La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que prepara la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias contempla la creación de una plaza de libre designación de Jefe de Área de Pesca, dentro de la categoría más alta en la escala salarial de los funcionarios (3.611 euros brutos al mes sin antigüedad), que estará ocupada por un ingeniero naval que se encargará de coordinar desde Santa Cruz de Tenerife las tres jefaturas de servicio de la Viceconsejería de Pesca y Aguas, radicada en Las Palmas de Gran Canaria.
Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Canarias no tiene personal propio con la especialidad requerida para este puesto. El sindicato Cobas ha denunciado que la Jefatura de Área de Pesca es un traje a medida para V.G.G., un funcionario de carrera de la Administración central que llegó al Gobierno regional en comisión de servicio para ocupar una plaza como Jefe de Área de Aguas, pero que actualmente ejerce como Jefe del Servicio de Inspección Pesquera en atribución temporal de funciones.
Este funcionario, que era inspector de Seguridad Marítima en la Capitanía Marítima de Tenerife, es el único ingeniero naval que trabaja en la actualidad para el Gobierno de Canarias, a pesar de que el puesto que ocupa está reservado, según la relación de plazas en vigor, para un ingeniero de Caminos, Puertos y Canales. Por esta razón, Cobas sostiene que su nombramiento en comisión de servicio ya fue “nulo de pleno derecho”. El sindicato incide en que las competencias de un ingeniero naval (diseño, planificación, proyecto y construcción de buques y otros materiales flotantes) no guardan relación con las del Jefe de Área de Aguas (dirección, coordinación y control de obras hidráulicas).
A lo largo de las negociaciones para la elaboración de la nueva RPT, han sido varios los intentos de la Consejería para encajar en esta relación el perfil de ingeniero naval, como consta en las diferentes propuestas que ha presentado ante la Dirección General de la Función Pública.
El área que dirige Juan Ramón Hernández planteó en julio de 2012 la modificación de la plaza de Jefe de Servicio de Inspección Pesquera (la misma que ocupa V.G.G. ahora y entonces vacante por jubilación) para abrirla a los ingenieros navales e incluir nuevas competencias, como la referida a “la ingeniería naval y oceánica aplicada al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola”. Además incluía como méritos la experiencia de dos años en la inspección y el mantenimiento de buques, de otros dos en la redacción de planes relacionados con la explotación portuaria y la titulación de técnico en prevención de riesgos laborales.
En su respuesta, la Dirección General de la Función Pública pidió a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas que reconsiderara esta opción, ya que no veía justificado el cambio ni que se permitiera acceder al cargo a un funcionario de cualquier administración. La Consejería contestó con otra propuesta: la supresión del puesto de Jefe de Proyectos del Área de Aguas y la creación en su lugar de la plaza de Jefe de Desarrollo Tecnológico Pesquero y Acuícola, para el que solicitaba la especialidad de ingeniería naval o industrial. Esta alternativa tampoco cuajó, ya que el puesto que quería suprimir se encontraba ocupado.
Finalmente, en mayo de este año se plantea la opción de la Jefatura de Agua de Pesca, limitada al perfil de ingeniero naval, con sede en Santa Cruz de Tenerife y provista mediante el sistema de libre designación por “la gran responsabilidad directiva y técnica” en materia pesquera. El viceconsejero de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Manuel Soto, defiende la creación de esta figura intermedia entre su cargo y los jefes de servicio para “coordinar los servicios de Pesca” tras la eliminación de las direcciones generales en el proceso de reestructuración que acometió su área el pasado año.
“Lo único que hemos hecho es intentar adaptar la RPT a la realidad, a la situación actual de los centros directivos de la Viceconsejería, con un cargo que sirva para que la estructura sea más piramidal, ya que hasta ahora todas las jefaturas de servicio colgaban de la Viceconsejería y nos hemos dado cuenta que esta estructura horizontal no estaba funcionando”, ha manifestado Soto a este periódico.
El viceconsejero ha justificado el empeño en incorporar el perfil de ingeniero naval a la relación de plazas en “la necesidad de presentar peritajes de especialistas en este ámbito para ver si se cumplen los requisitos en las subvenciones que llegan de la Unión Europea para la construcción o reparación de buques, para equipamientos o para acuicultura”.
Según Soto, el Gobierno de Canarias ha tenido que recurrir en ocasiones a profesionales externos para realizar esta labor. “Intentamos reponer una deficiencia histórica”, ha señalado el alto cargo del Gobierno regional, que ha defendido la labor de V.G.G. En la Jefatura del Servicio de Inspección Pesquera y ha precisado que este funcionario puede optar al puesto de nueva creación “como cualquier otro”.
El sindicato Cobas, sin embargo, explica que la Consejería ha señalado en la Mesa de Negociación que esta plaza está vinculada a la próxima firma de un convenio con el Ministerio de Fomento para el desguace de barcos, justificación que rechaza: “Primero, las competencias son del Estado, de Capitanía Marítima; segundo, aquí no se desguazan barcos, se envían a la Península; tercero, el convenio, que aún no existe, será de colaboración administrativa, y cuarto, y no menos importante, si así fuera, ¿se necesita un jefe de área o un técnico?”
María Concepción Monzón, delegada de Cobas en la Junta de Personal del Gobierno de Canarias, ha anunciado que, en caso de publicarse la RPT en los términos planteados por la Consejería, el sindicato acudirá a los tribunales para presentar un recurso contencioso-administrativo. “De momento, estamos intentando que haya coherencia en la RPT, que no se coloque a gente a dedo y que todo el mundo acceda con los mismos derechos y oportunidades”, sentencia.