La plataforma de asociaciones de víctimas del franquismo ha instado este sábado a los grupos parlamentarios a que aprueben una proposición no de ley para la constitución de una Comisión de la Verdad de manera inmediata con apoyo institucional, que haga justicia y reconozca a los represaliados de la dictadura.
Las asociaciones denunciarán en el Parlamento Europeo la “vergüenza” de que las autoridades no investiguen los casos ni se haya condenado a nadie; emprenderán una recogida de firmas y pedirán entrevistas con responsables del Gobierno y del Consejo del Poder Judicial para que se cumplan las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas.
“Tenemos que estar tragando -según la abogada Cristina Almeida- con que dentro de muy poco vayan a hacer otros trescientos mártires de la gran cruzada en el Vaticano, que no sé dónde van a caber tantos mártires, porque ya han hecho reconocimiento de un montón; mientras ellos los consideran mártires, otra gente está en las fosas, desaparecidos y sin ningún reconocimiento”.
Entre esas recomendaciones, el Estado debería asumir el esclarecimiento de las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.
“No queremos abrir heridas, sino cerrarlas”
“No queremos abrir heridas, sino cerrarlas sabiendo qué sucedió”, ha enfatizado en un vídeo el presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, que no ha podido asistir a la conferencia de prensa de las asociaciones, reunidas hoy.
Uno de los portavoces, Jaime Ruiz, ha destacado la recomendación de un “plan nacional de acción en derechos humanos”, con una intervención centralizada del Estado en el censo de víctimas. “La Justicia en España no puede seguir sorda al clamor de las fosas”, según Ruiz, que las ha calculado en más de 2.500, con cerca de 200.000 víctimas.
El poeta Luis García Montero ha reprochado la “manipulación histórica” de querer convertir la Ley de Amnistía de 1977 en una de “punto final” para defender la “impunidad del totalitarismo”.
Democracia “cada vez más débil”
Almeida ha reclamado que el Estado tiene que ser el que actúe contra la dictadura y sus abusos, pues lo contrario hará que la democracia sea “cada vez más débil”.
Ha reconocido que “no hay muchas esperanzas” de que el Gobierno vaya a cumplir con las recomendaciones de la ONU, pero que se va a dar “la batalla” para que la próxima reforma del Código Penal califique como delito las desapariciones forzadas, “aparte de todas las amenazas que nos vienen del señor (Alberto) Ruiz-Gallardón”, ministro de Justicia, que la abogada no ha precisado.