El viceconsejero de Justicia del Ejecutivo canario, Pedro Herrera Puentes, ha asegurado este viernes en la inauguración en Fuencaliente del IX Congreso del Consejo Canario de Procuradores que “si se plasma adecuadamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se agilizarán los trámites procesales”, eso sí, subrayó “debiéndose evitar el incremento de los costes del proceso para el ciudadano medio, quien hoy ya soporta las perniciosas consecuencias de las vigentes tasas judiciales”, informa el citado departamento del Gobierno regional en un comunicado. El simposio, en concreto, se desarrolla en el hotel Princess.
Durante el acto de apertura el congreso, que este año aborda las aplicaciones telemáticas a las funciones de la Procura, el viceconsejero resaltó el nuevo papel del procurador tras las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia y que afectan directamente al ejercicio propio de su actividad.
En tal sentido, señaló que con la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los procuradores verán reforzadas las competencias profesionales y se les conferirá la condición de agentes de la autoridad cuando expresamente sean comisionados para la realización de tales actos, siempre bajo las directrices del secretario judicial y sometidos al control del tribunal correspondiente. Esto producirá, si se ejecuta correctamente, “una significativa mejora del servicio público de la Justicia ya que ayudará a agilizar los trámites procesales”, garantizó.
Asimismo, destacó “lo llamativo” que resulta que dentro de estos cambios en la Administración de Justicia, “el Gobierno estatal haya presentado esta pretendida reforma cuando el Ministerio de Economía se halla inmerso en la modificación de Ley de Servicios Profesionales, con la que pretende liberalizar profesiones a instancias de Europa y que podría asestar un duro golpe a los procuradores puesto que el borrador que se conoce elimina las incompatibilidades de estos profesionales con los abogados”.
“Es cierto que el marco normativo de la colegiación profesional es obsoleto, su regulación es excesiva y, en cierto modo, es conflictivo y confuso”, afirmó el viceconsejero de Justicia, pero “compartimos la idea de establecer un marco normativo común y más simplificado, respetando los distintos ámbitos de actuación profesional ya que no conviene mezclar profesiones ni funciones profesionales”, añadió.
En cualquier caso, aclaró, no se debe obviar que las pretendidas reformas sólo son anteproyectos de leyes, que deben ser objeto de una profunda valoración y reflexión antes de pasar a ser proyectos definitivos y finalmente leyes.
Finalmente, Herrera Puentes precisó que “son necesarias reformas que ayuden a modernizar nuestro obsoleto sistema de administración de Justicia”, una labor que “hay que ejecutarla con solvencia y preservando el derecho a la tutela judicial efectiva para que todas y todos podamos contar con un servicio público operativo y funcional, que se caracterice por su homogeneidad, interoperabilidad y eficacia”, concluyó.