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27 leyes en una

Los consejeros de Política Territorial y de Economía y Hacienda del Gobierno de canarias, Domingo Berriel (i) y Javier González Ortiz. EFE/Cristóbal García

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife —

Con la ausencia de los cabildos, que protestaban así en la sede del Legislativo por el trato que reciben del Ejecutivo canario, el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, defendió el proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que supone la modificación de 27 leyes vigentes para actualizarlas y simplificarlas.

Un texto que, a falta de la opinión directa de los cabildos, ha sido contestado por los grupos de la oposición por entender que el mismo afecta a demasiadas leyes, lo que unido a su tramitación por el procedimiento abreviado, hace “difícil” las tareas de control por parte del PP y del Mixto.

Así lo aseguró el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, al denunciar “una pésima forma de legislar cambiar 27 leyes heterogéneas de una tacada”, toda vez que las modificaciones afectan a normas de Hacienda, ganadería, agricultura, alimentación, transporte políticas de igualdad y de juventud y función pública.

Al respecto, González Ortiz aseguró que unificar en una sola ley distintas reformas es perfectamente constitucional “y una forma tan legítima como la que hacen otros gobiernos aprobando decretos-ley todos los viernes”, en referencia al Ejecutivo central.

Se escucha a los cabildos

El consejero también negó que se cree indefensión jurídica al aglutinar varias legislaciones y, en contestación al conservador Jorge Rodríguez, aseguró que “dos modificaciones propuestas por el Cabildo de Gran Canaria han sido introducidas en el proyecto”.

“Se demuestra que, al contrario de lo que se dice, el Gobierno hace caso a los cabildos y los escucha”, toda vez que el portavoz conservador había asegurado que el Ejecutivo “ha marginado” a las corporaciones insulares en la elaboración de la ley.

Entre otros cambios, el texto pretende agilizar la planificación y distribución de trabajadores entre las distintas áreas del Gobierno regional y rebajar las sanciones en la normativa de transporte por carretera, así como endurecer régimen sancionador para infracciones relacionadas con el tabaco.

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