La ‘nave de la vergüenza’ de Lanzarote, el símbolo de las vulneraciones de derechos a migrantes en 2021

Una nave industrial de Arrecife se convirtió en 2021 en un espacio para alojar migrantes. Dos años después, este recinto figura como uno de los ejemplos de las vulneraciones de derechos que sufren los migrantes en las fronteras de España. Las entidades Irídia y Novact han presentado esta semana en Canarias el informe Vulneración de derechos humanos en la Frontera Sur del Estado español. “Vimos cómo hombres y mujeres dormían en el suelo, sin apenas baños y duchas y rodeados de aguas fecales cuando llovía”, recordó la presidenta de la Red de Solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote, Laetitia Marthe. 

El Defensor del Pueblo ordenó al Ministerio del Interior el cierre inmediato de esta nave, por no cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad ni de salubridad. Los migrantes, después de llegar a puerto, eran detenidos en este establecimiento, que funcionaba como CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros). El espacio fue sustituido por un campamento de 200 plazas junto a la comisaría de Policía Nacional de Arrecife. 

Sin embargo, este nuevo espacio tampoco reúne las condiciones necesarias para ser un lugar digno. El informe de Irídia relata que en 2022 el CATE se inundó por lluvias. “En abril de 2022, 38 personas marroquíes que estaban detenidas en este CATE fueron trasladadas a la zona de rechazados del aeropuerto, donde pasaron la noche tumbadas en el suelo, a la espera de un vuelo para su traslado a la isla de Gran Canaria”, denuncian las entidades.

Espacios improvisados 

Los CATE están distribuidos por todo el Archipiélago, y en ellos los migrantes pueden pasar un máximo de 72 horas. El informe reconoce mejoras en el CATE de Barranco Seco, donde las tiendas de lona fueron sustituidas por módulos prefabricados. Mientras tanto, critica los centros de primera atención de El Hierro, Fuerteventura y La Gomera. “No cuentan con instalaciones permanentes, sino que se establecen como CATE espacios no habilitados, como pueden ser naves industriales o instalaciones deportivas precarias”, reza el documento.

Es el caso del polideportivo de San Andrés de El Hierro, donde las más de 11.000 personas que han llegado a la isla este 2023 han estado custodiadas por la Policía Nacional.  En esta línea, el informe advierte que, salvo en la isla de Lanzarote, Canarias no cumple con la recomendación del Defensor del Pueblo de que los menores de edad, las mujeres embarazadas o las personas que quieran solicitar protección internacional no sean detenidos después de sobrevivir a la ruta. 

“Muchas de las vulneraciones que se producen en los CATE están relacionadas con el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, el derecho al acceso a la información y al asilo”, denuncia el informe. Irma Ferrer, abogada de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Lanzarote subrayó en la presentación del informe que estos episodios se repiten en la emergencia humanitaria actual. 

Según la letrada, algunos compañeros de profesión firman las órdenes de devolución sin siquiera entrevistarse con sus clientes. A pesar de que las personas migrantes no han cometido ningún delito, sino una infracción administrativa al entrar de manera irregular en España, su asistencia letrada tiene menos garantías “que las de un ladrón o un violador”, asegura Ferrer. 

En los últimos meses, la Comisión de Extranjería de la que forma parte Irma Ferrer ha conseguido algunos logros. Entre ellos, que las entrevistas con las personas migrantes pasen a ser en grupos de máximo seis personas. Antes, los encuentros eran con más de una veintena de supervivientes. Este elevado número de personas dificultó las atenciones personalizadas y la detección de perfiles vulnerables. “Esta vulneración afecta sobre todo a mujeres y a personas de diversidad sexual y/o de género”, apunta el informe. 

La investigación denuncia que en los CATE también se realizan interrogatorios a los migrantes sin asistencia letrada “con el objetivo de obtener información sobre el tráfico ilícito de personas, trata de seres humanos y terrorismo, por parte de funcionarios de la Policía Nacional y agentes de Frontex”. Estos interrogatorios suponen, según las entidades, “una vulneración grave de los derechos fundamentales”. En especial, del derecho a la asistencia de abogados de los detenidos cuando están bajo custodia policial. 

En la presentación de este informe, la abogada especializada en Extranjería Loueila Mint El Mami exigió vías legales y seguras para evitar que las personas migrantes continúen muriendo intentando llegar a Canarias. “Han muerto más de 8.000 personas en el Atlántico”, apuntó. “El pasaporte verde africano de los que llegan no vale nada, pero sí valen los recursos que saqueamos de sus países”, concluyó.

Órdenes de devolución caducadas

Canarias cuenta en la actualidad con dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. En estos espacios las personas migrantes esperan a que se ejecute su orden de devolución. La Justicia ha establecido que estas órdenes caducan si no se ejecutan en un máximo de 60 días en los que los migrantes están en los CIE.

Sin embargo, según el informe, ''se han seguido dando internamientos en el CIE y expulsiones desde comisaría sin tramitar expedientes de expulsión, sino en base a órdenes de devolución meses después de su interposición y de la puesta en libertad de la persona''. Según las entidades, estas prácticas suponen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Respecto al acceso a la asistencia letrada en el CIE, la investigación revela dificultades en el acceso a las personas detenidas por parte de los abogados y abogadas ''en condiciones dignas''. En el momento de la redacción del texto, en el CIE de Barranco Seco los abogados solo podían entrar hasta el patio, haciendo su trabajo ''al aire libre y sin privacidad''.

En mayo de 2022, en el centro de internamiento de Barranco Seco se produjo una huelga de hambre de tres días. ''Fue un acto de protesta por la falta de acceso a la asistencia sanitaria, por las malas condiciones de la comida y la falta de respeto a los horarios para poder hacer el Ramadán, así como para denunciar situaciones de maltrato y vejaciones''.

En marzo de 2022, según el informe, se retomaron las deportaciones a Marruecos. Desde entonces, ''las deportaciones se han llevado a cabo con expulsiones de 20 personas a la semana, en los que han sido llamados vuelos comerciales especiales''. Loueila Mint recuerda que una de las empresas que más se enriquece con “el negocio de las fronteras” es Royal Air Maroc, que ejecuta estos vuelos de deportación hasta El Aaiun, en el Sáhara ocupado.