SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)
El alcalde de La Matanza, Ignacio Rodríguez Jorge, en calidad de Comisionado Insular de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ha presentado este viernes en el Cabildo de Tenerife una propuesta conjunta por la que se solicita la puesta en marcha de un Fondo Insular de Cooperación para crear un Plan Extraordinario de Inversiones y un Fondo de Emergencia Social para el periodo comprendido entre 2012 y 2015.
La petición de los ayuntamientos tinerfeños surge como consecuencia de la crisis económica y los altos índices de desempleo que desbordan la capacidad que los municipios para darle respuesta a las demandas de sus ciudadanos.
En la propuesta se insta al Cabildo de Tenerife a que se articule una línea de cooperación similar a la de Gran Canaria, donde la corporación insular se ha comprometido a destinar 6 millones de euros en el próximo ejercicio económico para ejecutar obras menores y de mediana cuantía en los 21 municipios de la isla. Ello implica, en un presupuesto global de 382 millones de euros para este año 2011, un 1,57 por ciento del total destinado a cubrir necesidades municipales.
Además, la intención del Cabildo grancanario es incrementar esta partida inicial con tres millones de euros más durante cada anualidad hasta finalizar el presente mandato con 15 millones de euros, lo que hace un total de 42 millones de euros en el periodo 2012-2015. Asimismo, destinará 1,5 millones de euros para emergencia social en el 2012.
“Como administración más cercana al ciudadano --reza el documento--, son los ayuntamientos los que viven día a día ésta creciente problemática, los receptores más inmediatos y directos de una realidad a la que se intentar hacer frente y poner remedio con los escasos recursos de los que se dispone a nivel local”. Por ello, señala, “los ayuntamientos de Tenerife nos vemos desbordados por una situación que nos vemos obligados a gestionar con más imaginación que recursos, atendiendo desde la impotencia a nuestros vecinos”.
“EVITAR DUPLICIDADES”
El documenta explica también que “la necesidad de optimizar al máximo el gasto público, ajustándolo lo más posible a las necesidades más directas de los vecinos de cada municipio, requiere de mecanismos de diálogo y concertación con los poderes de ámbito local, para aunar y sincronizar esfuerzos, evitar duplicidades y garantizar la debida justicia y equilibrio en la distribución de los recursos públicos”. Así, señala, “eso exige la participación de los ayuntamientos en la gestión de las inversiones y la prestación de los servicios públicos”.
Según los ayuntamientos, el Plan de Inversiones deberá ser elaborado conjuntamente con los ayuntamientos, de manera que los importes asignados y su distribución municipal se rijan por un principio de transparencia y de acuerdo con los parámetros objetivos contemplados en la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal.
Así, los consistorios propondrán las obras y servicios específicos de cada municipio con el fin de garantizar su “idoneidad y eficiencia” para la población desempleada. Para el Plan de Emergencia Social también se piden otros 1,5 millones de euros.