Los activistas del grupo local de Amnistía Internacional (AI) han recogido este sábado firmas y mensajes de voz en la calle Real de Santa Cruz de La Palma en el marco de una campaña a nivel nacional que lleva a cabo esta organización no gubernamental bajo el lema 'Presidente Rajoy: con crisis o sin crisis las personas somos lo primero'. Mila Martín Álvarez, profesora de la Escuela Insular de Música, fue la encargada de leer el manifiesto.
La crisis económica no puede seguir siendo una excusa para recortar los derechos humanos, según denuncia Amnistía Internacional en un comunicado. Desde 2012, el Gobierno español ha puesto en marcha medidas que están teniendo un grave impacto en la vida de las personas.
“No es admisible que 870.000 personas se hayan quedado sin atención sanitaria, ni que miles de familias estén perdiendo sus viviendas. Tampoco lo es que las fuerzas de seguridad hayan maltratado a gente que se manifestaba pacíficamente contra los recortes”, asegura AI. “El presidente Rajoy y su Gobierno no escuchan lo que miles de personas les estamos diciendo: que los derechos humanos no se recortan y que con crisis o sin crisis, las personas somos lo primero”.
Por eso, Amnistía Internacional saldrá a la calle en diferentes ciudades españolas para recoger los mensajes que los ciudadanos y ciudadanas que quieran hacer llegar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre los efectos que están teniendo en los derechos humanos las medidas que su Gobierno está llevando a cabo como respuesta a la crisis económica.
“Si el presidente Rajoy no escucha, nosotros le haremos llegar los mensajes de la gente. Y hasta que nos escuche, nos tendrá que oír”, dice.
El objetivo de esta acción es exigir al Gobierno que, ante la crisis económica, anteponga los derechos humanos de las personas, en particular, en relación a la vivienda, a la salud y al derecho a manifestarse, y que no haga oídos sordos a las demandas de la gente.
Derechos vulnerados con la crisis
Derecho a la salud. Desde el 1 de septiembre de 2012, fecha en que entró en vigor el Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, 873.000 personas migrantes en situación irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria. Personas con enfermedades crónicas como el cáncer o diabetes, no tienen acceso a asistencia sanitaria gratuita. El RDL es una medida regresiva, discriminatoria y contraria a los estándares internacionales.
Diversos organismos de Naciones Unidas, han mostrado su preocupación por el impacto que las medidas de austeridad que se están aplicando en España tienen en los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud; y han recomendado a España revisar la reforma sanitaria llevada a cabo en un contexto de crisis económica, con el fin de asegurar que la asistencia sanitaria esté garantizada para todas las personas inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.
Derecho a la vivienda. Desde 2007 han sido tramitadas 400.000 ejecuciones hipotecarias. El Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada alertó, ya en 2008, después de su visita a España, sobre el número creciente de personas que hacían frente a un desahucio por mora en el pago de su hipoteca o alquiler. Advirtió que esa situación no era sostenible a largo plazo y que un mayor porcentaje de la población experimentaría problemas de pago en el futuro, lo cual podría afectar su derecho a una vivienda adecuada.
La situación de indefensión frente a los desalojos en la que se encuentran cientos de miles de personas en España es consecuencia directa de la grave desprotección de la que ha sido objeto el derecho a una vivienda adecuada. Algo que tampoco se ha abordado en la Ley 1/2013 que intenta regular los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios. Amnistía Internacional considera que es necesaria una reforma constitucional que garantice la máxima protección de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se incluye el derecho a una vivienda adecuada.
Amnistía Internacional recuerda que una de las obligaciones del Estado es no llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que tampoco los efectúen particulares ni entidades privadas. Y que ninguna persona pueda quedarse en la calle.
Derecho de reunión pacífica. Con la crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos, ha aumentado el número de manifestaciones en respuesta a las políticas y reformas legislativas. Aunque en su mayoría fueron pacíficas, en ocasiones las personas que se manifestaron recibieron golpes y patadas, y alcanzadas y heridas por balas de goma.
En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables. En los casos que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias se archivan al no poderse identificar a los agentes implicados, algo que incumple la propia normativa policial que obliga a los agentes a ir identificados. Esta situación genera un clima de impunidad frente a los abusos.
Amnistía Internacional pide al Gobierno que se investiguen los abusos policiales en estas manifestaciones y que proteja el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad.