La adjudicación millonaria del PP enlaza con el 'caso Canódromo'
Casualidades de la gestión pública. La adjudicación millonaria del PP en su última decisión política conocida de su etapa en el Gobierno de Canarias enlanza con el caso Canódromo. Lifeblood SL, la sociedad adjudicataria de un contrato de la Consejeria de Sanidad con Mercedes Roldós (PP) al frente, no sólo fue creada en 2006 por un experto en sociedades opacas vinculadas posteriormente a casos de corrupción del PP en Valencia y Madrid.
En la actualidad, Francisco Javier Jorcano Otero figura como administrador único de la empresa elegida por el departamento de Sanidad en octubre pasado para gestionar servicios de hemodiálisis en los hospitales de Gran Canaria y Lanzarote.
Y Jorcano Otero no sólo trabaja en Inprocansa, la constructora de Eduardo Fernández Álvarez beneficiada, a través de su filial Urbacan, en la operación del Canódromo bajo investigación judicial y municipal. Es, además, yerno del empresario que durante la etapa de José Manuel Soria en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria actuó de intermediario y se embolsó nueve millones de euros de beneficio en una operación onerosa para el Ayuntamiento.
Lifeblood, creada en 2006 por el abogado valenciano ''experto en sociedades urgentes“ Ramón Cerdá Sanjuán, pasó a manos del que ha sido gerente de Inprocansa el 31 de mayo de 2010. Desde esa fecha, Javier Jorcano Otero figura como administrador único, justo días después de cambiar su objeto social del negocio inmobiliario a los servicios médicos, al tiempo que la Consería de Sanidad de Mercedes Roldós ponía en marcha el concurso de gestión del servicio de hemodiálisis adjudicado el mismo día de octubre en que José Manuel Soria anunciaba la ruptura del pacto de gobierno del PP con CC.
Este miércoles, CANARIAS AHORA intentó contactar con Jorcano Otero en su despacho de Inprocansa. Señalado, en un primer momento por un interlocutor de la constructora como “gerente” de la misma, minutos después desde Inprocansa se declinaba aclarar el cargo actual en la constructora del administrador único de Lifeblood, remitiéndose a un posterior contacto con el propio Jorcano Otero para aclarar su vinculación actual a Inprocansa. La comunicación pendiente nunca llegó a concretarse.
Jorcano Otero también ha figurado hasta el 2 de junio de 2009 como consejero y secretario de la mercantil Frontón Las Palmas SL, cuyo presidente del Consejo de Administración era hasta esa misma fecha el propio Eduardo Fernández Álvarez.
Aparece también en otras empresas siempre vinculadas con el negocio inmobiliario y al menos en una ocasión figura como “gerente de Inprocansa”, en el acto público de la firma de un convenio de colaboración de la mercantil presidida por su suegro, Eduardo Fernández, con el Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC) por el cual se convocó la Beca Inprocansa de Investigación del Cáncer, dotada con 12.000 euros anuales.
Francisco Javier Jorcano Otero es también un conocido empresario vinculado al deporte del golf, a través del Real Club de Golf de Las Palmas, entidad decana de España.
Jorcano Otero heredó el cargo de administrador único de la mercantil agraciada con el contrato de gestión de los servicios de diálisis en Gran Canaria y Lanzarote de manos de Eduardo Murillo Martín, que figuró como tal desde el 28 de agosto de 2008 hasta el 31 de mayo de 2010. Con anterioridad, Lifeblood SL fue creada por Ramón Cerdá Sanjuán como una más de las cerca de 8.000 empresas inactivas y durmientes que ofrece en el mercado para activarlas de manera inmediata.
La propaganda en Internet del vivero de empresas opacas montadas por Cerdá Sanjuán indica que las sociedades están disponibles en 24 horas, “con confidencialidad de los socios y sin desembolso de capital inmediato”, ya que los 3.006 euros de la sociedad limitada, en el caso de Lifeblood, ya fueron aportados en origen cuando las creó este entramado de sociedades urgentes a la venta, en este caso, en agosto de 2006.
Una información de El País recogía en 2009 unas respuestas de Cerdá Sanjuán a unas cuantas preguntas enviadas por el rotativo madrileño al abogado por correo electrónico. El creador de Lifeblood SL aseguraba que, a pesar de que muchas de sus empresas figuraban en sumarios de los casos de corrupción más sonados de Valencia, “en ningún momento he sido citado ni como testigo ni como imputado en estos casos, tampoco podría haber aportado nada nuevo a las investigaciones”.
Lo cierto es que el reguero de empresas creadas por Cerdá Sanjuán y posteriormente vendidas aparecen en casos como Gürtel: Good and Better SL fue una de las mercantiles compradas por Francisco Correa a Cerdá Sanjuán en enero de 2005, y se utilizó por parte de la trama corrupta para facturar a la Comunidad de Madrid, tras ser contratada a dedo por el gobierno de Esperanza Aguirre. Sus administradores Isabel Jordán y Francisco Javier Pérez están imputados en la trama, cuyas derivaciones, a través de Orange Market, llegaron a implicar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
En la información de El País también se recoge que otra de las empresas opacas al estilo de Lifeblood SL fue Artemis 2000, cuyas socias eran las esposas del presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y del empresario Vicente Vilar, quien fue el detonante del caso Fabra al denunciar que pagó comisiones a cambio de gestiones para la legalización de herbicidas y otros productos fitosanitarios.
Según Vilar, fue el portavoz del PP, Ricardo Costa, que es socio de una asesoría en Castellón, quien realizó las gestiones con el notario de Valencia Carlos Pascual para la compra de esta empresa en 2000. Artemis 2000 forma parte del entramado de sociedades investigadas en las diligencias abiertas a Fabra por presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Pero, además, era una de las empresas beneficiadas por las autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios obtenidas con documentación falsificada, caso por el que la fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Fabra.
