Clavijo genera alarma con las obras de la carretera de La Aldea, en medio de su conflicto con el Estado por el superávit

Las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea continúan retrasándose a pesar de las promesas del Gobierno de Canarias. Este lunes, el presidente, Fernando Clavijo, abría un nuevo frente con el Ejecutivo estatal, al advertir de que su cálculo sobre el superávit pone en riesgo la ejecución de esta vía, así como otras de interés para Gran Canaria, como la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente regional ha realizado estas afirmaciones a pesar de que su Ejecutivo solo ha sido capaz de certificar 24 millones de euros en obras viarias el pasado año, de un total de 200 millones. Tras numerosas promesas, la adjudicación de las obras de las carretera de La Aldea llegaba el mes de febrero, después de que a finales del año pasado se firmara el ansiado convenio con el Estado.

Según recoge la agencia Efe, el Gobierno de CC insiste en que el Estado ha computado como superávit los fondos que debe a Canarias por las sentencias del convenio de carreteras. Por ello, Clavijo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este martes reunirá a su Consejo Asesor y a los portavoces parlamentarios para evaluar las acciones a emprender ante lo que considera “un castigo injusto a los canarios”.

El presidente ha presumido de que “el pueblo canario” ha aceptado las reglas del equilibrio presupuestario y ha asumido recortes pese a vivir en la comunidad menos endeudada por habitante de España, “no se merece” lo que la Administración central está haciendo al obligar al Gobierno que preside a “devolver a los bancos” dinero que debía destinarse a cubrir necesidades básicas de las islas.

Clavijo insistió en que, mientras que la Administración regional estima en 300 millones de euros el superávit generado por la comunidad autónoma en 2018, “no porque no se haya ejecutado el presupuesto, sino porque los ingresos han ido a más y la regla de gasto impide gastarlos”, el Estado lo cifra en 947 millones.

Sin embargo, estas cifras contrastan con los cálculos avanzados en la web de la Consejería de Hacienda, hay 500 millones de euros del ejercicio de 2018 que corresponden a “no ejecución presupuestaria”. A lo que se le suma los 283 millones que se dejaron de gastar en 2017 y que se podían haber destinado a inversiones financieramente sostenibles en 2018.

A juicio de CC, el Ministerio de Hacienda eleva el superávit canario porque computa como tal los 146 millones transferidos a finales de 2018 con partidas de ese ejercicio que se ejecutaban en 2019 y otros 500 millones, más intereses, de las sentencias por los incumplimientos del convenio de carreteras dictadas por el Tribunal Supremo, que estipuló que se adeuda a Canarias por este concepto 945 millones.

“El Estado no nos reconoce esos 945 millones de euros, sino las obras que nosotros hicimos con dinero propio más los intereses y lo deja en 500 millones, dando por oficial que les quita 445 millones de euros a los canarios de sus infraestructuras”, ha aseverado. Clavijo ha criticado además que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado a Canarias ni un solo informe de la Abogacía del Estado que avale este proceder, tal y como ha solicitado la Administración regional.

El presidente canario ha advertido de que esta forma de computar el superávit de las islas tendrá consecuencias, como el hecho de que no se puedan crear los 18.000 empleos que se podrían promover con esos 947 millones de superávit.

Además de las previsibles “tensiones de liquidez”, otro “problema” para Canarias relacionado con este proceder “unilateral del Estado” será que “las obras viarias que no se ejecutaron en su momento no se van a poder ejecutar” con partidas del convenio de carreteras, ya que el nuevo incluye otros proyectos diferentes, ha avisado Clavijo.

El presidente ha precisado, no obstante, que esas obras de carreteras del convenio anterior, entre las que también se incluyen el anillo insular de Tenerife, el denominado eje norte-sur y la circunvalación de La Palma, sí se podrían acometer con fondos propios de la comunidad canaria.

“Esa posibilidad siempre existe, pero no es una posibilidad que nosotros queramos explorar porque significa tener que devolver un dinero a los bancos y quitarlo de otro servicio, a lo mejor más prioritario”, ha referido.

Aunque no ha querido adelantar las medidas que pueda acordar este martes con su Consejo Asesor y con los portavoces parlamentarios, Clavijo ha asegurado que el Gobierno que preside “va a articular todos los medios políticos, jurídicos y mediáticos para impedir que se siga atropellando a este pueblo simple y llanamente porque no le rendimos pleitesía al Gobierno de España y reclamamos lo que está en la Ley de Presupuestos de 2018”.

A su juicio, “no es que sea grave, es que es absolutamente injusto con el pueblo canario que se le trate de hurtar los recursos económicos que se generan en esta tierra para, quizás, a lo mejor, desviarlo a otras comunidades autónomas como Cataluña o Valencia, que no han cumplido con ninguno de los criterios” de estabilidad presupuestaria.

Clavijo sostiene que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando además la regla de gasto para que el superávit que generan las comunidades autónomas más saneadas sirva para “enjuagar” la cifra de déficit global del Estado. Unas declaraciones que hace a pesar de que su Ejecutivo solo ejecutó 12 millones de euros en inversiones que podría haber realizado con el superávit del año anterior.