La comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para aprobar en Canarias una Ley de Volcanes ha registrado este viernes en el Parlamento un total de 19.177 firmas de apoyo para poder iniciar su tramitación en la Cámara -se exigía un mínimo de 15.000-.
El portavoz, Juan González, ha detallado a los periodistas que se trata de un día “muy significativo” tras un trabajo de más de tres meses recorriendo todos los municipios de Canarias en busca de apoyo para “una ley distinta, que parte del pueblo”.
Ha resaltado la “solidaridad” de los canarios que han entendido la necesidad de esta ley, no solo para La Palma, sino para atender mejor futuras erupciones en el Archipiélago, y ha tildado de “bastante gratificante” la respuesta de los jóvenes.
González ha apuntado que ahora corresponde al Parlamento seguir el trámite, y el objetivo de la plataforma es que “se vote pronto” y se haga por unanimidad, con una fecha marcada en el calendario, el próximo 13 de diciembre, día en que el volcán Tajogaite cesó su actividad.
En esa línea ha dicho que han hablado con todos los grupos, algunos han recibido la ILP “con tibieza, otros con más interés”, y algunos incluso han 'rechinado' porque pensaban que no se iban a lograr las firmas, pero ha dejado claro que la futura ley de volcanes “es una herramienta de todos, no es de nadie y se puede mejorar”.
Ha dicho también que el texto tiene “el visto bueno” del Consejo Consultivo y ahora falta que las firmas validadas por la Diputación del Común y que se cree una comisión, con representantes de todos los grupos parlamentarios, para tramitarlo.
“Si se quiere, en diciembre sería ideal”, ha destacado, ironizando con que si se hacen más comisiones parlamentarios los diputados “cobran un poquito más” por lo que entiende que al 13 de diciembre, un día simbólico para los afectados, se puede “llegar con tranquilidad”.
Como principios básicos de la ley ha destacado que introduce el carácter retroactivo para todos los afectados, “blinda” sus derechos sociales y económicos, garantiza que todos los bienes perdidos se restituyan “en justo precio” y que mientras se espera por la recuperación total de la Isla, las personas deben tener un “sitio digno donde vivir”, y no en “garajes, casas de hierro y de madera”.
González ha admitido que en la futura ley no caben aspectos que no sean competencia de la comunidad autónoma y ha puesto como ejemplo las expropiaciones, que dependen del Estado, por lo que habrá que negociar en las Cortes para que se logren indemnizaciones por los “precios reales”.