Una iniciativa parlamentaria plantea devolver a manos públicas el servicio de ambulancias en Canarias
Baleares es el ejemplo. El Govern asumió en abril de 2018, a través de una empresa pública (Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares), la gestión directa del transporte sanitario terrestre, una fórmula que acabó con el modelo privatizado vigente hasta entonces. El PSOE, Podemos y Agrupación Socialista Gomera trasladan ahora al Parlamento de Canarias una iniciativa del sindicato UGT que plantea una solución similar para el Archipiélago. Mediante una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá este jueves en la Comisión de Sanidad, instan al Gobierno de Canarias a rescatar el servicio y devolverlo a manos públicas con un cambio que contemple la subrogación del personal de acuerdo con su titulación y sus competencias profesionales.
Estos trabajadores prestan en la actualidad servicio para las empresas que resultaron adjudicatarias del polémico concurso de ambulancias de 2008, un procedimiento que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2012 y que se ha mantenido en precario desde 2015, fecha en la que debió expirar al haber superado el plazo máximo fijado en las bases, prórrogas incluidas.
La empresa Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) en Canarias, responsable del servicio de transporte sanitario terrestre en el Archipiélago, convocó un nuevo concurso el pasado 28 de enero. Sin embargo, una de las empresas licitadoras, Aeromédica Canarias, y el sindicato UGT han recurrido los pliegos por diferentes motivos. La primera sostiene que el presupuesto es tan limitado que es imposible cubrir los gastos del servicio. El segundo ha denunciado que las bases incumplen el Real Decreto 836/2012 al no reconocer en la subrogación la categoría profesional de los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), a quienes se les equipara con personal no sanitario -conductores y camilleros- que no requiere estar en disposición de un título homologado de Formación Profesional para ejercer.
El cambio de modelo planteado por UGT ya se debatió en el Parlamento en noviembre. En aquella ocasión, uno de los ahora proponentes, ASG, se abstuvo por no disponer de datos suficientes. La misma posición adoptó Nueva Canarias (NC), aunque en su caso por las dudas que le generaba la posibilidad de que estos trabajadores pudieran acceder a un puesto en la administración pública “por la puerta de atrás”, sin el correspondiente concurso-oposición.
UGT aclara que en el caso de Canarias, al igual que en Baleares y al contrario de lo que ocurre en Navarra, el rescate y, por lo tanto, la subrogación del personal, no lo asumiría la administración (el Servicio Canario de Salud), sino una empresa pública, que no se rige por el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP), sino por el Estatuto de los Trabajadores y su propio convenio, el mismo que se aplica al resto de los empleados de GSC. El sindicato entiende, por ello, que no se vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad y que lo único que se persigue es “regular una situación a todas luces irregular, dando amparo a unos 1.300 trabajadores que reciben un trato desigual”. La PNL incide en que esta subrogación no acarrearía un aumento retributivo al vincularse al convenio y que incluso conllevaría un ahorro “al no entregar el beneficio industrial” a la empresa concesionaria de un servicio que califica de “precario”.
UGT espera contar también con el apoyo de NC, formación que en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad celebrado entre el 19 y el 21 de febrero respaldó una serie de propuestas del PSOE entre las que se encontraba una iniciativa para desprivatizar el transporte sanitario.
Para Iván Amador, representante sindical en el sector, la PNL se ciñe “al modelo de bloque social que lleva planteando NC desde hace meses”, por lo que entiende que el apoyo a la iniciativa “es una cuestión de responsabilidad” para acabar con “un sistema precario para los enfermos, ciudadanos y trabajadores y derrochador para el Gobierno de Canarias”.
Los otros dos partidos del arco parlamentario, CC y PP, votaron en contra de la propuesta en noviembre y mantienen su postura al entender que se trata de una PNL “oportunista”. Según Amador, “se olvidan de la sentencia del TSJC anulando el concurso, del recorte de unidades, de personal, de las prórrogas de en precario o de la ampliación en dos ocasiones de hasta un total de cuatro años de la vida útil de los vehículos”
“Una cuestión de voluntad política”
Aunque las PNL no son vinculantes, para UGT se trata de una cuestión de voluntad política. “Es sencillo. Si una PNL se aprueba y no se lleva a efecto cuando los grupos parlamentarios consideran que es la forma correcta de gestionar, posicionarse o llevar a cabo un proyecto y no llega a ejecutarse, estaríamos ante una falta de trabajo y responsabilidad por parte del Gobierno de Canarias”, sostiene Amador. El representante sindical incide en la necesidad de cambiar un servicio público que “debe ser tratado de interés general”, dado que “es deficitario y no cumple las expectativas ni las necesidades de la población”.
La iniciativa de UGT asumida por el PSOE, Podemos y ASG también contempla una petición para que durante el proceso administrativo de rescate se evacuen los pertinentes informes jurídicos y económicos que valoren el impacto del cambio de gestión del servicio, “registrándolos tomando como referencia el coste actual”. Para el sindicato, la experiencia de las dos últimas décadas demuestra que la gestión externalizada genera un modelo “caótico, ineficaz, incapaz de cumplir con sus principios básicos y, sobre todo, más costoso para las arcas públicas que la gestión directa de los mismos”.
La PNL expone que el Gobierno de Canarias es consciente del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que han venido prestando servicios en las empresas adjudicatarias al recoger en las bases una mejora retributiva sobre la base de los salarios reales del convenio. “Ante la exigencia de beneficio empresarial, el elemento débil de esta relación es el que sufre las consecuencias. Ese punto débil son los trabajadores, que sufren una constante precarización de sus condiciones laborales, no solo en aspectos económicos y funcionales, sino también en el desarrollo de su trabajo”.
UGT también considera “preocupante” que una empresa de la envergadura de Aeromédica Canarias haya recurrido las bases del concurso por considerar el presupuesto insuficiente. Para la central, la licitación “abre la puerta” a ofertas “raquíticas” que contribuyan a precarizar aún más el servicio. A ello se le añade que en los presupuestos para este año el incremento en las cuentas de la empresa pública GSC es de tan solo tres millones de euros, una cantidad que, en opinión del sindicato, “no dará para cubrir la flota de ambulancias, material, aparatos electromédicos... Ni siquiera para el aumento salarial previsto”.
