La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (CE) decidió este jueves cerrar su investigación sobre el Plan Parcial de Cabo Blanco-Buzanada (Tenerife) tras consultar a la Comisión Europea (CE) que, por el momento, no ha apreciado ninguna irregularidad.
Los eurodiputados, con 12 votos a favor y 5 en contra, decidieron archivar el expediente que se abrió en enero de 2007 tras una denuncia del grupo socialista en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife).
El PSOE local cuestionaba en su queja ante la Eurocámara la “viabilidad medioambiental y social” del plan de ordenación y pedía a la Unión Europea que investigase la situación.
Este jueves, el concejal socialista José Antonio Reverón denunció ante los eurodiputados el carácter “especulativo” del plan que, a su juicio, tiene como único objetivo “hacer una gran ciudad en Arona”.
Reverón recordó que de llevarse a la realidad, la iniciativa “multiplicaría por diez” la población del área y subrayó que, desde que se dio a conocer, el plan ya ha recibido más de 6.000 alegaciones de los ciudadanos.
Además, el edil aseguró que las autoridades locales han violado las directivas sobre participación ciudadana en este tipo de proyectos y sobre contratación pública, tras adjudicar la gestión del plan a la sociedad Cabogest.
Según Reverón, esta empresa “obliga a los actuales propietarios a sumarse a un proceso que escapa de su control” y, aseguró, se ha apropiado indebidamente de algunas parcelas, lo que llevó a sus dueños a recurrir a la justicia para recuperar su titularidad.
Por su parte, la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, María del Pino de León, afirmó que las autoridades locales están siguiendo las directivas europeas aplicables en este asunto y están preparando un informe medioambiental sobre el plan que se publicará para garantizar la participación ciudadana.
La consejera insistió además en que el plan aún está en proceso de aprobación y que no existe ninguna vulneración de la legislación comunitaria, tal y como aseguran los socialistas.
Mientras, José María Ramos, en nombre de la CE, institución que ha analizado el caso, señaló que por el momento no puede verse ninguna infracción en la tramitación medioambiental del plan.
El eurodiputado español David Hammerstein (Los Verdes) reclamó, sin embargo, más información sobre la concesión efectuada a Cabogest y aseguró que hay indicios de que no se ha aplicado la directiva europea de contratación pública.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Martin Libicki, propuso el cierre del caso y anunció que escribirá una carta a todas las partes interesadas con las dudas expresadas por algunos parlamentarios.
Libicki defendió que, en caso de que aparezcan nuevos elementos, la Eurocámara pueda reabrir el expediente en el futuro.