Canarias estudia recurrir las reválidas de la ESO y Bachillerato
Las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha han manifestado su rechazo al real decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato de la LOMCE, conocidas como reválidas, y han pedido al ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.
Además, Cataluña ya ha anunciado que va a recurrir el decreto y, de momento, Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón estudian esta posibilidad.
Esas autonomías junto con País Vasco, Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, y Cantabria, es decir, todas, excepto las gobernadas por el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia y La Rioja) manifestaron el pasado 13 de mayo al ministro, en la última sectorial, su oposición a este sistema de evaluación cuya superación está ligada a la obtención del título en ambas etapas y modifica el sistema de acceso a la Universidad.
El primero en pedir la reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Educación ha sido el consejero balear Martí March este lunes 1 de agosto. En una misiva enviada al ministro le recuerda la “preocupación” mostrada por la mayoría de los responsables autonómicos del ramo en relación con estas evaluaciones en el último encuentro de mediados de mayo y la petición de apertura de una mesa de diálogo.
“Lejos de mejorar la calidad del sistema, lo que harán estas evaluaciones es incrementar el número de alumnos sin titulación puesto que no ofrecen alternativas a los alumnos que no las aprueban”, advierte el responsable de Educación balear en esta carta.
En la misma línea, el consejero asturiano Genaro Alonso exigió también este lunes la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial para debatir con el ministro el nuevo decreto. “Ni las queremos, ni benefician a nadie, ni nos hacen falta”, subrayó, para añadir que no esperaba que un Gobierno en funciones fuera a dar ese paso, toda vez que las reválidas son, a su juicio, “el elemento más contestado y más perverso de la LOMCE”. “Yo sigo confiando ingenuamente en que no las lleguemos a aplicar”, añadió.
Canarias pedirá formalmente reunión con el ministro
Este martes se han unido a la causa más autonomías. Así, desde la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno Canario han indicado que mantienen el rechazo a las reválidas de la LOMCE y señalan que su consejera, Soledad Monzón, va a pedir también de manera formal una reunión entre los responsables autonómicos y el ministro. Además, las mismas fuentes han avanzado que los servicios jurídicos de esta administración estudian la interposición de un recurso como en su día hizo con la evaluación de 6º de Primaria.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha informado de que ha solicitado a Méndez de Vigo la convocatoria urgente de la Sectorial de Educación y de que está valorando la posibilidad de presentar un recurso ante la publicación de la norma. En concreto, ha subrayado que estas pruebas “condicionan el futuro quienes no aprueben estos exámenes”, a pesar de haber aprobado los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato.
Por su parte, la responsable de Educación de Aragón, Mayte Pérez, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de interponer una demanda ante el Tribunal Supremo contra el decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, como hizo en su día con el de la 'reválida' de Primaria. “Es una irresponsabilidad que un Gobierno en funciones apruebe una norma que tiene una trascendencia vital para la evolución de muchos alumnos”, ha dicho Pérez, que ha firmado también una carta pidiendo al ministro la convocatoria urgente de la Conferencia.
Asimismo, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho este martes que la “mejor forma de frenar” las reválidas de ESO y el Bachillerato de la LOMCE es con la convocatoria urgente de una reunión sectorial de Educación para que el titular de Educación “dé marcha atrás, rectifique y evite que los niños vean vetado su acceso a la universidad pública”.
