La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de este lunes, a puerta cerrada, al ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez García, acusado de vender información a Rusia, en el que será el primer juicio por delito de traición que se celebra en España desde el retorno de la democracia.
Flórez, que fue detenido en Tenerife, se enfrenta a una petición de 12 años de prisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado -que ejerce la acusación en nombre del CNI-, aunque esta última ha propuesto como alternativa al tribunal una pena de 4 años de cárcel si considera que los hechos no son constitutivos de traición, sino de un delito de revelación de secretos, mientras que la defensa solicita su libre absolución.
En la vista declarará como testigo el ex director del CNI Alberto Saiz, además de varios agentes de los servicios secretos que participaron en la investigación que llevó a la detención en julio de 2007 de Flórez, que permanece en prisión preventiva desde entonces.
Sin embargo, en el juicio no se oirá el testimonio de Petr Melnikov, número tres de la Embajada rusa en Madrid hasta octubre de 2003 y la persona a la que supuestamente vendió la información el acusado, ya que ninguna de las partes ha pedido su presencia en la vista.
Según el auto de procesamiento, la investigación llevada a cabo por el CNI concluyó que Flórez “había sustraído ilegalmente información clasificada del Centro Nacional de Inteligencia prevaliéndose de su condición de miembro de dicho centro”.
Con posterioridad, el acusado mantuvo contacto “con miembros de los servicios de inteligencia de otro Estado, a los que había revelado dicha información clasificada, traficando con la misma a través de una potencia extranjera, que está haciendo uso de ella con el consiguiente riesgo para la seguridad del Estado y de los intereses nacionales”.
Entre la documentación que aportarán las acusaciones figura una una carta fechada en diciembre de 2001 y dirigida a Melnikov en la que Flórez ofrecía información a Rusia porque se consideraba “una persona de izquierdas” y por su “posición personal contra la política exterior de Estados Unidos”.
“Soy un directivo del CESID que tiene interés de comunicarle su disposición a colaborar con el Servicio y el país al que usted representa”, comenzaba el ex espía la misiva, en la que también citaba como motivos de su ofrecimiento su “simpatía y admiración” por el pueblo ruso y la “profesionalidad” con la que el servicio de inteligencia de ese país trabaja “para la seguridad mundial”.
En la carta, el ex espía avanzaba algunos de los posibles “contenidos” de su colaboración, entre ellos, el de “identificarles y mantener actualizado 'quién es quién' en el Centro”.
La condición previa para “materializar” la relación, añadía, “pasa por recibir, a cambio de esta primera entrega de documentación, la cantidad de doscientos mil dólares norteamericanos en efectivo”.
El tribunal ha acordado que el juicio se celebre a puerta cerrada, accediendo así a la petición en este sentido planteada por la Abogacía del Estado y a la que se adhirió la Fiscalía, “para no perjudicar la seguridad nacional”.