La Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria fraccionó los contratos de acondicionamiento de la carretera que une San Mateo y Teror (GC-42), por valor de 500.502,77 ?, en 11 trozos adjudicados de forma directa a otras tantas empresas, de tal manera que esquivó el concurso público.
El Interventor General de la institución informó desfavorablemente y recordó, en el documento , que el límite de los contratos menores de obras está en cincuenta mil euros, por lo que formuló un “reparo suspensivo” bloqueando el pago.
Por su parte, el Viceportavoz socialista en el Cabildo Insular, Augusto Hidalgo, ha avanzado que va a interesarse por este asunto en la primera Comisión de Pleno de Infraestructuras, que se celebrará en septiembre.
En este sentido, sí avanzó que “resulta insólito que dos semanas después de ser rechazada en el Pleno una moción socialista que pretendía un reparto justo y lo menos discrecional posible de los contratos menores de estudios y proyectos ejecutados por esta institución, nos enteremos ahora que están troceando los contratos que por obligación deben pasar por un trámite de concurrencia competitiva para ser adjudicados. Nosotros intentando que se eviten suspicacias con los millones de euros adjudicados de forma directa por este Cabildo y van ellos y lo empeoran. Llueve sobre mojado en la Consejería de Obras Públicas, convierten los contratos grandes en múltiples contratos pequeños, saltándose la ley y adjudicándolos de forma directa”.
Hidalgo añadió que “esperamos que las explicaciones dadas en la Comisión de Pleno sean más convincentes que en el informe del Servicio para levantar el reparo. Porque argumentar, como hacen, que las obras tienen objetos distintos al distribuirse por 14 kilómetros del mismo muro suena a broma. Lo insólito sería que se hubieran hecho 11 contratos para un mismo tramo de muro. Obviamente, lo que se hizo fue hacer 11 contratos para 11 tramos distintos, pero del mismo muro y, encima, muchos adjudicados el mismo día o con un día de diferencia. Es evidente que se trata de un mismo objeto, aunque se tratara de empresas distintas, y debería haberse hecho un procedimiento negociado con publicidad al superar los 200.000 ? y tratarse de proyectos de obras”.
“De hecho, el único argumento que compartimos plenamente del levantamiento del reparo por parte del Presidente es el de la existencia de enriquecimiento injusto por parte de la administración. Dado que las obras ya se han realizado y las empresas deben cobrar. Pero creemos que la diligencia y la rapidez en la gestión de los recursos públicos no puede estar reñida con el cumplimiento de la ley, en especial cuando de lo que se trata es de garantizar la libre concurrencia en la adjudicación de contratos públicos. Y que se adjudique a dedo a empresas distintas no sirve de escusa en este caso, máxime cuando rechazaron darle transparencia a la adjudicación de contratos menores hace dos semanas en Pleno”, finalizó Hidalgo.