eficiente y sostenible y con esta cuantía económica derivada de las sanciones tenemos una importante oportunidad”, concluyó.