La Asociación Democracia Real Ya (DRY) ha presentado este viernes una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra los ministros de Empleo, Fátima Báñez; de Interior, Jorge Fernández Díaz; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Fomento, Ana Pastor; así como contra 58 diputados, a los que acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida por cobrar del Congreso dietas destinadas al alojamiento “a pesar de disponer de vivienda habitual en Madrid”.
“Con esta querella queremos que se haga justicia. Si lo que pretenden de alguna manera es obtener un sobresueldo que lo digan y que se lo expongan a los ciudadanos, a ver qué les parece”, ha manifestado tras presentar la querella en declaraciones a los periodistas Miguel Ángel Jiménez, uno de los letrados de la asociación, vinculada al movimiento 15M y surgida de la escisión de la plataforma que convocó las primeras manifestaciones en mayo de 2011.
Según ha denunciado, la mayoría de los parlamentarios que imputan en su querella cobran una dieta de 1.823 euros en concepto de ayudas para el alojamiento por el hecho de haber sido elegidos en otras circunscripciones diferentes a la de Madrid, a pesar de contar con una o más viviendas en la capital y de ser, en muchos casos, su residencia habitual.
“La cuestión es que estos diputados, aunque tienen casa en Madrid, parece ser que no la utilizan porque están cobrando dicha dieta”, ha ironizado, para añadir que cuando se les ha preguntado sobre esta cuestión han justificado que “necesitaban ese dinero para hacer su gestión”. “No es factible porque los diputados cuando están en misión parlamentaria cobran ya de por sí, cuando van a hacer algo oficial, una dieta de 120 euros”, ha argumentado.
En este sentido, Jiménez ha asegurado que “existiría duplicidad en el concepto de dietas” y por ello, dado que esos diputados estarían percibiendo 952 euros más que los elegidos por Madrid, cuya dieta asciende a 870 euros, a pesar de contar todos ellos con residencia en la capital, les acusan de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal.
Dicho artículo establece que “la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años”.
La Asociación Democracia Real Ya también considera que los diputados incurren en un delito de apropiación indebida, establecido en el artículo 252 del Código Penal.
En La Moncloa y con dietas
Asimismo, Jiménez ha explicado que han decidido incluir en la querella al propio presidente del Gobierno porque, a pesar de estar residiendo en el Palacio de La Moncloa, sigue cobrando, según denuncian, la dieta de 870 que el Congreso destina a los diputados elegidos en Madrid. “No se tiene conocimiento de que el presidente del Gobierno esté restituyendo estas cantidades cobradas en su condición de diputado de Madrid”, señalan en la querella.
“Nos parece un poco extraño que alguien perciba esa dieta viviendo en el Palacio de La Moncloa y a costa de todos los españoles. Esa irregularidad hay que sacarla, y no hay ningún sitio mejor que los tribunales de Justicia”, ha manifestado, para añadir que “no se explica como es posible que esté cobrando una dieta parlamentaria un primer ministro”, que además ha renunciado a su sueldo como diputado.
Por último, el letrado de la asociación ha manifestado que lo que persiguen con la querella, además de denunciar lo que consideran una falta de “honestidad” teniendo en cuenta “la actual situación que hay en España de crisis y corrupción política”, es que los diputados denunciados “devuelvan a todos los españoles el dinero que han cobrado y que no les correspondía, y que no vuelvan a cobrar estas dietas”