La Fiscalía abre una investigación sobre la trama de espionaje en el PP madrileño
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una investigación después de las denuncias presentadas por una supuesta red de espionaje a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón, integrada por ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid.
La fiscalía también ha acordado citar como testigo a Francisco Mercado, periodista de El País, autor de las informaciones que han destapado la supuesta red de espionaje.
Según ha informado este jueves el TSJM, la investigación se abre después de las denuncias presentadas ante la fiscalía por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, número dos del Gobierno de Aguirre, y por Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Ruiz-Gallardón, por los supuestos seguimientos de que han sido objeto.
A estas denuncias se ha unido este jueves la del ex consejero de Justicia Alfredo Prada, después de leer con “estupor” en el citado periódico que fue espiado en los meses previos al congreso nacional del PP, celebrado en octubre de 2008, por “ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior”.
La fiscalía ha decidido además oficiar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Granados para que remita cuanta información tenga en relación a los seguimientos a González, Cobo y Prada publicados.
Así mismo, ha emplazado a la Consejería de Granados para que informe sobre si tiene algún tipo de relación con el ex inspector de Policía Marcos Peña que, según las informaciones periodísticas, dirigía el “servicio de espionaje” y fue fichado por el consejero el 27 de junio de 2008 como asesor de seguridad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una comparecencia ante los medios, ha afirmado esta tarde que pone “la mano en el fuego” por todos sus consejeros y ha considerado que es “la principal perjudicada” por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca.
Tras subrayar que el Gobierno que preside “nada tiene que ver con estas imputaciones gravísimas y es el primero que quiere que se esclarezcan”, ha añadido: “Aquí no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quien diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar”.
El presidente del Gobierno de la nación, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ha hablado este jueves por primera vez sobre este asunto, ha instado a la dirección del PP a “mirar a quien tiene que mirar”, y no al Ministerio del Interior, para aclarar la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, y le ha pedido que “asuma responsabilidades y tome decisiones”.
A juicio de Zapatero, se trata de un asunto “muy serio” que exige “un poco de rigor y de seriedad” por parte del PP.
En un comunicado hecho público durante la tarde de este jueves, la dirección nacional del PP pide a la Justicia que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse, y ha prometido también exigir “con absoluta firmeza y determinación” las responsabilidades políticas que haya.
Añade que la dirección del PP, con su presidente a la cabeza, Mariano Rajoy, dice sentir repugnancia ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales “con fines desconocidos” a dirigentes del partido.
De confirmarse las informaciones difundidas en los últimos días a este respecto, el PP admite que se trataría de “unos hechos gravísimos” y de “unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen”.
Por ello, Mariano Rajoy, desde el respeto a la presunción de inocencia y en aras de la ejemplaridad que, a su entender, debe presidir la vida pública, ha dado instrucciones a la Secretaría General del PP para que recabe toda la información necesaria con el fin de aclarar “hasta sus últimos extremos lo ocurrido” y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes.
En la misma línea se ha pronunciado su secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien ha manifestado que su partido está “indignado” y que tomará “las más enérgicas medidas” en cuanto se esclarezca.
Francisco Granados, por su parte, ha emplazado, en nombre del Gobierno regional, “a todas las personas, instituciones y medios de comunicación a que pongan inmediatamente en conocimiento de la Justicia todas las pruebas y documentos que acrediten lo que nosotros calificamos como la gran mentira de una trama de espionaje”.
Granados ha explicado la composición de la Dirección General de Seguridad y Política Interior de la Comunidad de Madrid, y ha asegurado que “su función es única y exclusivamente la seguridad en edificios e instituciones y de personalidades de la Comunidad”.
El consejero considera que el Gobierno regional “no tiene que demostrar” que no hay una trama de espionaje, “sino que son otros los que tienen que demostrar esas acciones delictivas y ponerlas en conocimiento de los Juzgados”.
Para el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, la información obtenida por la red de espías no se puede tener sin la connivencia del Ministerio del Interior, y ha exigido la intervención inmediata de la fiscalía.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que no atribuirá responsabilidades hasta escuchar las explicaciones que dé Granados ante la Asamblea regional.
