MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán, han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska que finalice la investigación sobre la contratación del aparato de cara a la celebración del juicio oral.
Así consta en dos escritos presentados por dos grupos de familiares, entre los que se encuentran los representados por la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42, en los que solicitan al instructor que dicte el auto de transformación en procedimiento abreviado contra los seis mandos militares que se encuentran imputados, equivalente al procesamiento.
Las familias también piden que “se dejen sin efecto la práctica de las comisiones rogatorias pendientes de cumplimiento”, al considerar que en la causa ya obran “indicios relevantes de criminalidad” contra los imputados por 62 delitos de homicidio por imprudencia, castigados con penas de uno a cuatro años de cárcel.
La acción penal se dirige contra el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye “todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas”; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera “responsable de la contratación” del aparato.
También están imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.
“DESIDIA, CEGUERA Y COMPLICIDAD”
En junio de 2008 Grande-Marlaska cursó comisiones rogatorias internacionales a 15 países, entre ellos Luxemburgo, Ucrania, Bélgica, Turquía o Noruega, para solicitar pruebas e interrogar a un total de 45 testigos.
Los familiares sostienen que de la instrucción se ha podido concluir la “evidencia de fallos de seguridad, mal funcionamiento y mal mantenimiento” de las aeronaves ucranianas contratadas a través de la agencia de la OTAN Namsa.
“La absoluta desidia, ceguera o complicidad a la hora de efectuar los controles a los aviones comerciales y su documentación tuvo un resultado dañoso”, señala uno de los escritos antes de añadir que los mandos militares “nunca se esforzaron los garantes en averiguar y determinar cuáles serían las condiciones, que la aeronave habría de enfrentar”.
A su juicio, existían “innumerables documentos, que de haber sido obtenidos por las personas garantes en su debido momento, hubiesen impedido asistir a una tragedia como la que ocurrió aquella noche”. “No fue un suceso fortuito o imposible de predecir”, pues los responsables “conocían las condiciones de los aviones contratados, por lo que no pueden alegar sorpresa ante el resultado”, concluyen.
El accidente del Yak-42 ya fue juzgado por la Audiencia Nacional por la falsificación de la identidad de 30 de los 62 fallecidos. La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2009 a tres años de prisión al general Carlos Navarro y a un año y medio de cárcel a los oficiales médicos José Ramírez y Miguel Sáez, aunque posteriormente suspendió la ejecución de las penas.