La defensora colombiana de Derechos Humanos Elisa Buitrago, amenazada de muerte, que se encuentra en La Palma invitada por el grupo local de Amnistía Internacional (AI), participó este jueves en una charla-coloquio en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma en la que expuso la problemática de los desplazamientos forzosos de población en Colombia. La activista contó su dramática experiencia como perseguida por grupos que atentan contra los derechos humanos más elementales y que torturan y asesinan a quienes se atrevan a denunciarlos.
Buitrago, que actualmente reside en España acogida en el Programa para Defensores de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha sido líder comunitaria, durante 15 años, en la comunidad de la vereda El Porvenir, del municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. Allí fue presidenta de la Junta de Accional Comunal, delegada a ASOCOMUNAL y delegada a la red comunal del Sur Oriente Antioqueño.
(El grupo local de Amnistía Internacional arropó a Elisa Buitrago)
La comunidad fue testigo de la complicidad de miembros del Ejército Nacional en acciones ilícitas, ejecuciones extrajudiciales y comercio de material bélico con los grupos armados, entre otros. La comunidad decide denunciar estos hechos a través de las juntas de acción comunal. Por estas acciones llegan amenazas a los líderes de las juntas de acción comunal.
En enero del 2011, se produce el asesinato del primer líder comunitario; después, el 7 de abril del mismo año, asesinan al vicepresidente de la junta, y en el mes de mayo Cruz Elisa decide desplazarse con su familia a la cabecera municipal por las amenazas de las que seguía siendo víctima.
El 21 de mayo de 2011, hombres armados llegaron a la casa de uno de los campesinos que había denunciado las ejecuciones extrajudiciales y allí asesinaron a otras cuatro personas: un campesino, su esposa, la hija y el trabajador, quienes tenían signos de tortura y la joven, además, de violación. Sus cuerpos estaban degollados y quemados con ácido.
Estos hechos llenaron de pánico a la familia de Cruz Elisa y días después un capitán del Ejército Nacional llamó directamente a la activista y le preguntó por qué ella los perjudicaba realizando esas denuncias. Desde este momento empezó una campaña de desprestigio por parte de los militares, la personería y defensoría del pueblo contra los líderes de la zona, especialmente en contra de Elisa, señalándola como auxiliadora de la guerrilla y acusándola de difamar contra la fuerza pública y de mentir.
Ante la falta de una respuesta definitiva del Ministerio de Interior sobre su protección, en septiembre de 2012 Cruz Elisa Buitrago y su núcleo familiar decidieron desplazarse a la ciudad de Bogotá, con el acompañamiento de la Cruz Roja Internacional. El Ministerio del Interior les indicó que lo único que podían hacer era proporcionarles escoltas, algo que la familia de Cruz Elisa rechazó por falta de garantías.
Según información de personas cercanas a la Junta de Acción Comunal, algunos de los militares que están en prisión (en Medellín), han jurado vengarse de la familia por haberse atrevido a denunciar el caso.