El alcalde de La Laguna pide a Defensa que se ajuste su actuación en Las Canteras y Las Raíces a la legalidad urbanística

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha remitido este jueves una carta al Ministerio de Defensa sobre la intención del Gobierno de habilitar los acuartelamientos de Las Raíces y Las Canteras para el alojamiento de 1.450 y 1.800 personas migrantes respectivamente, una información de la que la Corporación “solo ha tenido noticia por los medios de comunicación”, como ha señalado el dirigente en el escrito.

El alcalde ha visitado este viernes, junto al concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, las instalaciones del acuartelamiento de Las Canteras, tras haberse reunido el pasado lunes con los representantes vecinales y después de que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo examinaran las actuaciones que se están llevando a cabo en el recinto.

En su escrito dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el alcalde insta al respeto de las competencias municipales y recuerda que todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento han firmado recientemente un acuerdo institucional en materia de inmigración “en la que se reafirma el compromiso del municipio como lugar abierto y de acogida”.

Según la alcaldía, desde el mes de junio, se comunicó a la Administración del Estado la disposición solidaria de La Laguna para la acogida de personas migrantes, ofreciendo diversas alternativas de alojamiento, como señala el Consistorio en el comunicado.

Además de ello, el Gutiérrez expresa la disposición del Gobierno municipal a legitimar, utilizando un procedimiento contemplado en la legislación canaria del suelo, las actuaciones previstas “en el caso de que no fueran conformes a la ordenación urbanística del municipio de La Laguna, mediante una autorización para usos y obras provisionales”. Todo ello, “siempre que se enmarque dentro un programa de acogimiento de personas migrantes basado en su distribución entre los municipios canarios, con arreglo a los mismos principios de equidad y solidaridad que vienen demandando las autoridades canarias respecto al conjunto del territorio del Reino de España y de la Unión Europea”, ha recalcado el edil.

La carta recuerda que el ordenamiento jurídico prevé y regula este tipo de situaciones, en las que la Administración General del Estado pueda necesitar realizar intervenciones en el territorio por razones de urgencia o excepcional interés público. La legislación básica estatal sobre el suelo establece la necesidad de remitir previamente al Ayuntamiento el correspondiente proyecto para que, en el plazo de un mes, la Administración Local informe sobre su conformidad o disconformidad con la ordenación urbanística en vigor.

“Por tanto, en la medida en que según lo dispuesto en los artículos 97 y 103.1 de la Constitución Española, el Gobierno y la Administración Pública deben actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes, por lo que instamos a la Administración General del Estad a que se respeten los procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para legitimar la actuaciones difundidas por los medios informativos, en el caso de que efectivamente vayan a realizarse”, se recoge literalmente en el escrito enviado a Robles.

Además, el alcalde recuerda en la nota que “la legislación urbanística de la Comunidad Autónoma de Canarias prevé la posibilidad que los ayuntamientos del Archipiélago otorguen autorizaciones para usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, tratándose en este caso de licencias de carácter no reglado”.