Asegura que “se han seguido todos los instrumentos de la Ley” y “parece que la prueba que tiene ahora la Sala es definitiva”
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró hoy que “el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer” y “se han seguido todos los instrumentos y previsiones establecidas en la ley” para determinar la edad del pirata detenido por el secuestro del 'Alakrana'.
En rueda de prensa en la capital grancanaria tras la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno regional, el ministro subrayó que la persona arrestada “nunca ha estado en libertad, sino siempre bajo el control de las fuerzas de seguridad y bajo las medidas cautelares correspondientes”.
Caamaño recordó que se produjo “un delito real contra un barco español y ciudadanos españoles fuera del territorio español”, algo que, en su opinión, “no es un caso de jurisdicción universal, sino intereses y ciudadanos españoles víctimas de un delito y por tanto de aplicación extraterritorial de la ley penal”.
“LOS TÉCNICOS NO SON INFALIBLES”
Añadió que como consecuencia de los hechos las fuerzas armadas capturaron a dos de los secuestradores y fueron traídos ante las autoridades judiciales de España, de tal forma que los jueces, “en el ejercicio independiente de sus funciones, han pedido pericias para determinar la edad de esta persona y han tenido pericias distintas porque los técnicos tampoco son infalibles y tienen visiones de las cosas distintas”.
En este sentido, manifestó que “unos forenses han establecido una edad determinada, lo que ha hecho que tenga que ir a la jurisdicción de menores siempre bajo vigilancia y ahora lo que se va a decidir, a la vista de los nuevos informes, es ya por la Sala de lo Penal de la Audiencia, que es la competente para estas causas, cuál es la jurisdicción específica una vez que se han obtenido esas pruebas”.
Caamaño admitió comprender que “todo este proceso puede desorientar a la opinión pública”, pero incidió en “se han seguido todos los instrumentos y previsiones establecidas en la ley”. Igualmente, reiteró que “no siempre los técnicos tienen la precisión en cuestiones tan delicadas como ésta para poder decir al cien por cien cuál es la edad de una persona que no dice qué años tiene”.
“Parece que la prueba que tiene ahora la Sala es definitiva y muy fuerte en su rigor” para resolver el caso, apostilló el ministro, que hizo especial hincapié en que “el problema es que era una edad muy límite al parecer” y “lo que han hecho los jueces es cumplir lo que la ley les exige que es pedir a los que saben que determinen cuál es la edad”.
“No es sólo un vaivén de la Audiencia, sino que hay criterios médicos y científicos distintos porque a veces hay asuntos que son más complejos que otros. Si desde el primer informe no hubiese dudas sobre la mayor o menor edad de esta persona no habría tampoco movimientos distintos dentro de la Audiencia Nacional”, sentenció.