El objetivo de recoger al menos 15.000 firmas ya está más cerca para el grupo de afectados por la erupción en La Palma que recorre el Archipiélago en busca de suficiente apoyo social para que el Parlamento canario debata la llamada Ley de Volcanes, con la que se pretende garantizar los derechos de los damnificados por catástrofes como la ocurrida en 2021 en el Valle de Aridane, indican en una nota de prensa los impulsores de la iniciativa.
El número de firmas que ha recabado ya esta comisión promotora de la iniciativa legislativa popular, señala, alcanza las 14.500, aunque el objetivo es conseguir más de las necesarias. Por ello, estos días instalará mesas con los pliegos para firmar en Gran Canaria y La Palma.
Así, se añade en la nota, este viernes 4 de agosto se recogerán firmas en la plaza de Santiago de Gáldar, de 11.00 a 18.00 horas.
El sábado 5 de agosto se trasladarán a la avenida de Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, junto a El Corte Inglés, donde permanecerán de 10.00 a 20.00 horas.
Ese mismo día en La Palma se podrá rubricar también el apoyo a esta propuesta de ley en tres lugares del municipio de Garafía: de 09.00 a 11.00 h en la estación de servicio de San Antonio, de 11.30 a 14.00 h en la plaza de San Antonio y de 17.00 a 20.00 h en la estación de guaguas de Llano Negro.
El domingo 6 la recogida de firmas continuará en Gran Canaria, concretamente en el Mercadillo de Jinámar (municipio de Telde), de 09.00 a 14.00 h. Y con ese mismo horario en el Mercadillo Municipal de Puntallana, en La Palma.
La comisión promotora, apunta, deberá entregar todas estas firmas en el Parlamento canario durante la segunda mitad de agosto, por lo que “va a apurar aún las dos semanas que aún le quedan para lograr el máximo apoyo social”.
Hasta ahora, concluye, ha recorrido numerosos puntos de La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, donde ha encontrado infinitas muestras de empatía con damnificados por la última erupción en Cumbre Vieja (19 de septiembre-13 de diciembre 2021), y de respaldo a la necesidad de aprobar una legislación que proteja y ampare a la población afectada por este y futuros desastres naturales en un Archipiélago volcánicamente activo como es Canarias.