Iniciativa de Apoyo Ciudadano dice que el Cabildo “falta al respeto” a los afectados por el volcán

Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los afectados por el volcán critica en un comunicado al Cabildo por la respuesta que le dio la institución insular al manifiesto que le entregó tras la concentración del pasado 27 de diciembre, y que califica de “escueta e indolente”. Recuerda que el citado manifiesto “fue rubricado por las diferentes asociaciones y plataformas de los municipios afectados por la erupción”.

“El enfado en la Iniciativa de Apoyo Ciudadano es mayúsculo, porque literalmente nos han hecho la cobra y han ignorado las 15 reclamaciones del documento que representa a los más de 7.000 vecinos del Valle de Aridane afectados por el volcán. En la respuesta del Cabildo, no hacen ni una sola referencia ni dan contestación a ninguno de los 15 puntos que el Manifiesto recogía. Quiero recordar que estos 15 puntos son las demandas de los diferentes colectivos de afectados que hemos identificado a lo largo del proceso de participación ciudadana impulsado por la Iniciativa en el que, junto con las asociaciones de vecinos y otras plataformas, hemos trabajado y ordenado las prioridades de los afectados que dieron forma a dicho documento. Por tanto, es indignante la falta de respeto, de humanidad y de empatía mostrada por el Cabildo hacia aquellos que han perdido su hogar, aquellos que no tienen dónde dormir o cómo pagar sus facturas por culpa del volcán. Y su arrogancia llega tal punto que pretenden enredarnos y entretenernos en reuniones baladíes, que con el marketiniano eufemismo de Escucha Ciudadana, intenta esconder sus vergüenzas y eludir la obligación legal que tiene al respecto de la participación ciudadana en los procesos democráticos, así como el derecho que nos asiste a información y a la participación en la vida democrática de nuestra isla, especialmente cuando están planificando sobre nuestra herencia y patrimonio”, asegura.

“En la respuesta, el Cabildo vanagloria a su rimbombante proyecto al que eufemísticamente denomina Revivir el Valle, de Intervención Comunitaria para la Resiliencia Social, que cuenta con 400.000 euros de presupuesto, y que parece sacado del perfecto manual de propaganda para despistar al afectado. La sociedad palmera tiene que conocer que estas reuniones dejan fuera de la participación al afectado, ya que resultan ser una entrevista tan solo a una pequeña muestra estadística de los vecinos, a los que entrevistan en unas reuniones preparadas para tomar nota de lo que quieran contar pero que no buscan en absoluto la complicidad o la participación e implicación de estos en las soluciones. Y como muestra evidente de ello, seguimos enterándonos a través de la prensa de las ocurrencias que tienen los funcionarios y políticos de las diferentes administraciones para la recuperación del Valle, nuevamente sin contar ni consultar a los afectados. Entre otras los 10 millones en desaladoras para regar fincas secas, el teleférico para visitar las lavas, las casas de madera sin cimentación de Los Llanos o el embarcadero de emergencia de La Bombilla”, detalla.

“Transmiten la sensación de que ya está todo el pescado vendido y que tienen un plan muy claro definido desde el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma para apartar al ciudadano del proceso de reconstrucción, convirtiendo al afectado en un testigo incómodo de lo que pretenden hacer y a quienes pretenden beneficiar negándole por tanto sus derechos ciudadanos. Y la cuestión es que ya no estamos hablando de las legítimas reclamaciones de los que lo perdieron todo, durante estos últimos días hemos visto a agricultores, empresarios, comerciantes, pero también a alcaldes, que tras reuniones con el Cabildo y el Gobierno de Canarias están alzando la voz en los medios de comunicación ante las ocurrencias y la falta de ayudas reales que ayuden a resolver los desafíos del momento o reclamando criterios claros de actuación y de participación. Y que todo ello es una clara muestra de que ni tienen iniciativa, ni entienden la profundidad de la catástrofe, ni saben qué hacer por recuperar a la sociedad y la economía de La Palma”, afirma. “Por eso, y ante la vergonzante respuesta del Cabildo de La Palma que agrava el trato del afectado en los más de 122 días, 4 meses, con escándalos en la gestión de las donaciones o en las soluciones habitacionales, hemos decidió actuar sin más dilación y por ello la Iniciativa Ciudadana quiere dejar clara su postura al respecto de la definición y concepto del término participación ciudadana que defendemos desde nuestra posición de afectados”, añade.

“La Palma tiene un elevado grado de participación ciudadana en el ámbito social fruto de la lejanía demostrada por la administración desde hace años, pero agravado muy especialmente por la catástrofe del volcán y de cómo la administración está gestionando la crisis. Como resultado, los vecinos siempre nos hemos apoyado entre nosotros para defender los intereses comunes a través del asociacionismo. Quiero recordar que el ciudadano palmero se siente en un 57% ‘nada o poco satisfecho’ respecto al funcionamiento de los servicios públicos del Cabildo de La Palma, lo cual ha creado desafección de la política insular en la que el ciudadano manifiesta que el 67% tiene ‘poco o nada de interés’ en la política local palmera. Este hecho contrasta con la alta participación de los ciudadanos en organizaciones de apoyo social o de ayuda a otros en las que están alrededor de los 30%, mientras que los de la política se encuentran sobre los 9% según los propios datos del Gobierno de Canarias del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Por tanto, La Palma es sin duda una sociedad fallida en materia de gestión política y en el impulso de las administraciones de la participación ciudadana en los asuntos públicos, y por ello el ciudadano no ha tenido otra opción que organizarse para resolver sus problemas”, sostiene. 

La Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los afectados reivindica “la participación, comprometida, responsable y transparente en todos los procesos que debemos abordar como sociedad en la reconstrucción de La Palma. Pero además, creemos y nos amparamos en la Constitución y en la Ley, y por eso no vamos a permitir en absoluto dejar a nadie atrás y por tanto vamos a reclamar en las más altas instancias del Estado lo que es de justicia para el ciudadano de La Palma y en especial para los afectados, y por esto exigimos la intervención de las personas afectadas, así como de las entidades ciudadanas que los representamos, de la sociedad civil, de los empresarios, los sindicatos y las organizaciones en la gestión y en la salvaguarda de los intereses generales de la isla especialmente en el contexto del volcán”, subraya.

“Exigimos que se nos reconozca el derecho a intervenir en la gestión de los asuntos de interés insular, ejerciendo el derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información de los planes y planteamientos, a tener y plantear iniciativas, a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias, a la audiencia pública en dichos planes, así como a plantear consultas populares y a intervenir en las sesiones de los órganos colegiados del Cabildo, tal y como la Ley nos ampara. Y el Cabildo deberá tomar nota y hacerlo junto con los afectados, y no al margen de estos”, apunta.

Alexis Hernández, portavoz del colectivo, manifiesta “que la participación del afectado no puede resumirse a reuniones dirigidas por consultores en nombre del Cabildo en las que todo se resume a tomar notas de lo que allí se dice ya que esto nos hurta el derecho democrático a la participación ciudadana, y que al hacerlo el Cabildo está contraviniendo a la Ley y el Reglamento, y que por tanto desde la perspectiva del empoderamiento ciudadano, el afectado y sus representantes deben participar activamente en todo el proceso aportando ideas antes del inicio de cualquier plan que nos pudiera afectar en el futuro de la reconstrucción, participando en la configuración de estos, votando el desarrollo del proyecto o norma, revisando la información sobre el avance del mismo y teniendo información sobre la planificación, los informes que avalan dichas decisiones, los órganos y departamentos que participan en las mismas”.

“Nuestros asesores jurídicos nos han mostrado el camino y aconsejado que nos amparamos en la Constitución Española y sus artículos 9 y 105, las Leyes de Transparencia, el Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Gobierno de España y la del Gobierno de Canarias, en La Ley de Fomento a la Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, la Ley de Cabildos Insulares, en el Reglamento de Participación Ciudadana del Cabildo de La Palma y el Real Decreto del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y, por lo tanto, vamos a exigir hasta las más altas instancias todos aquellos derechos que la Constitución, la Ley y el Reglamento nos garantiza en la defensa de nuestros intereses como afectados”, asegura.

“Anunciamos además, la recogida de firmas entre las asociaciones, los afectados, los empresarios y cuantos colectivos y ciudadanos deseen unirse a la petición de justicia y de reconocimiento de dichos derechos, y que dicha demanda será registrada en los próximos días ante los diferentes ayuntamientos, el Cabildo de La Palma y del Gobierno de Canarias por ser ellos los órganos que están adoptando decisiones al margen de los afectados, así como remitirlo al Defensor del Pueblo para incorporarlo en la denuncia de desamparo por parte de las administraciones, todo ello para garantizar que se dan los procesos de participación, en la forma y en el fondo, previstos en la normativa legal de nuestro país, y de sus procedimientos administrativos” ha concluido“, prosigue.

“Y recordamos a la ciudadanía que el próximo 24 de enero hemos convocado una segunda concentración, que por responsabilidad ciudadana ante la pandemia y su incidencia en nuestra Isla la vamos a realizar mediante una caravana de vehículos que cuenta con las correspondientes autorizaciones, que partiendo de Los Llanos de Aridane iremos todos juntos al Cabildo de La Palma para reclamar nuestros derechos constitucionales y democráticos, y ejercer nuestro derecho a la participación en las decisiones públicas que nos afectan. Y por ello anunciamos que vamos a reclamar por escrito la creación del Consejo Sectorial de los Afectados por el Volcán y para la Reconstrucción de La Palma, que deberá dar cabida a los diferentes colectivos sociales, empresariales y económicos que representan a los afectados y al tejido económico palmero afectado por el volcán, y que a su amparo se constituya el grupo de trabajo específico conjunto para la elaboración de la agenda de reconstrucción económica y social del Valle de Aridane, y de la Isla de La Palma en su conjunto”, concluye.