CC y PP se oponen a modificar el régimen sancionador de la Ley de Transparencia
Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han unificado su oposición a modificar la Ley de Transparencia de Canarias, tal y como había sugerido el Comisionado de la Transparencia, Daniel Cerdán, en la presentación del informe sobre 2015 que el pasado 31 de mayo presentó en comisión parlamentaria y que este miércoles ha sido defendido por él mismo en la última sesión plenaria del vigente periodo de sesiones.
“No pido una reforma inmediata de la Ley, pero sí creo que deben hacerse ajustes a la misma, incluso a la Ley nacional, porque ambas son nuevas y, por tanto, novatas, y la sucesión de acontecimientos las han superado”; ha reiterado Cerdán en la tribuna de oradores.
Sin embargo, el conservador Emilio Moreno y la nacionalista Socorro Beato no se han mostrado partidarios de tales reformas. “Ninguna Ley es inmutable, pero admitiendo que hay que hacer algunas correciones que pueden ser por vía de desarrollar reglamentos, no se puede hacer tábula rasa de una Ley que solo tiene seis meses”, dijo Moreno, mientras que Beato insistió en que “en una Ley tan audaz no debemos obsesionarnos con el régimen sancionador porque ¿ganamos algo poniendo sanciones?, creo que se gana más haciendo pedagogía para que todo el mundo ejerza el derecho a recibir información”.
Y es que entre las modificaciones legales que ha pedido Cerdán está poder contar con instrumentos adecuados para abordar los incumplimientos en la publicidad activa, ya que actualmente es la misma administración la que tiene la capacidad sancionadora. Una tesis compartida por el socialista Gustavo Matos, quien ha asegurado durante el debate que “no podemos dejar el régimen sancionador en la misma Administración Pública que debe ser controlada, habrá que buscar otra fórmula”.
Más recursos y sede propia
Para la diputada del Grupo Mixto (ASG) Melodie Mendoza “no entendemos el revuelo habido por la propuesta de cambios legislativos en la actual norma”, pues al igual que Cerdán considera que hay que estar abiertos a mejoras si se han detectado deficiencias en los meses de vigencia de la Ley. Además, la diputada por La Gomera ha pedido que el Parlamento dote con recursos financieros y humanos al Comisionado y que éste pueda contar con “sede propia”.
Pero, además, el Comisionado de la Transparencia ha postulado que se fijen plazos a las instituciones, organismos y empresas para hacer pública la información requerida y ampliar los requisitos de información para contratos menores de las administraciones, ya que la legislación canaria es menos exigente que la estatal.
El informe del comisionado, el primero en toda España que se presenta ante un parlamento regional revela asimismo que los cabildos de El Hierro, La Gomera y Lanzarote y 18 ayuntamientos (La Laguna, La Orotava y Santa Lucía de Tirajana, entre ellos) no cuentan con portal de transparencia, aunque en este punto Beato afirmó que “es una realidad el compromiso de las administraciones por la transparencia, pues toda acción pública puede ser observada”.
Por ello, consideró que la transparencia “no se debe medir solo por un portal en internet”, pues si bien es cierto que los ayuntamientospequeños “muestran menos transparencia en internet, no hay que menospreciar el contacto directo entre la ciudadanía y sus alcaldes y concejales”.
Sin embargo, el diputado del PP sí que incidió en el hecho de que “los cabildos y administraciones incumplidoras de la Ley deben ponerse las pilas”, pues aunque “la transparencia otorga salud e higiene al sistema democrático, exige voluntad política, y algunos no se han enterado”, concretamente, en su opinión “las consejerías gestionadas por los socialistas” en el Gobierno de Canarias.
'Tramparencia'
De “inadmisible” calificó la diputada de Podemos Concepción Monzón “la falta de compromiso de las administraciones con la transparencia” pues en su opinión “lo que no se transparenta se convierte en sospechoso”.
“El verdadero valor de la transparencia es hacer sin testigos lo que haríamos frente a todo el mundo”, insistió la portavoz de la fuerza morada, que también incidió en la necesidad de sancionar para que “la transparencia no se convierta en tramparencia”.
Por su parte, la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González puso el énfasis que “la transparencia no es solo colgar información, sino transmitir de forma clara, completa y entendible”. “Hay muchas cosas que corregir en la Ley, como la información presupuestaria, que solo comprenden los expertos”, apostilló.
Además, afirmó que “no hay cultura de transparencia” porque las administraciones“creen que la información es de quien la custodie, que no es pública”, por lo que abogó porque el propio Comisionado y el Diputado del Común hagan una “adecuada política de divulgación” para “imprimir en el ADN de los niños de ahora que hay que reivindicar los derechos” .
El informe, que solo analiza los seis últimos meses de 2015, contabiliza 325 solicitudes de información en los tres niveles institucionales: 219 en las oficinas de los ayuntamientos; 15 en los cabildos y 91 en el Ejecutivo regional.
