El Gobierno de Canarias alojó a 140 menores migrantes en el campamento de Las Raíces, en Tenerife. Este centro es un dispositivo para adultos gestionado por la ONG Accem y con capacidad para más de 2.000 personas. El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, ha reconocido este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que su gobierno solicitó a la Fiscalía permiso para poder utilizar estas instalaciones ante la falta de ''espacio físico'' para alojar a todos los niños y adolescentes que han llegado a las islas en los últimos meses y que están bajo la tutela de la comunidad autónoma.
Según Clavijo, estas medidas se han tomado para dar respuesta a las llegadas ante la falta de solidaridad del resto de comunidades. Después de las llegadas de los últimos días, Canarias tutela a más de 5.500 niños y adolescentes que han llegado solos al Archipiélago en pateras y cayucos.
En octubre de 2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordó, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, la distribución por la Península de 347 menores llegados a Canarias. A pesar de este pacto, desde junio hasta la actualidad no se ha producido ninguna derivación a otras comunidades, según fuentes del Gobierno canario.
Canarias ha presentado al Gobierno de España una propuesta de reforma legislativa para agilizar el reparto de menores no acompañados, con el objetivo de que las derivaciones no dependan de la solidaridad de las autonomías, sino que sean obligatorias.
Según ha podido saber este periódico, los menores tutelados por el Gobierno de Canarias y atendidos en Las Raíces están en instalaciones separadas de las carpas donde viven los adultos y reciben una protección y una atención especializadas por ser menores de edad.
Menores reseñados como adultos
Sin embargo, en noviembre de 2023, Amnistía Internacional advirtió de la presencia de menores también entre los adultos. Estos casos son diferentes, ya que se trata de personas que han sido reseñadas como adultos y pasan al sistema de acogida como mayores de edad, quedando fuera del sistema de protección y de acogida del Gobierno de Canarias. Después de una visita a Tenerife y El Hierro, la organización identificó a al menos una docena de personas de entre 15 y 17 años en Las Raíces.
Amnistía Internacional insistió en que todas estuvieron bajo custodia policial después de llegar a las islas, ''permaneciendo varios días detenidas'' junto a personas adultas en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde los migrantes pasan un máximo legal de 72 horas. ''No habían recibido ningún tipo de medida de protección adicional según obliga el derecho internacional de los derechos humanos'', denuncian.
Cuando las organizaciones responsables localizan a un menor en un campamento para adultos se ponen en contacto con la Fiscalía de Extranjería, tal y como explica la fiscal Teseida García. ''Hay que valorar la documentación que tengan“, señaló García en una entrevista concedida a este periódico.
“Siempre llamamos a los menores, los escuchamos y les preguntamos por esos documentos. Valoramos incluso las fotos que les mandan a los teléfonos móviles. La prueba médica es siempre la última opción”, añade. En cuanto a la realización de estas pruebas, García asegura que las listas de espera son ''normales teniendo en cuenta la cantidad de personas que hay“.
García recuerda que el decreto de determinación de la edad es “provisional”. “El problema al que se va a enfrentar la comunidad autónoma será la revisión de los decretos. Cuando estos niños empiecen a presentar papeles hay que reabrir los decretos y valorar todas y cada una de las pruebas”, subraya la fiscal.
La fiscal de Extranjería también es partidaria de que se agilicen los traslados a la Península, pero insiste en la importancia de determinar en Canarias la edad de todos los menores antes de reubicarlos. “Si no, sería un desastre. Si los mandamos sin la edad determinada pierden totalmente la protección porque los perdemos de vista”, apunta.