“Hay que ser cautos y respetar el procedimiento judicial”. Con estas palabras daba respuesta este martes el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, a la pregunta sobre su postura ante el reciente informe emitido por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el que se recoge su nombre y los de otras 17 personas relacionadas con la institución gomera y con varias empresas de la isla.
Curbelo apunta que lo difundido recientemente por el informe ha querido sacarse a la luz como arma política “con tintes de Paulino Rivero y Coalición Canaria”, con vistas a querer perjudicar al Partido Socialista en la Isla de cara a las elecciones de 2011. Según el dirigente gomero, “no es nada que no se supiera ya en 2007, cuando vio la luz la imputación a Javier Trujillo, en plena campaña electoral y que curiosamente vuelve a salir ahora, cuando es año preelectoral”, apuntó.
El citado informe es fruto de la investigación solicitada por la Fiscalía al citado equipo de delitos urbanísticos tras la imputación en 2007 del entonces consejero insular de Política Territorial y Medio Ambiente, Javier Trujillo (PSC), por un presunto delito de prevaricación y de tráfico de influencias, que en su momento surgió a raíz de una denuncia anónima. Casimiro Curbelo sostiene que hay que dejar trabajar a los tribunales ya que se trata, dijo, de “unas acusaciones que tendrán que ser demostradas”.
Pleno polémico
Estas afirmaciones las realizó el presidente del Cabildo tras la finalización de un pleno extraordinario en el que se trataron, en palabras del mismo Curbelo, “dos asuntos importantes para el devenir de La Gomera”. Por un lado, la aprobación de la etapa final del ya aprobado en anteriores sesiones plenarias, Plan Insular de Ordenación de la Gomera (PIOG), teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales, y las correcciones materiales tras los acuerdos pertinentes por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma a través de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac) y de las ponencias técnicas.
El plan quedó aprobado y en vías de que se remita al Gobierno regional para su aprobación definitiva, pero sin unanimidad de las fuerzas políticas ya que tanto Coalición Canaria (CC) como el Centro Canario Nacionalista (CCN) votaron en contra; el portavoz de CC, Eustaquio Dorta, aludió a “no saber qué era lo que se estaba votando exactamente”, lo que originó que tanto el presidente del Cabildo como el secretario tuvieran que explicarle el objeto de la votación que no era otro que dar curso al plan teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales, y las correcciones materiales exigidas por la Cotmac.
“Debate falso”
Casimiro Curbelo acusó a Dorta de querer introducir un “debate falso” por haberse opuesto al PIOG utilizando como excusa su supuesta impropiedad a raíz del informe de la Guardia Civil y de “querer ver problemas donde no los hay”, argumentando que el Plan Insular de Ordenación ya estaba aprobado desde hacía tiempo y que él mismo había votado a favor en las anteriores ocasiones.
Tanto el presidente como el secretario tuvieron que explicarle en reiteradas ocasiones a Eustaquio Dorta que lo que se estaba llevando a votación no era el PIOG en sí mismo, “que ya había sido aprobado en 2007 con el voto favorable de CC y el visto bueno del Gobierno canario”, sino la incorporación de las modificaciones al plan.
El otro de los asuntos llevados a pleno y aprobados aunque sin la unanimidad de las fuerzas políticas fue el de el futuro cambio de gestión del servicio público de guaguas, que a partir del 30 de junio pasará de estar gestionado por la empresa privada Servicio Regular S.L, al propio Cabildo mediante una empresa de capital público