El Hierro y Tenerife se han convertido en el punto de llegada de miles de personas que intentan alcanzar Canarias en cayuco. En estas embarcaciones precarias viajan cientos de niños y adolescentes sin familia. Sin embargo, poco queda del tapón que atravesó el Archipiélago en 2020 para determinar la edad de los jóvenes que sobrevivían a la ruta. Los exámenes para identificar a los menores de edad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife funcionan con agilidad. El 31 de diciembre de 2023, un total de 2.632 personas esperaban por estas pruebas. En la actualidad, según los datos facilitados este martes por la fiscal superior de Canarias, María Farnés, solo quedan pendientes de este trámite 68 migrantes. El dato se suma a otros 122 posibles menores que han sido rescatados en lo que va de año.
Las instituciones han podido sobreponerse a la “situación caótica” que vivió el Archipiélago el año pasado “por el gran número de menores que llegaron en un periodo corto de tiempo”. Mientras que el 31 de agosto de 2023 habían llegado a Tenerife y El Hierro 600 menores, diciembre acabó con 2.700 jóvenes rescatados en las costas de la provincia occidental. “Esto supuso casi un colapso en las instituciones, porque había que determinar la edad de la manera más rápida”, ha señalado la fiscal superior en declaraciones a los medios. Entre otros objetivos, la celeridad en las pruebas evita la convivencia de adultos y niños en los mismos recursos.
La Fiscalía ha concentrado sus esfuerzos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ha registrado el mayor número de llegadas en los últimos meses, en los que los cayucos de Senegal, Mauritania y Gambia han protagonizado la ruta del Atlántico. Para agilizar los trámites, se creó un dispositivo específico en el hospital del sur de Tenerife compuesto por médicos forenses, guardias civiles y fiscales. “El Servicio Canario de Salud nos dio los medios suficientes y logramos determinar la edad de 1.500 menores”, ha recordado Farnés. La Fiscalía intentó poner en funcionamiento en El Hierro un dispositivo similar, pero “fue imposible”. “No había infraestructura que permitiera tener técnicos de la Guardia Civil, ni fiscales, ni forenses que trajimos de la Península”, ha señalado la fiscal.
Los agentes de la Policía Nacional son los primeros en reseñar a estos posibles menores poco después de pisar tierra firme. Esta identificación en ocasiones puede ser errónea, empujando a menores a la red de acogida de adultos y a mayores a centros para niños. “Mucha gente que manifestó ser mayor, cuando llega a los centros manifiesta que es menor”, indica Farnés. En otros casos, reciben a posteriori documentación enviada por sus familiares, como partidas de nacimiento que prueban que aún no tienen 18 años. Todas estas nuevas pruebas deben ser valoradas por la Fiscalía.
A veces, son los propios trabajadores de las ONG que gestionan los campamentos de adultos los que trasladan casos de posibles menores a la Justicia. Según los datos de la Fiscalía Superior de Canarias, en lo que va de año se han contabilizado 442 casos de menores acogidos en centros de adultos. En 2023, el número ascendió a 523.
El reparto entre comunidades
La fiscal superior de Canarias ha mostrado su preocupación por la propuesta planteada por el presidente canario, Fernando Clavijo, en relación al reparto obligatorio de menores entre comunidades autónomas. El líder de Coalición Canaria adelantó, en declaraciones recogidas por Efe, que negociaría con el Estado que sean las regiones de destino las que practiquen las pruebas de determinación de la edad. “Me parece muy peligroso porque perdemos de vista al menor, máxime cuando se pueden poner medios aquí para que se haga de manera rápida”, ha valorado la fiscal.
Desde el Gobierno de Canarias aseguran que “en breve” se cerrará el acuerdo que Canarias negocia con el Gobierno central para establecer un reparto obligatorio de los menores no acompañados que llegan a las Islas. Según ha podido saber este periódico, el acuerdo pasa por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En la norma se incluirá el procedimiento a seguir en casos de llegadas excepcionales de niños y adolescentes. Aunque aún no se conocen los detalles del pacto definitivo, la primera opción “siempre será la colaboración solidaria de las comunidades”. Si esta falla, el Estado podrá intervenir en función de unos parámetros acordados previamente con las autonomías.
El caso de Gran Canaria
En unas jornadas organizadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC), la antropóloga y médico forense Diana García Bardeci ha subrayado la necesidad de incorporar más medios en Gran Canaria. ''Ahora mismo en la unidad de Gran Canaria somos dos. Cuando tuvimos la crisis de 2020 y 2021 éramos hasta cinco compañeros forenses. La medicina forense no es solo la estimación de la edad y necesitamos hacer más cosas'', ha explicado.
La antropóloga ha recordado que el Instituto de Medicina Legal no determina la edad, sino que la estima ''en función de una serie de pruebas''. El primer paso es la realización de una entrevista, mediada por un traductor e intérprete oficial. Después, una radiografía de la muñeca, otra panorámica de la boca y una valoración de la maduración del molar del juicio. ''En función de los estándares y teniendo en cuenta estudios multipoblacionales, determinamos una edad máxima, mínima y la probable'', ha señalado García.
''Este año hemos hecho ya 464 determinaciones. En 2023 hicimos 627 y en 2022, 625'', ha informado la médico forense. Diana García ha adelantado que se están haciendo obras para acondicionar una de las salas del Instituto de Medicina Legal de Gran Canaria y espera que en breve cuente con el ortopantomógrafo, un aparato radiológico para acelerar las pruebas óseas ya adquirido por el Gobierno de Canarias y que lleva en una caja desde el 25 de enero.