El Cabildo de Lanzarote ha respondido con un comunicado al que emitió este miércoles la Fundación César Manrique (FCM) difundiendo el contenido de un dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández sobre la propuesta del Cabildo para la normalización de los establecimientos turísticos alojativos ilegales.
En dicho comunicado, el Cabildo considera que la FCM “intenta abrir una polémica sin sentido cuando asegura que la desviación de poder se produce para apartarse de los términos de una resolución judicial y eludir su cumplimiento”. Dice el Cabildo que su solución establece que “el proceso de regularización en los casos en que sea posible, se hará obligatoria y necesariamente desde el máximo respeto a las sentencias y de la mano de los jueces, a los efectos de su supervisión y control sobre la efectiva ejecución de sus sentencias y que ”en los casos en que no fuera posible resolver en el sentido de la legalización, no se descarta la demolición total o parcial de los establecimientos“.
Destaca la primera institución insular que “ni la iniciativa en la búsqueda de soluciones al problema ni la determinación o pronunciamiento acerca de la legalidad de la misma corresponden a la FCM” y que la iniciativa debe recaer “en las instituciones a las que legítimamente corresponde hacerlo en democracia y en un Estado de Derecho y que, en Canarias, son los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias; y la legalidad de la misma, como indica el dictamen de Luciano Parejo, corresponde establecerla a los tribunales de Justicia y, en ningún caso, a la FCM por más que sea una de las partes personada en los procesos”
Asegura el Cabildo que en ningún momento ha hablado de la impunidad o amnistía que la FCM pretende atribuir a su iniciativa y que, sin embargo, ha expresado “en todo momento justamente todo lo contrario”. Recuerda que el acuerdo plenario consistía en remitir a los tribunales las dos iniciativas de legalización de los hoteles. “No obstante, y desde el máximo respeto a las consideraciones de opiniones jurídicas divergentes, el Cabildo sigue confiando en que la FCM será consecuente con la mano tendida que ofrece en la resolución de este problema”, señala el Cabildo.
Paradojas
El Cabildo dedica dos párrafos a explicar lo que considera una paradoja en la postura de la FCM. Asegura que es paradójico que respaldara lo que pretendió ser una iniciativa legislativa que tenía por objeto el establecimiento de un procedimiento extraordinario para la legalización de la oferta de alojamiento turístico en situación irregular y ahora anuncie que “con arreglo a la actual ordenación, se asume y se parte de la base de que las actuaciones ejecutadas resultan sencillamente ilegalizables”. También dicen que el dictamen encargado por el propio Cabildo “ya estableció respecto a la mal llamada iniciativa legislativa apoyada y respaldada por la FCM, es decir, sobre la conveniencia de hacer una ley nueva, que el simple recurso a tal opción, suscita la apariencia de defraudación de la ejecución de los fallos”.