UGT y CCOO acusan al Gobierno canario de tratar de comprar su voluntad
El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, ha acusado este jueves al Gobierno de Canarias, en una rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria junto al máximo representante de Comisiones Obreras (CCOO) en el Archipiélago, Juan Jesús Arteaga, de haber tratado de comprar voluntades sindicales mediante la oferta de subvenciones “para que tuviéramos recursos necesarios, a lo cual hemos dicho que no aceptamos, porque nosotros no mercantilizamos derechos”.
Una situación que achaca principalmente a los “intereses particulares en el ámbito partidario” del consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad y miembro del Partido Socialista (PSC), Francisco Hernández Spínola, y que enmarca en la resolución de la Dirección General de la Función Pública, que el pasado 26 de diciembre acabó con la figura del representante sindical en el ámbito de la participación institucional, en aplicación de la reforma laboral del Partido Popular (PP).
En referencia a la mencionada compra de voluntades, Santana precisa que en una reunión celebrada a finales de año, en la que estuvieron presentes los consejeros regionales de Empleo y Economía, Francisca Luengo y Javier González Ortiz, respectivamente, les ofrecieron una resolución que consideró “ilógica y motivo de un proceso contencioso administrativo”. En un segundo encuentro en el que estuvo presente Spínola, continúa, “se nos indujo de forma clara a que dijéramos ya una cantidad [para compensar la pérdida de liberados] y pudiéramos contratar a las personas que quisiéramos a través de excedencias voluntarias o forzosas en el seno de las empresas”, algo a lo que “nosotros nos negamos”.
Como ya había avanzado Canarias Ahora, ambos representantes sindicales dan por liquidado el diálogo social iniciado hace más de 20 años con la Administración regional, a la que denuncian por no haber convocado durante los dos últimos años, los órganos y comisiones de trabajo relacionadas con la concertación social y de haber ultimado una propuesta de Régimen Económico y fiscal (REF) obviando los procesos de negociación que definieron como “meras consultas” o “adhesiones que se pretenden a ciegas”.
Unas relaciones que Arteaga afirma que se pueden recuperar mediante la búsqueda de consenso en el REF y la tramitación de una ley de participación institucional que permita a los sindicatos no estar pendientes de “favores” a modo de subvenciones, que a su juicio podrían tener como contrapartida una pérdida de la independencia de las centrales o que “se nos conciba como cómplices de las medidas que adopten los gobiernos de turno”. “Por ahí no vamos a pasar”, apostilla.
“No es una pataleta”
Aunque reconoce ser uno de los afectados, Arteaga asegura que el anuncio de ruptura del diálogo social no se trata de una “pataleta” por la disminución de liberados sindicales que supone la resolución de Función Pública, algo que según añade “se veía venir”. De esta forma, advierte de que el funcionamiento del Consejo Económico y Social se va a ver “bloqueado”.
Preguntado por la reacción de otras centrales sindicales al respecto y los motivos por los que es necesario mantener el número de delegados institucionales, que llegaron a sumar 50 entre los dos sindicatos, teniendo en cuenta que la reforma introducida por el PP en 2012 solo permite liberar a “aquellos que legalmente les corresponda, dejando sin efecto cualquier acuerdo o pacto anterior”, Santana responde que “esto es una cuestión que, para algunos, entra en el ámbito de la interpretación jurídica, pero en realidad es una cuestión de voluntad política”.
Al respecto, insistió en diferenciar a los liberados sindicales en empresas públicas, de los institucionales, cuyo ámbito de actuación se encuentra incluido en la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical y se otorga a las centrales más representativas de los trabajadores en la autonomía, que fijó como CCOO y UGT, al ser las únicas con capacidad para convocar una huelga general en Canarias.
El secretario general de UGT hace alusión a la importancia de los acuerdos alcanzados por más de 70 mesas de trabajo y lamenta que algunos, como la ley de participación ciudadana, sigan guardados en un cajón de la Administración canaria. Asimismo, manifiesta que “aquí ha habido una estrategia predefinida por quien, por un interés muy personal y partidista ha llevado a un callejón sin salida a todo el Consejo de Gobierno”, con la intención de “satisfacer” a sindicatos en el ámbito del sector público y “buscar cierta paz social en su sector. Es decir, confía más en un modelo sectorial de relaciones laborales, que en un modelo de discusión general en pro de los intereses generales y para eso dilapida un proceso de concertación social”.
Respecto al número de liberados institucionales, afirma que ya se había reducido con anterioridad por motivos económicos que no se pueden aludir en el presente caso, porque “a nosotros se nos ofrece una subvención que equipare la pérdida que según ellos hemos tenido en base a nuestros derechos”.
Consenso en el REF o huelga
En referencia a la convocatoria de una huelga general en Canarias, Santana dice ser consciente de que es un tema que “ha molestado” y afirma que “sigue vivo”, mientras que Arteaga añade que la posibilidad se encuentra vinculada a la puesta en marcha de la campaña informativa 'Por un REF social', en el que los sindicatos tratarán de trasladar a la sociedad canaria la importancia de esta ley fundamental para la economía del Archipiélago.
Arteaga avanza las “líneas rojas” relacionadas con la revisión de las medidas fiscales del REF que CCOO y UGT rechazarán el 30 de enero, fecha en que el Gobierno canario dará a conocer sus intenciones sobre un documento que de momento no se ha entregado a los representantes de los trabajadores.
En este apartado, apuesta por el establecimiento de unas garantías que contribuyan a crear empleo de calidad y cambiar el modelo energético de las Islas, con el consiguiente impulso a las renovables; incrementar el seguimiento de las deducciones fiscales, para comprobar si contribuyen a incrementar los puestos de trabajo; no aplicar nuevas bonificaciones empresariales a la Seguridad Social que “benefician” únicamente a las entidades; que las inversiones de la RIC no se puedan materializar fuera de las Islas; y que el REF cuente con un anclaje constitucional, lo que supondría la modificación del Estatuto de Autonomía.
