La alcaldesa pide la nulidad de su declaración al estimar que se reproducían grabaciones nulas y el juez se lo deniega
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, ha concluido, después de tres días, su declaración ante el magistrado Juan Climent, instructor de una de las piezas del conocido como 'caso Brugal'. En sus cerca de 16 horas de interrogatorio, la primera edil ha defendido que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie, que actuó bajo la legalidad --amparada en el consistorio--, y que no entregó al empresario Enrique Ortiz ningún plano del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que éste se hiciera público.
El magistrado citó a Castedo el pasado jueves, día 18, y preveía que el interrogatorio no se extendiera más de dos horas, puesto que a las 12.00 horas estaba prevista la declaración del antecesor en el cargo de la imputada y actual diputado, Luis Díaz Alperi.
Sin embargo, el juez tuvo que aplazar la citación de Alperi --quien tendrá que acudir al tribunal valenciano el día 5 de noviembre-- y prolongar la citación de la alcaldesa. Así, Castedo ha estado declarando durante tres días --viernes, lunes y martes--, unas 16 horas.
Hoy, el último día de interrogatorio, ha vuelto a desgranar sus principales líneas de defensa: que jamás entregó ningún plano del PGOU a Ortiz; que nunca hubo ningún trato de favor hacia nadie; y que actuó bajo la legalidad que el ayuntamiento le permitía. Así, ha indicado que no hizo nada “irregular”, según han informado fuentes conocedoras del proceso.
Esta última sesión --en la que la alcaldesa ha contestado a las preguntas del fiscal, de su abogado, y de los letrados de Ortiz y del arquitecto Jesús Quesada, pero no al resto de acusaciones (EU y PSPV)-- se ha visto interrumpida cuando el abogado de Castedo ha solicitado la nulidad de la declaración hasta ese momento realizada, al estimar que se habían incluido grabaciones que consideraba nulas, y por dilaciones indebidas, por poner conversaciones en las que Castedo ni aparecía.
Tras esta petición, el magistrado ha pedido su opinión a las partes del procedimiento, y ha decidido inadmitir la solicitud porque no se realizaba de acuerdo con las exigencias del artículo 240 de LOPJ. En el interrogatorio no se ha solicitado ninguna medida cautelar.
Sobre este asunto, Castedo ha apuntado a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta del tribunal valenciano que ella había venido a responder por unos hechos, “y no a dar opiniones sobre conversaciones que tengan terceras personas, en las que yo en ocasiones ni tan siquiera aparezco ni se me nombra. No me parece lógico ni justo”, ha dicho.
Con todo, la primera edil ha asegurado se marchaba “satisfecha” de “haber pasado el trago de tener que estar aquí”, y ha lamentado que su interrogatorio ha sido “excesivamente lento”. Pese a todo, ha insistido en que estaba “satisfecha”.
“ACABAR CON...”
Al concluir el interrogatorio, Castedo también ha querido matizar unas declaraciones que había hecho hoy a la entrada, cuando a preguntas de un periodista sobre si preveía acabar hoy con el fiscal, ha contestado, entre risas: “preveo acabar con el fiscal antes de que el fiscal acabe conmigo”.
Según ha comentado la primera edil al respecto, esta frase “parece ser que se ha entendido como una amenaza mía”, por lo que ha solicitado la grabación a los periodistas porque, según le han dicho, “es posible que la lleven al ministerio fiscal”. Esto es un ejemplo, tal y como ha comentado, de “cómo se pueden tergiversar las cosas”.
Por otro lado, preguntada por las declaraciones efectuadas por el presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, quien ha indicado que en las próximas listas electorales del PP en la Comunidad “no va a haber imputados”, ha dicho: “pues mire”. Seguidamente, ha intentado aclarar que ella no tiene ninguna imputación por parte de la sala, si no que había venido a declarar al tribunal con un abogado “en una condición”. Frente a ello, tanto en el auto del magistrado instructor inicial, como en el dictado por Juan Climent, se le atribuyen unos presuntos delitos en calidad de imputada.