Alioune* (nombre ficticio) llegó al puerto de Los Cristianos, en Tenerife, el 28 de octubre de madrugada. A bordo de su cayuco viajaban más de 200 personas y el cadáver de un niño de 13 años. Durante la travesía habían fallecido otros diez migrantes. Al pisar tierra firme aseguró que tenía 16 años y que había nacido en Gambia. Sin embargo, durante su filiación Alioune fue registrado como un ciudadano senegalés de 20 años. Dos días después de llegar a Canarias, el joven fue ingresado en prisión provisional y sin fianza acusado de homicidio imprudente y de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
En prisión alertó de que era menor de edad y aportó una partida de nacimiento. La prisión trasladó el certificado al Juzgado y la Fiscalía ordenó que se le practicara una prueba de determinación de la edad. “Él relata que lo sacaron de prisión diciéndole que iban al médico, pero no le explicaron para qué. Tampoco tenía intérprete”, cuenta su abogada, Sara Rodríguez.
La única prueba que se le realizó a Alioune fue una radiografía de la mano. El informe forense al que ha tenido acceso este periódico tampoco aporta una horquilla de edad, como es habitual en estos casos. El documento concluye que “el explorado tiene una edad ósea superior a los 18 años”. Además, añade que “en el estado actual de la ciencia”, “no es posible establecer con certeza absoluta una correspondencia directa entre la edad radiológica y la edad cronológica real”.
El gambiano sigue en prisión, aunque su abogada ha solicitado que sea puesto en libertad. “Propuse que lo trasladaran a un dispositivo localizado de una entidad de acogida de menores o que se aplicara cualquier otra medida que no fuera la prisión”, narra la letrada. Sin embargo, amparándose en el informe médico, denegaron la petición.
Rodríguez ha recurrido la resolución en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pero sigue esperando la respuesta.
Mientras tanto, Alioune sigue en prisión, donde el resto de reclusos lo conocen como “el niño”. “Las entidades especializadas en infancia siempre recomiendan que se haga un estudio holístico de la persona. En este caso, físicamente es evidente que se trata de un niño, y también en su grado de madurez y en su forma de hablar”, afirma la abogada.
A pesar de que en la travesía perdieron la vida once personas, entre ellas un niño de trece años, Alioune no ha recibido asistencia psicológica, según su abogada. Por el contrario, ingresó en prisión 48 horas después de llegar a las Islas. Su abogada recuerda, además, que los supervivientes alcanzaron Tenerife en malas condiciones de salud.
Al llegar a tierra firme, más allá de la asistencia de Cruz Roja, los recién llegados son interrogados por la Policía Nacional y por Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas). El Defensor del Pueblo ya ha puesto en cuestión estos interrogatorios que se dan sin presencia de abogados. Las entrevistas “se realizan mientras la persona acaba de llegar por vía marítima, en condiciones de peligro y vulnerabilidad”, insiste el Defensor del Pueblo.
Alioune no es el único joven que ha luchado desde prisión por probar su minoría de edad. El pasado 14 de marzo, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la puesta en libertad de un menor senegalés que llevaba 82 días en la cárcel de Gran Canaria acusado de ser patrón de su patera. La Audiencia concluyó que los resultados del informe médico forense realizado para determinar su edad casaban más con “una posible minoría de edad que con una certeza de que el sujeto fuera mayor de edad”.