El vicepresidente del CGPJ destaca que más de 3.300 millones de euros están retenidos en las cuentas de consignación de los juzgados
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, piensa que la legislatura está “prácticamente acabada” y advierte de que “queda poco tiempo” para sacar adelante las reformas “tan ansiadas” que el órgano de gobierno de los jueces espera para lograr una mejor Administración de Justicia.
En una entrevista concedida a Europa Press, De Rosa ha precisado que no le corresponde a él hablar sobre la conveniencia de un anticipo electoral, aunque sí ha expresado su deseo de que el próximo Gobierno considere la Justicia como una de sus “prioridades”. “Lo que considero es que estamos ante una legislatura prácticamente acabada y que queda poco tiempo para continuar esas reformas tan ansiadas que queremos desde la Justicia”, ha respondido.
Para el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, los dirigentes políticos deben tener claro que agilizando los trámites judiciales e invirtiendo en Justicia se contribuye a acelerar la salida de la crisis económica. Ha puesto como ejemplo que si un juzgado es ágil al resolver un concurso de acreedores, “a lo mejor se consigue” que una empresa “no tenga que cerrar” y que sus trabajadores no engrosen las filas del paro.
De Rosa ha informado que en estos momentos existen más de 3.300 millones de euros retenidos en las cuentas de consignación de los juzgados y tribunales españoles, en concepto de pagos, multas, depósitos o avales. “Si existe una agilidad ese dinero también puede volver al mercado”, ha remarcado.
REFORMA “RADICAL” DE LA LECrim Y ACUSACIÓN POPULAR
En este contexto, ha hecho referencia a las reformas legislativas tramitadas durante la presente legislatura en el ámbito de la Justicia. Entre ellas, ha citado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) propuesta por el Gobierno y ha considerado “necesario” que esta norma sea objeto de “estudio y de una reforma radical”.
“Desde el punto de vista general es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que es la única ley que no ha sido tratada en profundidad en la democracia”, ha indicado el 'número dos' del CGPJ, que ha abogado por “regular de nuevo la figura del fiscal general del Estado y su dependencia al Gobierno de turno”.
A su entender, es fundamental alcanzar un “máximo consenso” para aprobar esta ley ya que se trata de diseñar un modelo de Justicia penal para los próximos años. “Debe realizarse de forma prudente y muy consensuada, no solamente en el ámbito político sino también y con los fiscales, los jueces, los operadores jurídicos, abogados etc.. para que el modelo no se pueda decir que sea de nadie contra nadie, sino el modelo de la democracia”, ha resaltado.
De esta forma, ha subrayado la importancia de que el “espíritu de consenso” con el que se han iniciado las “grandes reformas del sistema democrático” impere también en el procedimiento penal.
A su entender, es oportuno también establecer “unos límites” a la figura de la acusación popular para “no desvirtuar lo que quiso el legislador”. “Lo que no se puede es utilizar la acción popular como un método de enfrentamiento político. Se deberían limitar los requisitos para utilizarla pero no desaparecer”, ha remarcado.
LA JUSTICIA NO ESTÁ SOMETIDA A LOS “VAIVENES POLÍTICOS”
Preguntado sobre el grado de politización de la Justicia, De Rosa ha negado que este poder esté politizado en el sentido de estar “sometido a los vaivenes y a las decisiones políticas”. “Creo que la Justicia como poder no está politizado, y la gestión de la Administración de Justicia es política judicial”, ha replicado, para añadir que pensar lo contrario sería tanto como afirmar que “no está funcionando el Estado de Derecho”.
Grupos de ciudadanos como los miembros de la 'Plataforma cívica por la Independencia Judicial', que integra a más de medio centenar de profesionales del mundo de la Justicia, han reclamado modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que 12 miembros correspondientes a la judicatura sean elegidos mediante el voto directo de los propios jueces.
A este respecto, De Rosa ha hecho hincapié en que el debate sobre la designación de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces “ya se ha efectuado en el propio Parlamento” y ha instado a “dejar” que el poder legislativo establezca el sistema que crea conveniente. En cualquier caso, ha defendido el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos y la importancia de respetar la independencia de los diferentes poderes.
En cuanto al proyecto de ley de medidas de agilización procesal en el orden Civil y Contencioso-Administrativo, ha confiado en que el Senado se pronuncie sobre esta norma en el próximo Pleno. De Rosa ha recordado que el órgano de gobierno de los jueces se dirigió a los grupos parlamentarios con el deseo de que afectara también al procedimiento penal.
“El Consejo nunca puede dejar de intentar decir cuál es la opinión que se tiene para la mejora de la Justicia”, ha señalado el vicepresidente del CGPJ, para enfatizar que los grupos tienen “libertad absoluta” para recoger o no las propuestas transmitidas desde el órgano de gobierno de los jueces.
En relación con las críticas que recibió el CGPJ por parte del fiscal general del Estado acusándole le “convertirse en legislador”, ha agregado que Cándido Conde-Pumpido “también ha intervenido en algunos postulados de la LECrim”. “Lo que me parece normal porque los fiscales participan fundamentalmente el ámbito penal”, ha concluido.