LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha exigido al presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, “que no manipule a las personas con discapacidad porque no está legitimado para opinar sobre este asunto, dado que Canarias está a la cola del Estado en la atención a las personas dependientes por méritos propios hechos por el incompetente Ejecutivo que dirige”.
Según informó la Corporación insular en un comunicado, en el caso de las protestas de las organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a atender a estas personas “hay una contradicción muy clara”. “Y es que mientras que el Cabildo ha solicitado tener una reunión conjunta a tres bandas (Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y organizaciones) para plantear los problemas y buscar las soluciones, el Ejecutivo canario, a través de su consejera, Inés Rojas, se ha negado a mantener el encuentro que la institución insular solicitó el pasado 15 de febrero”, apuntó.
Quevedo mostró así su “gran indignación” ante las declaraciones del presidente canario que responsabilizó al Cabildo de Gran Canaria de la deuda que reclaman las organizaciones no gubernamentales que atienden a personas con discapacidad en esta isla cuando “de una lectura sencilla del presupuesto autonómico para el año 2010 se deduce con claridad cuáles son los incumplimientos del Gobierno canario”.
“Espero que el periodo de precampaña electoral no sea lo que ha motivado estas declaraciones de Rivero”, indicó el consejero de Política Social y le advirtió que “el Cabildo de Gran Canaria no va a permitir que siga maltratando las políticas sociosanitarias ni que ande ocultando la verdad y manipulando a las personas que peor lo pasan para rascar votos”.
Asimismo, añadió que con la negativa de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico a celebrar ese encuentro “están demostrando su culpabilidad respecto a los incumplimientos de los acuerdos económicos que se han repetido durante toda la legislatura y que han sido denunciados por otros cabildos y ayuntamientos del archipiélago”.
Finalmente, el consejero advirtió que no van “a cejar en el empeño” y que se han visto obligados a acudir a los tribunales para exigir que cumplan con sus responsabilidades económicas y lo volverán a hacer para defender los intereses de las personas afectadas y los de la isla de Gran Canaria.