El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reune este miércoles para estudiar el último borrador de la sentencia que tiene pendiente dictar sobre recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña. Dicho borrador ha sido redactado durante el último mes por el vicepresidente de este órgano, Guillermo Jiménez, integrado en el denominado “bloque conservador” del tribunal.
Por esta razón, su contenido se prevé más restrictivo con los preceptos incluidos en la norma catalana que el que fue rechazado el pasado 16 de abril por seis de los magistrados frente a cuatro.
Fuentes del Constitucional señalaron que el Pleno de este miércoles, que se reune a partir de las 10.00 hora canaria, no será monográfico sobre el Estatut de Cataluña, ya que incluye otros asuntos en su orden del día.
Tampoco está claro que el texto de Jiménez termine siendo sometido a votación. Es probable que el ponente lo retire si cree que, en función de lo que vaya diciéndose por otros magistrados durante el debate, no va a contar apoyos suficientes para sacarlo adelante.
Si se produce este supuesto, Jiménez podría optar por rehacer su borrador -como hizo su antecesora Elisa Pérez Vera hasta en cuatro ocasiones-, o bien renunciar a la ponencia, lo que obligaría a la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, a designar a uno nuevo y retrasar aún más la resolución de un asunto que lleva enquistado en el alto tribunal casi cuatro años.
Rechazo a la propuesta de Elisa Pérez
Jiménez asumió la ponencia del Estatut después de que el último Pleno que se convocó para estudiar este asunto, hace apenas un mes, rechazara el texto elaborado la magistrada Elisa Pérez Vera, del denominado “bloque progresista” del órgano judicial.
Jiménez fue el candidato de consenso entre los dos grupos mayoritarios en las Cortes, si bien, en función de las resoluciones adoptadas en el alto tribunal se le ha integrado en el denominado “bloque conservador” de este órgano. Por ello, se deduce que su borrador es más duro con el Estatut que el texto que redactó para su ponencia Pérez Vera, del “sector progresista”, que aún así preveía recortar unos cuarenta preceptos de la norma catalana.
Jiménez, junto con Casas y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es uno de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo.
El borrador rechazado de Pérez Vela salvaba el término “nación” del Preámbulo de la norma, anulaba una quincena de artículos y sometía a otra veintena a interpretación. Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.
Dureza
De la información que ha trascendido hasta ahora del alto tribunal podría deducirse que el nuevo texto a discutir es aún más duro con la norma catalana, “tocaría” más de una veintena de artículos y podría incluir los “peros” al Preámbulo en la parte dispositiva de la sentencia, una cuestión que puede encontrar fuerte rechazo en el sector “progresista” del órgano.
Los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, tienen sobre la mesa una sexta versión de la sentencia, si bien la división existente en el tribunal permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
A favor de a última ponencia votaron, además de su autora, la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra de la ponencia “progresista” votaron los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal.
En un tercer bloque “ideológico” se situarían los tres magistrados que podrían tener ahora la clave para la aprobación definitiva del texto, que son el actual ponente, el y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, que habrían colaborado estrechamente para la elaboración del nuevo borrador.