Farhana Mahamud y la lucha contra la vulneración de derechos: “Las leyes de extranjería se deben actualizar”

Las personas migrantes no pueden estar retenidas más de 72 horas. Sin embargo, se trata de un máximo legal de privación de libertad que se ha vulnerado en esta crisis migratoria en Canarias. Farhana Mahamud es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC) y abogada especializada en Extranjería. Explica que personas migrantes a las que ha asesorado en estos meses en Gran Canaria no disponían de esa información ni conocían otros de sus derechos fundamentales, por lo que considera que hay que mejorar la información que se transmite a estas personas y que sea adaptada a su idioma. “Existe mucha confusión entre ellos, piensan que si se marchan pasados tres días podrán tener problemas después para quedarse en el país”. También desconocen otros derechos como quiénes pueden pedir protección de asilo, como es el caso de las personas llegadas de Malí, país que se encuentra sumido en un conflicto bélico. Pero no es el único motivo por el que puede solicitarse esta protección. Uno de sus representados, recuerda, solicitó el asilo porque sufría una amenaza por parte de un familiar. La petición es posible que venga denegada, pero “hay que darles las herramientas para que ejerzan sus derechos”, apunta. 

¿Se han vulnerado otros derechos en esta crisis migratoria? La abogada tiene claro que además de la falta de información y recursos, la separación de madres de los menores nada más llegar a las Islas por el protocolo seguido por la Fiscalía fue un claro ejemplo de ello, a pesar de que se haya solucionado. No obstante, insiste en que la escasa información al llegar a las Islas repercute también en que se ralentice la resolución para determinar que una persona es menor de edad o no. En otros países, la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, de ahí la confusión que se genera cuando se les pregunta a su llegada si son o no mayores de edad. Este es un aspecto que se desconoce, al igual que otros puntos del ordenamiento jurídico. “Que estén asistidos por un letrado y tengan presente un intérprete es fundamental, porque la barrera idiomática imposibilita muchas veces la comunicación”, destaca la jurista, que en su caso sí puede comunicarse en árabe, francés o inglés. 

“El dicho de que la información es poder es totalmente cierto”, insiste. Otra duda que asalta a las personas migrantes son los plazos para la paralización de la devolución. Farhana Mahamud señala que, una vez que se presenta un recurso, no quiere decir que el proceso de deportación haya quedado inmediatamente paralizado. Que puedan ser devueltos a sus países de origen tras un largo y arriesgado viaje, en el que han dejado atrás familia, amigos, sueños y que ha supuesto un gran coste económico, es el mayor temor al que se enfrentan las personas migrantes. Viven con el miedo de decir o hacer algo por lo que sean devueltos. “Cuando les preguntan:¿pagaste por tu asiento en la patera? tienen miedo de contestar, porque no saben si les beneficia decir que sí o que no”. 

Farhana Mahamud condena el hecho de que la policía haya vinculado inmigración con delincuencia al afirmar en sus solicitudes de internamiento en los CIE que “los inmigrantes que quedan en libertad y no disponen de recursos acaban delinquiendo para subsistir”. “No se puede generalizar de esta manera, lo condeno y no es cierto”, aclara. Recuerda que lo mismo ha ocurrido con los bulos sobre menores extranjeros no acompañados, por lo que sostiene que los medios de comunicación son el puente para cambiar esta percepción en la sociedad. A su juicio, se está generando una “alarma” sobre la inmigración que es “errónea” ya que la persona que tiene el problema es la que emigra, porque ha dejado atrás su vida y las condiciones con las que se encuentra son muy difíciles a su llegada. 

El duro proceso para regularizar la situación administrativa

¿Cuál es el proceso para conseguir regularizar la situación? La abogada se ha especializado en asuntos de extranjería desde que acabó su carrera universitaria en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las cuestiones que defiende que habría que actualizar es que las leyes de extranjería se adapten a la situación real, “que estén fundamentadas desde la declaración de derechos humanos y no en base a intereses”, añade. Actualmente, para que una persona en situación administrativa irregular pueda obtener la residencia, primero tiene que demostrar su arraigo, es decir, que ha estado viviendo tres años en España, algo que debe demostrar con el sello del pasaporte, su empadronamiento y otros documentos, así como un informe de arraigo que elabora el Gobierno regional. Durante ese período no puede trabajar con contrato por no tener su situación regularizada, por lo que estas personas en general se ven abocadas a la economía sumergida con trabajos precarios. En esos tres años, además, se enfrentan al constante miedo de que pueden ser expulsadas si la policía requiere su documentación en la calle. Otro de los duros requisitos que se piden es el de presentar una oferta de precontrato de un año, algo que dada la situación de crisis económica se hace aún más difícil. La abogada también matiza que otro aspecto complicado es el de la reagrupación familiar, para lo que asegura que se imponen muchas trabas. 

Los argumentos expuestos por Farhana Mahamud desmontan además los bulos sobre la posibilidad de que los migrantes puedan recibir más ayudas que las personas nacidas en España o nacionalizadas. La crisis desatada por la pandemia ha golpeado a las familias migrantes que ya vivían en las Islas y, por ello, desde AMAC se desarrolló una iniciativa durante el confinamiento para hacer llegar compras de alimento a unas 250 familias africanas que no tenían medios ni ayudas para subsistir. Desde la asociación además se lucha por el empoderamiento de las mujeres africanas, su formación y la difusión de la cultura diversa de cada uno de los países del continente. 

La abogada, que también es presidenta de la asociación cultural Silvestre de Balboa, insiste en que a esta crisis migratoria se le está dando la misma respuesta que ante la llegada de pateras el año anterior, cuando la cifra fue mucho menor. “Una situación extraordinaria requiere de una respuesta a la altura, de una respuesta clara, directa y adecuada”, afirma. Así mismo, añade que las familias deberían disponer de una plataforma oficial mediante la que puedan contactar para conocer si su familiar ha llegado a tierra y está bien. Hay organizaciones que lo hacen, pero se colapsan, por lo que sería necesaria una plataforma oficial. “No se le puede reprochar a una persona el hecho de migrar, y menos si se trata de una migración forzada, como es el caso”, concluye.