El director general de Política Territorial del Gobierno de Canarias, el palmero Pedro Afonso, forma “un buen equipo” con la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo autonómico, la también palmera Nieves Lady Barreto. “Nos entendemos perfectamente, y como palmeros y miembros de Coalición Canaria teníamos una preocupación común que era la ausencia de planeamiento en la Isla”, ha explicado en una entrevista con La Palma Ahora. “Apostábamos por esta Consejería porque éramos conscientes de que la mayoría de problemas que tiene la Isla derivan de la carencia de ese planeamiento, teníamos que luchar por adaptarlo a la realidad y eso es lo que estamos haciendo”, asegura. “Este trabajo no se verá de forma inmediata pero es necesario para que La Palma tenga futuro”, sostiene.
-¿El objetivo de la Ley del Suelo es simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica en materia de ordenación del territorio?
-Efectivamente, esa es la esencia de la Ley. Tenemos una maraña legislativa compleja y el crecimiento, la inversión y, por tanto, el empleo necesitan que los tiempos vayan a otros ritmos. Las normas se tienen que adaptar a cada momento. No podemos estar con una normativa obsoleta o en un mundo con ciclos económicos que van a otros ritmos. Los legisladores y los políticos debemos adaptarnos a los ritmos que tenemos en estos momentos, y, a partir de ahí, con seguridad jurídica y preservando el medio, que es una de las máximas de esta Ley, ejecutar proyectos donde está permitido, en suelo ya clasificado. No podemos estar esperando 12, 15 o 30 años para sacar un proyecto adelante.
-¿Qué supondrá esta normativa para el Archipiélago?
-La Ley supondrá muchas cosas (seguridad jurídica, claridad, simplificación etc.,) pero yo destacaría la creación de empleo, porque los inversores sabrán dónde pueden ejecutar un proyecto, evitándose así pérdidas de tiempo.
-¿Y concretamente para La Palma?
-En islas como La Palma supondrá entrar dentro del desarrollo turístico, porque prácticamente estamos fuera de él.
-¿Cómo ve a la Isla en el contexto regional? ¿Está frenado su desarrollo por la ausencia de proyectos que generen empleo?
-Todos sabemos cómo está La Palma. La Isla se ha dedicado a un monocultivo durante mucho tiempo y necesita diversificar su economía, tiene un paro estructural que es imposible bajar. Por tanto, tenemos que entrar en otros ámbitos de la economía, y en Canarias, el que ahora está funcionando bien es el turismo. La Palma tiene un potencial turístico importantísimo y creo que hay que posibilitar el desarrollo de proyectos turísticos de calidad que se integren dentro del contexto de la Isla y el modelo que defiende.
-La nueva normativa, según ha asegurado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no permitirá tocar los espacios protegidos y frenará el consumo de suelo rústico.
-La nueva Ley es tajante en ese sentido, no se puede entrar dentro de los espacios protegidos ni permite consumir más suelo, imposibilita la clasificación de nuevo suelo urbanizable porque en Canarias ya hay una bolsa importantísima de suelo urbanizable, el problema es que no se ha podido desarrollar.
-¿Y por qué cree que la Ley está generando rechazo en algunos sectores de la sociedad?
-Como en cualquier tema hay opiniones en todos los sentidos, y yo soy muy respetuoso con todas aunque en este caso no las comparta, porque mucho de lo que se oye no se ajusta a la realidad. No voy a entrar en el debate de si hay opiniones más interesadas o menos. Nuestro objetivo es intentar lograr una norma estable, que genere confianza y que posibilite el desarrollo, con todos los controles de legalidad habidos y por haber. Se ha dicho que esto es una barra libre donde no hay control de legalidad y eso no es verdad. Hay incluso un artículo que permite al Gobierno de Canarias subrogarse las competencias de un planeamiento general si un ayuntamiento no lo está haciendo bien. Es decir, va a haber más control si cabe que en la propia legislación actual. Lo que tenemos es una norma simplificada, en la que no hay contradicciones, que son las que luego nos llevan a la inseguridad jurídica. Es un texto amplio, de más de 400 artículos, pero en esa única normativa está todo condensado.
-¿Le preocupa, por otro lado, el recurso que han anunciado Podemos y Nueva Canarias contra la ley turística de las denominadas ‘Islas Verdes’?
-Esa Ley es otro instrumento importante para La Palma que posiblemente se aprobará en el mes de septiembre, y que en fase parlamentaria, el grupo de CC, consensuado con el resto, ha incorporado algunos puntos que se adelantan de la Ley del Territorio. Creo que el recurso no tiene fundamento, pero entra dentro de la vía judicial y es un ámbito que hay que respetar. Lo que de verdad me preocupa es que esa Ley no se apruebe, porque para La Palma es importantísima. Hay mucha pequeña economía, pequeños núcleos turísticos, que tienen oportunidades con esta normativa, y también con la Ley del Territorio, porque en esta última hay algo fundamental: lo que pretende activar es la pequeña economía y eso para La Palma es muy importante. Los pequeños usos, los usos consolidados, las licencias provisionales y todo este articulado que se ha incluido en la Ley y que actúa en el suelo rústico, en La Palma posibilita que las familias puedan tener un uso complementario de su finca y eso genera actividad económica y empleo. Por eso digo que no se debe hacer demagogia con esto porque es algo muy importante. Hay que ser riguroso, lo que dice el texto es lo que dice, y creo que las interpretaciones –interesadas quizás- aquí no caben. Una familia que tenga, por ejemplo, una finca de proteas y venda las flores, puede generar una actividad económica complementaria y eso crea riqueza. Al final estamos hablando de economía familiar. Muchos han dicho que esta Ley es para la especulación y los grandes hoteles, pero si nos vamos a Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura vemos que esos establecimientos han hecho sus inversiones porque tienen capacidad económica suficiente para realizar trámites durante varios años, pero las pequeñas empresas y los autónomos no disponen de esa posibilidad, no cuentan con juristas ni técnicos que trabajen para ellos ante las administraciones. Y una de las esencias de la Ley es la pequeña economía, que multiplicada generará muchos puestos de trabajo.
-La Consejería de Política Territorial subvencionará la redacción de los planes generales de ordenación municipales para que se adapten al nuevo marco legislativo en materia de urbanismo y medio ambiente.
-La semana pasada hemos sacado la orden de la consejera (Nieves Lady Barreto) que abre la convocatoria de unas subvenciones para los ayuntamientos destinadas a revisar, modificar o redactar planes generales. Tenemos que tener claro que para hacer proyectos los planeamientos tienen que estar acordes al marco normativo. En La Palma hay muchos ayuntamientos que no tienen planes generales y algunos de los que los tienen son obsoletos o están con normas subsidiarias y tienen proyectos que no pueden desarrollar porque su planeamiento no lo contempla. Esta línea de subvenciones está destinada precisamente a que los consistorios de forma autónoma puedan contratar a sus equipos redactores, hacer una modificación o revisión de su plan general o la redacción del que tienen en proceso. Este año sale con una partida pequeña de 795.000 euros. El próximo ejercicio intentaremos contar con un presupuesto mayor, porque si no modificamos los planeamientos no podemos desarrollar los proyectos.
-¿Cómo está siendo tu experiencia como director general de Política Territorial?
-Es una dirección técnica, en la que al principio entra uno con respeto porque es muy grande, con 13 jefaturas de servicio y conlleva mucho papeleo, pero la experiencia es positiva. A mí me gusta plantearme retos, conseguir cosas y en eso estoy. Son retos a largo plazo porque es dificultoso modificar el planeamiento, hay mucha burocracia, mucho informe, muchas administraciones implicadas, y es un trabajo muy técnico pero con un componente importante desde el punto de vista de la mediación. En este primer año estamos en un trabajo de desbloqueo y de avance con las administraciones locales, fundamentalmente, y también con los cabildos. El objetivo es lograr modificaciones de los planes generales, que se adapten a las circunstancias reales y que se genere empleo y actividad económica, siempre, lo repito, aplicando la legalidad de forma rigurosa y preservando el medio, esa es nuestra bandera ante el mercado turístico.