El Gobierno canario acata el fallo del Constitucional sobre el protocolo de menores migrantes y dice que no le coge “por sorpresa”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha dicho este martes que el Ejecutivo acata el fallo del Tribunal Constitucional que confirma la suspensión cautelar del protocolo autonómico de menores migrantes no acompañados. “La decisión del tribunal no nos ha tomado por sorpresa, porque parte de una discusión jurídica de amplio calado y que tendrá su recorrido en el tiempo”, ha comentado en una comparecencia ante el Pleno del Parlamento.

Delgado ha señalado que el protocolo “es un copia y pega del protocolo marco” que es de obligado cumplimiento y en cualquier caso, ha comentado que su Ejecutivo va a seguir “insistiendo” en que el Estado cumpla con la Constitución y garantice la solidaridad interterritorial.

La consejera dice que “ahora se está recibiendo mejor que antes” a los menores extranjeros y de la reunión que mantuvo la semana pasada con la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, y la fiscal de menores, destacó que la atención “era muy óptima” con algunas “pequeñas disfunciones” y pese a la “presión” que soporta el archipiélago, con unos 5.300 menores bajo tutela.

“Evidentemente, nosotros somos los primeros que ante una situación de posible maltrato, lo llevamos a Fiscalía, y de hecho, los cuatro casos que asumió la Fiscalía son casos presentados por la Dirección General de Infancia y Familia”, ha señalado.

Delgado ha insistido también en que “ningún niño, joven, niña ha dejado de ser atendido” por los servicios de protección pues esa es una de las “principales preocupaciones” del Gobierno, que “ha priorizado agendas” para hacer frente a una “crisis humanitaria sin precedentes”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PP), que actualmente ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno en su impugnación el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados segundo, tercero y sexto desde el día 26 de septiembre de 2024, fecha de interposición de la impugnación. Se trata de apartados que ya la Fiscalía había señalado como inductores de un posible delito de abandono a los menores.